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Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

La policía detiene 12 horas al líder del PP de Alicante por presunta corrupción

Junto al presidente de la Diputación fueron arrestados tres ediles y siete empresarios, y hechos 19 registros en Alicante, Valencia

La presunta trama de corrupción político-empresarial de la Vega Baja (sur de Alicante) vinculada con la adjudicación de las basuras arrojó ayer 11 detenidos. El arrestado de mayor calado fue José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante y, a su vez, titular de la Diputación provincial. Ripoll quedó en libertad con cargos a últimas horas de la tarde, tras declarar en la comisaría de Alicante. Junto a Ripoll, los agentes arrestaron a otras 10 personas, entre ellas tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios. La policía, según los casos, les acusa de cohecho, tráfico de influencias, prevariación, fraude y encubrimiento, según una nota oficial del Ministerio del Interior. La investigación sigue abierta, según la nota, y los detenidos tendrán que comparecer ante la juez del caso, en Orihuela, los próximos días. Durante la operación, los agentes realizaron 19 registros en Alicante, Orihuela y Valencia.

La policía realizó ocho registros, entre ellos el del chalé de Ripoll

Ripoll permaneció arrestado desde primeras horas de la mañana, cuando la policía llegó a su domicilio (un chalé en las afueras de Alicante) para realizar un registro. El dirigente del PP fue conducido luego hasta la Diputación, donde los agentes completaron la inspección en marcha de las dependencias de la institución provincial.

Fuentes del caso apuntan también que el objetivo primero de la intervención en el domicilio del presidente del PP provincial era la búsqueda de pruebas relacionadas con un supuesto soborno. Los agentes revisaron el patrimonio del dirigente popular. A la salida de la comisaría, los abogados de Ripoll señalaron que la policía no se ha incautado de "dinero en metálico".

La detención de Ripoll se enmarcó en la denominada operación Brugal, que investiga supuestos casos de soborno y extorsión y tráfico de influencias en la Vega Baja, relacionados con adjudicaciones públicas. Según fuentes jurídicas del caso, Ripoll está implicado en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de basuras de esa comarca. Este sumario se abrió en mayo de 2007 y desde entonces ha estado bajo secreto.

En Alicante, junto al líder de los populares alicantinos -máximo oponente dentro del partido a las tesis del presidente regional, Francisco Camps-, los agentes arrestaron a otras seis personas: a Enrique Ortiz, contratista y empresario de la construcción; a Ángel Fenoll, empresario afín al PP, del sector de las basuras; al hijo de este, Antonio Ángel Fenoll, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, los también populares Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez.

Los tres ediles oriolanos también quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados por la policía. Al cierre de esta edición, la policía no había concluido la toma de declaración a Ángel Fenoll y su Hijo. En cuanto al empresario Ortiz, ni tan siquiera había llegado a la comisaría, ya que el contratista aún se encontraba con los agentes en registro de las oficinas de la sede de su grupo empresarial.

En paralelo a los arrestos, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial efectuaron ocho registros desde primeras horas de la mañana solo en la provincia de Alicante. La policía revisó el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Alicante y los domicilios de Ripoll, del empresario Ortiz y del industrial Fenoll. Los registros se completaron con inspecciones en la sede central del grupo de Ortiz, en el despacho de un empleado de la firma de limpieza Inusa, ubicada en un polígono industrial de la ciudad y de la que también es dueño el promotor, y en la sede de la empresa de Fenoll.

La investigación judicial para esclarecer la supuesta trama de corrupción político-empresarial en la Vega Baja se remonta a marzo de 2006, cuando Fenoll denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, un supuesto cohecho por la contrata de la basura de Orihuela. Un año después de recibir la grabación, el fiscal, en coordinación con la titular del juzgado número 3 de Orihuela, puso en marcha la denominada operación Brugal. El 2 de mayo de 2007, los agentes arrestaron al industrial denunciante del supuesto cohecho de la basura de Orihuela y a su cúpula empresarial (entre ellos, su dos hijos, su hermano, el gerente de la empresa, Javier Bru, concejal del PP de Albatera, y un detective privado).

Con motivo de estas detenciones, los agentes de la UDEF también se incautaron de decenas de grabaciones de Fenoll. Una de las cintas revelaba un supuesto soborno por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal XVII (correspondiente a la comarca de la Vega Baja). Esta adjudicación dependía directamente de la Diputación de Alicante. Tras saltar a la opinión pública la posible implicación del citado plan zonal en el caso Brugal, Ripoll paralizó el proceso de adjudicación. Medio año después, en enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó el concurso a una UTE integrada por la firma Cespa y una de las empresas de Enrique Ortiz. La planta no está aún construida y se prevé levantar en una finca propiedad de Fenoll, en la partida oriolana de Torremendo.

Con información de Artur Balaguer.

Catarata de acusados

- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un delito de cohecho pasivo impropio. A Camps y a otros tres ex altos cargos del PP se les acusa de haber recibido trajes regalados por las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel y valorados en varios miles de euros. El TSJ archivó la causa y el Supremo obligó el pasado mes de mayo, por unanimidad, a reabrirla.

- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps hasta su defenestración política en octubre pasado está imputado en la misma causa que Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, por un delito de cohecho pasivo impropio. El ex secretario regional del PP y ex portavoz en las Cortes podría ver complicada su situación procesal tras la decisión del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, de inhibirse en favor de Valencia de la mayor parte de la instrucción del caso Gürtel relacionada con la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de delito en varios cargos aforados del PP valenciano, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral. El auto cita al actual vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra; y a la tesorera, Yolanda García.

- Carlos Fabra. El todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial está a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El proceso, que se abrió hace seis años, se acerca a su tramo final. Según la Agencia Tributaria, entre 1999 y 2004 Fabra y su mujer ingresaron 8 millones de euros de los que 3,6 millones correspondieron a ganancias no justificadas.

- José Joaquín Ripoll. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial se convirtió ayer en el primer alto cargo popular en la Comunidad Valenciana detenido por la policía. La detención está relacionada con su actuación como presidente de los consorcios encargados de adjudicar el servicio de tratamiento y eliminación de la basura.

- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes recibió un regalo de la trama Gürtel que, según la fiscalía, pudo suponer un delito de cohecho que estaría ya prescrito. La policía quiere ahora tomar declaración a Martínez por la adjudicación de contratos a la trama corrupta en 2005 cuando era consejera de Turismo.

- Vicent Aparici. La fiscalía pide siete años por un presunto delito de prevaricación medioambiental y contra los recursos naturales para el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón. Los hechos datan de 1998. Aparici era alcalde de La Vall d'Uixó y autorizó al empresario que hacía la recogida y tratamiento de residuos a depositarlos en un vertedero ilegal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2010

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