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Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

Interior asegura que las detenciones de Alicante "son perfectamente legales"

El ministerio rechaza la denuncia del PP de que actuó sin supervisión judicial.- El TSJ valenciano aclara que los registros tenían permiso y que los agentes pueden citar a un investigado para que acuda al juzgado

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las acusaciones del PP sobre la operación desarrollada ayer en Alicante y que se saldó con 11 detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll. Tras las dudas lanzadas sobre la actuación policial por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha acusado esta mañana a Interior de suplantar la función del juez, el ministerio ha asegurado que las detenciones "son perfectamente legales" y que los registros realizados ayer en diversas instituciones y empresas de Alicante y Orihuela relacionadas con un supuesto caso de corrupción, se hicieron con autorización judicial, lo que "evidencia" que es un juez quien dirige la operación.

El PP ha rechazado esta mañana entrar en el fondo del escándalo por las detenciones practicadas por la policía ayer en Alicante, pero sí ha mostrado su indignación por el momento y la forma de realizarlas. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de haber puesto en marcha la operación sin tener autorización del juez, aunque ha obviado, por ejemplo, que los arrestos habían sido ordenados por la Fiscalía Anticorrupción.

"Las detenciones de ayer fueron confusas, están rodeadas de misterio y echan tufo de detención publicitaria y política para echar una mano a Zapatero ante su debate sobre el estado de la nación más difícil", ha insistido el dirigente popular durante una comparecencia ante la prensa, en la que acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al departamento que dirige de conculcar derechos fundamentales. González Pons llegó a decir que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo".

González Pons ha añadido que "la policía mintió" y que "no había ni pruebas ni orden judicial para las detenciones, que", ha dicho, "se decidieron desde Madrid". "Alguien está suplantando la función de alguien de forma gravísima", ha acusado.

Fuentes de Interior citadas por Europa Press subrayan que la Policía Nacional tiene competencias para detener a un sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la autorización expresa del juez que dirige las pesquisas. También han destacado que las detenciones practicadas ayer son "perfectamente legales", son "habituales" en este tipo de operaciones y que los registros se realizaron con autorización judicial. Además, otras fuentes del caso indican que las inspecciones de ayer se realizaron en presencia de un secretario judicial.

La polémica en torno a la operación policial, que ya criticó ayer el PP, se ha intensificado a partir de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que afirma que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que lleva el caso, no había ordenado ninguna detención ni había imputado a los arrestados. Según Interior, no hay diferencia de criterio con el TSJ y esa aclaración del juzgado se debe a que en el comunicado enviado anoche por Interior se indica que a los detenidos "se les imputan, según el caso, delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

La nota del TSJ añade, en otro punto que ha causado controversia, que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial" cuando se inició este caso, que está bajo secreto de sumario. El presidente de la Diputación de Alicante, sin embargo, tiene una citación para declarar ante el juez mañana y la ha leído hoy ante los periodistas. Al respecto, Interior indica que el juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

En un segundo comunicado en el que pretende "aclarar" la "confusión", el TSJ insiste en que el juez no ha firmado una citación, pero añade que "la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial". "La Policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa el juez para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que consideren oportunos", explica. El TSJ también indica que esta mañana no tenía comunicación oficial del número de personas detenidas ni las fechas en que podrían comparecer ante el juzgado. No obstante, el comunicado admite que se consultaron los horarios y la disponibilidad del juzgado. Pero solo a media tarde de hoy, "el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto". El TSJ también confirma que el juzgado de Orihuela autorizó las entradas y registros de ayer.

Sereno, pero preocupado

Poco antes de la intervención de González Pons, compareció ante los medios de comunicación el propio Ripoll, que ha dado detalles de su arresto de 12 horas, sereno, aunque con cara de preocupación: "Se presentó en mi domicilio una unidad de policía, y me comunicó que estaba detenido. (...) Me cogieron en mi casa a las ocho de la mañana en pijama, con corrección absoluta, pero ya sabe que en el ámbito familiar estas cosas son distintas. Me hicieron unas 10 o 12 preguntas, y yo las respondí. Se me llevó a comisaría, y se me dio la cédula de citación para ir a declarar ante el juzgado de primera instancia número tres de Orihuela. (...) [Además,] se registró mi domicilio, mi despacho y el de mi secretaria, y se me requirió el plan zonal XVII, de Orihuela".

"Desconozco de qué se me acusa", ha asegurado Ripoll antes de advertir de que sólo iba a "contar lo que se puede contar", porque el caso está bajo secreto sumarial. Mañana debe comparecer ante el juzgado a las dos de la tarde. Ripoll ha explicado que la Policía no se llevó ninguna documentación de su domicilio, pero sí de la Diputación de Alicante, donde los agentes pidieron el expediente de la adjudicación de las instalaciones de tratamiento de basuras de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante. Esa adjudicación es el centro de la investigación por supuesta corrupción.

Y poco más ha contado el dirigente popular: que su estado de ánimo es "bueno", y que ayer habló por teléfono desde su casa con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el líder del PP, Mariano Rajoy. Preguntado sobre esta última conversación, dijo antes de prorrumpir en carcajadas: "Si yo le contara todo lo que me cuenta Rajoy cuando me llama". En cualquier caso, sí aclaró que el presidente popular le "transmitió todo su ánimo y apoyo".

Ripoll, que ha regresado hoy al trabajo en la Diputación, ha leído textualmente la citación que mañana le llevará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. La cita es a las dos de la tarde.