El juez se inhibe de la parte del 'caso Brugal' que afecta al líder del PP de Alicante

Carlos San Martín, juez instructor del caso Brugal, la supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, ha decidido inhibirse de la parte del sumario que afecta a las instalaciones de residuos de la comarca de la Vega Baja, cuya adjudicación controló el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, imputado en la causa. El magistrado considera que la competencia corresponde a una oficina judicial de la capital alicantina.

Estas diligencias investigan presuntos delitos, entre ellos cohecho y fraude, derivados de la adjudicación del plan zonal de basuras de la comarca de La Vega Baja. La contrata fue adjudicada por el consorcio zonal, que preside Ripoll. El juez esgrime este extremo (la adjudicación del contrato en la capital alicantina) para rechazar la competencia de esa parte de la causa. El juzgado de Orihuela se encargará, entre otros puntos de la investigación, de la contrata de recogida de basura de esta localidad, que se adjudicó en 2008.

El juez, además, ha levantado parcialmente el secreto de sumario, salvo en la parte que afecta a José Joaquín Ripoll porque ahora deberá tomar la decisión otro juzgado de Alicante. El auto del juez es recurrible y especifica que las partes no tendrán acceso a las piezas en las que se levanta el secreto hasta que la decisión sea firme.

La investigación judicial sobre esta trama comenzó en mayo de 2007 a raíz de un supuesto soborno por la contrata de la basura del municipio denunciada en marzo de 2006 por el industrial afín al PP Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción. Como consecuencia de esa investigación, a primeros de junio de 2007, Fenoll y cinco miembros de su cúpula empresarial fueron arrestados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la operación, los agentes se incautaron de decenas de grabaciones efectuadas por el empresario que contenían supuestos sobornos en este caso por la contrata de la basura del plan zonal de la Vega Baja. La infraestructura, que se levantará en término de Orihuela, fue adjudica en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y Ortiz e Hijos.

Con las grabaciones y nuevas escuchas telefónicas, la investigación desencadenó la segunda fase de la operación el pasado día 5. Los agentes arrestaron a un total de 11 personas, entre ellas Ripoll, y efectuaron 19 registros. El juez imputó a Ripoll los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Entre los detenidos y también imputados están los empresarios Fenoll y su hijo, el contratista alicantino Enrique Ortiz, que logró la adjudicación del plan zonal, un empleado de éste, otros dos empresarios, el gerente de la mercantil Sufi y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela.