Cuatro objetivos reformistas

La adecuada coordinación política dentro del Gobierno, la evaluación técnica de las reformas anteriores, la influencia de la jurisprudencia y la responsabilidad de los agentes sociales han propiciado una reforma laboral equilibrada con cuatro objetivos consensuados: la reducción de la temporalidad, la mejora de los salarios, la relevancia de la formación de los trabajadores y el mantenimiento y potenciación de la flexibilidad empresarial.

La reducción de la temporalidad se pretende alcanzar con la desaparición legal del contrato de obra, allanada por la jurisprudencia, y el aumento de sanciones administrativas en el fraude de los nuevos contratos con causa de sustitución o productiva. La mejora de los salarios se efectúa mediante un salario mínimo sectorial, que unifica las condiciones retributivas de contratas públicas y privadas, e impide abusos de la prioridad de convenios de empresa de baja calidad. La relevancia de la formación de los trabajadores aparece en un nuevo diseño de los contratos formativos y en su vinculación a las reducciones de jornada o suspensiones contractuales de los ERTE, con incentivos públicos. El mantenimiento de la flexibilidad empresarial supone la confirmación, por consenso, de la regulación legal vigente del despido, de la flexibilidad laboral interna y de la negociación colectiva, salvo el matiz de la ultraactividad indefinida, ya existente en la práctica convencional. La potenciación de la flexibilidad interna, como alternativa a despidos, aparece en los nuevos ERTES con ayudas y control público, ante crisis económicas y reconversiones sectoriales, en conexión con la relevancia formativa.

El contraste entre estos cuatro loables objetivos reformistas y su alcance en la realidad deberá ser evaluado. Su eficiencia dependerá, seguramente, de factores ajenos a la propia reforma, como la ruptura empresarial con prácticas de rotación laboral, la digitalización de los medios de la Inspección en la lucha contra el fraude, la transformación de las ETT con fijos discontinuos, la capacidad de la negociación colectiva de vincular salarios con productividad, la mejora de los sistemas de formación de los trabajadores o en la mayor utilización por las PYMES de herramientas de flexibilidad interna más propicias en las grandes plantillas, sin obviar el factor esencial del crecimiento del empleo. Si los resultados son modestos, se deberá hacer una reforma estructural de estos factores. Pero, en sí mismos, ya estos cuatro objetivos reformistas y consensuados marcan una modernización de nuestras relaciones laborales en la buena dirección.

Jesús Lahera es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid.