Las bajadas fiscales para abaratar la luz superan los 6.000 millones

El precio de la electricidad se comporta estos días como un cohete espacial. La crisis energética global, la espiral alcista del gas y la especulación con los derechos de emisión de CO₂ contribuyen al éxtasis de la luz en el mercado mayorista. El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó a principios de verano un paquete de medidas para tratar de contener los precios y que el impacto sobre los hogares de la efervescencia energética fuera menor. Rebajó el IVA de la factura del 21% al 10%; redujo el impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal, y suspendió el impuesto de generación, que tenía un gravamen del 7%. Las medidas tenían carácter temporal y solo estaban previstas hasta final de año, pero el Consejo de Ministros aprobó este martes prorrogar la rebaja fiscal hasta el 30 de abril del próximo año (el impuesto de generación, hasta el 31 de marzo). Fuentes gubernamentales calculan que el impacto de estas medidas sobre las arcas públicas asciende a casi 6.000 millones de euros. Estiman que la reducción de estos impuestos durante los seis meses de 2021 ha supuesto una merma de ingresos de 4.000 millones, a los que se sumarán otros 2.000 por el impacto de las rebajas durante el primer tramo del próximo año, cuando se espera que los precios de la electricidad sigan desbocados.

En el extremo opuesto, la crisis energética ha permitido al Gobierno ingresar por los derechos de emisión de CO₂ en torno a 2.500 millones más de lo previsto, según fuentes gubernamentales, lo que ayudará a compensar la pérdida de recaudación por los apaños fiscales para que los hogares paguen menos en sus recibos.

Rebaja de los cargos del recibo

Junto a las medidas fiscales, el Ejecutivo también aprobó a principios de septiembre una reducción de los cargos fijos del recibo —cubren la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en las islas o el déficit de tarifa— hasta el 96% para los últimos tres meses del año. Para 2022, el Gobierno reparte la rebaja de los cargos para todo el año y reduce su minoración al 30%, según la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, como adelantó la vicepresidenta Teresa Ribera en el Consejo de Ministros de la semana pasada, el Ejecutivo abre la puerta a una nueva mejora en el bono social, al que se pueden acoger los hogares vulnerables y las familias numerosas, y cuyo alcance ya se amplió en septiembre. La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.

También ha visto la luz una medida para aliviar a los consumidores industriales de gas —cuyo precio se ha multiplicado en las últimas semanas—, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos, también hasta el 31 de marzo de 2022.

El ramillete de medidas aprobadas ayer incluye un paquete especial para impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el autoconsumo de energía y las renovables. El Gobierno prevé contar con 100.000 puntos de recarga antes de 2023, para lo que hará obligatorias estas instalaciones en estaciones de servicio y edificios no residenciales, como centros comerciales, en este caso en una proporción de un punto de recarga por cada 40 plazas. El plan estará dotado con 525 millones procedentes de las ayudas europeas. Estos fondos se otorgarán en subvenciones directas entre 2021 y 2023 a las empresas.

Para asegurar su cumplimiento, el Gobierno ha actualizado el régimen sancionador para los que no instalen esos puntos de recarga. Asimismo, ha habilitado a los ayuntamientos para realizar descuentos en el 50% de dos de los principales tributos de ámbito local, el IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o del 90% en las tasas por obras para la instalación de puntos de recarga.

Autoconsumo energético

El paquete también incluye el itinerario para impulsar el autoconsumo eléctrico, con 37 iniciativas que aseguren su despliegue masivo. De acuerdo con un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el autoconsumo puede alcanzar entre 9.000 MW y 14.000 MW de potencia instalada en 2030. El total acumulado ronda actualmente los 2.500 MW, tras multiplicarse por 2,5 desde 2018.

El pasado junio, el Gobierno ya aprobó ayudas por 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables. Estas subvenciones específicas para el impulso del autoconsumo pueden llegar hasta el 50% de la inversión para el sector residencial.