El precio de la luz se desboca al final del año: mañana superará los 360 euros por megavatio hora, un nuevo récord

El precio mayorista de la electricidad volverá mañana miércoles a pulverizar todos los récords. La media del día será 360,02 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone algo más de 20 euros sobre el récord que había alcanzado el lunes (339,84). Asimismo, el máximo por tramos horarios, que se elevará hasta 380 euros entre las 19.00 y las 21.00, también supera la marca de 375 euros del lunes. El mínimo será de 331,40 y se producirá en la última hora del miércoles, de 23.00 a 00.00. La curva horaria se mantiene prácticamente plana en precios muy elevados: va desde los 331 euros a los 380 euros por MWh. Coincidiendo con esta nueva subida, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para frenar el impacto del precio del mercado mayorista en el recibo de la luz, así como para potenciar la movilidad y el autoconsumo.

Con esta nueva cota, son ya siete días seguidos los que lleva el precio mayorista de la electricidad por encima de los 300 euros, una cota que los expertos veían muy lejana el pasado verano, cuando comenzó la escalada, debida principalmente al encarecimiento del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂. A estas alturas, y vistos los futuros, todo indica que, salvo un giro brusco, diciembre cerrará como el mes más caro de toda la serie histórica, superando el valor de octubre (199,9 euros MWh). Como consuelo, esta escalada se extiende por toda Europa, con precios superiores a los de España. Entre ellos, Francia alcanzará 452,94 euros MWh y en Alemania, 416,72. Polonia está por debajo, con 343,9 euros.

Los actuales valores de la luz son siete veces más altos que hace un año, cuando rondaban los 50 o 60 euros de media por MWh. Según un análisis de Facua-Consumidores en Acción, de mantenerse las tarifas tan altas lo que resta de mes, la última factura del año alcanzaría los 134,45 euros para el usuario medio, un 94,1% por encima de los 69,28 euros de diciembre de 2020.

El precio del mercado mayorista incide en la factura de los 10,7 millones de usuarios que tienen tarifa regulada (en torno al 40% del total, el resto está en el mercado libre con contratos revisables) y hace muy complicado que se pueda cumplir el compromiso de Pedro Sánchez de que la media de la factura termine 2021 por debajo de la de 2018, el ejercicio más caro hasta ahora, sin tener en cuenta la inflación. Hasta noviembre, la luz para los usuarios domésticos era un 47% más cara que hace un año. Incluso si en diciembre fuera igual, lo que no va a ocurrir, la subida media sería del 12,9% respecto a 2018. Descontando la subida del IPC, el alza sería algo menor pero igualmente significativa: del 9,7%.

Además la curva de futuros indica que los precios seguirán por encima de los 300 euros a lo largo del primer trimestre de 2022 y empezarán a bajar desde abril, aunque la media a partir de ese mes se situará entre 180 y 200 euros MWh, es decir, un precio exagerado respecto a lo acostumbrado en los años pasados. La causa principal es la carestía del gas natural, sector en el que no aumenta la producción pese a la mayor demanda, y del CO2. Según los expertos, las únicas razones explican estos altos precios del gas se deben a cuestiones geopolíticas, acrecentadas por las tensiones entre Rusia y Ucrania, y a especulación de los fondos de inversión, en el caso del mercado de los derechos de emisión.

Prórroga de medidas

El Gobierno ha prolongado, en el Consejo de Ministros de este martes, la rebaja impositiva hasta finales de abril y ha abierto la puerta a una nueva mejora en el bono social, al que se pueden acoger los hogares vulnerables y las familias numerosas. En concreto, se prorrogan hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. La suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo. No obstante, la rebaja sobre los cargos fijos del recibo será mucho menor que en los últimos meses: del 96% se pasará a poco más de un 30%, según la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad, también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.

El Gobierno también ha aprobado una medida adicional a todas estas rebajas destinada en exclusiva a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos, también hasta el 31 de marzo de 2022.

Estas, junto con el resto de medidas en materia energética, supondrán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según informó la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Esta cifra se añade a los 4.000 millones que se han dejado de recaudar desde que se tomaron las medidas.

Recarga eléctrica de coches

El Consejo de Ministros también ha aprobado otras medidas encaminadas a impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el autoconsumo de energía y las renovables. En ese sentido, el Gobierno prevé contar con 100.000 puntos de recarga antes de 2023, para lo que hará obligatoria la instalación de esta infraestructura en estaciones de servicio y edificios no residenciales, como los centros comerciales, estos últimos con una proporción de un punto de recarga por cada 40 plazas.

Para ello ha aprobado un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública que está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Los 525 millones se otorgarán en subvenciones directas entre 2021 y 2023 a las empresas distribuidoras, que operan en régimen regulado en las zonas en que están implantadas. Las cuantías anuales máximas ascenderán a 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.

Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.

Para asegurar su cumplimiento, el Gobierno ha actualizado el régimen sancionador para los que no instalen esos puntos de recarga. Asimismo, ha habilitado a los ayuntamientos para realizar descuentos en el 50% del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas o del 90% en las tasas por obras para la instalación de puntos de recarga.

Autoconsumo

El despliegue de medidas también acoge la Hoja de Ruta del Autoconsumo, con el fin de  los retos y las oportunidades que presenta y establecer medidas para asegurar su despliegue masivo en el que espera multiplicar por 2,5 veces desde la llegada de su Gobierno en 2018, se eximirá de presentar avales y garantías a las pequeñas instalaciones, con el objetivo de facilitar el autoconsumo colectivo.. De acuerdo con un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el autoconsumo puede alcanzar entre 9.000 MW y 14.000 MW de potencia instalada en 2030. Desde 2018, cuando se puso fin al llamado ‘impuesto al sol’, el autoconsumo en España se ha multiplicado por 2,5 hasta alcanzar casi 600 MW instalados durante el año 2020 y para este 2021 se prevé un aumento de aproximadamente 1.000 MW, con lo que el total acumulado podría llegar a los 2.500 MW.

La citada Hoja de Ruta recoge 37 medidas de sensibilización, formación a profesionales o divulgación, con el fin de mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo por parte de toda la población, ya que esta se ha identificado como una de las principales barreras para su implantación en España. Asimismo, contempla medidas de impulso al autoconsumo colectivo, por ejemplo, en comunidades de vecinos, y cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones.

El documento también persigue la mejora de la competitividad industrial mediante la reducción de los costes energéticos, el desarrollo de la cadena de valor ya existente y el fomento de la búsqueda de nuevos negocios. Por ello, contempla actuaciones que contribuyan a la implantación del autoconsumo en sectores como el industrial o de servicios. Además, entre las medidas se encuentra la creación de una Mesa Nacional de Autoconsumo con las comunidades autónomas y el establecimiento de un grupo de trabajo con las entidades locales, con el fin de mejorar la coordinación entre las Administraciones.