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España asume el recorte de capturas de merluza pero rechaza los ajustes pesqueros en el Mediterráneo

La UE cierra el reparto de los derechos de pesca para el próximo año

A la derecha, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, habla con su homólogo de Alemania, Cem Ozdemir (centro), y el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.Vídeo: JOHANNA GERON (REUTERS) | EUROPA PRESS
Manuel V. Gómez

Los Veintisiete y la Comisión Europea han cerrado pasadas las nueve de la mañana de este martes el acuerdo de los derechos de pesca para 2022 tras una negociación que se ha prolongado durante toda la noche y ha tenido un resultado agridulce para España. La parte amarga está en la pesca en el Mediterráneo, donde el Gobierno no ha logrado sus objetivos y, en consecuencia, ha rechazado la última propuesta hecha por Bruselas. La dulce llega al Atlántico, donde el equipo que comanda el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha logrado que el recorte en las capturas de merluza sur, se quede en el 8%, lejos de la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario del 18,5%.

El reparto de las cuotas pesqueras para el año siguiente es algo así como la apertura de la Navidad en las instituciones europeas. Y tiene su propia liturgia, que se repite año tras año: una propuesta inasumible para los Estados con más intereses en el mar, un tira y afloja durante muchas horas, un maratón de reuniones y una noche en vela hasta que se llega al punto final. Para España esta liturgia, tiene mucha más importancia que para otros Estados miembros. La flota pesquera española, según apunta Agricultura, sigue siendo la más numerosa de la Unión Europea. De ahí que, al abrir las conversaciones, el Gobierno español busque que la necesaria sostenibilidad biológica de las especies no ahogue los intereses económicos del sector y esto se traduzca en consecuencias sociales duras en Galicia, Cádiz, el Cantábrico y puertos del Mediterráneo.

Pasadas las nueve de la mañana de este martes habría finalizado la liturgia de este año. Y en ella se habría conseguido el anhelado equilibrio para la zona atlántica, según se deduce del voto positivo al reglamento que regula los derechos de pesca en la zona que va desde el Golfo de Cádiz a Finisterre y en la costa cantábrica. “Ha habido un buen resultado”, ha apuntado Planas, al acabar el Consejo de Pesca, el último del año. “Las necesidades de la flota estarían cubiertas con los swaps [intercambios] que se pueden hacer con Francia y Portugal”, ha añadido.

Para la flota de 1.200 barcos en esa zona, también llamada caladero nacional, el reglamento pactado este martes es esencial. El resultado en él ha sido de una rebaja del 8% en las capturas de merluza sur, frente al 18,5% previsto en principio. La oferta era inasumible y se sumaba a los recortes de otros años. Explica Planas que la cifra planteada para este pescado, el más consumido en España, por la Comisión no se basaba en ningún informe científico. “Hay una serie histórica de 30 años y que no haya un modelo científico no es un argumento para nosotros”, apuntan, tras añadir que ese tajo abocaría a la no viabilidad económica.

Sí que han utilizado los españoles el argumento científico con el jurel. No lo hizo, en cambio, Bruselas. En esta especie, el punto de partida era una reducción de la pesca del 18,4% frente al criterio del informe de los expertos que situada el punto de equilibrio entre la sostenibilidad y la actividad faenera en un incremento del 12%, donde se ha llegado al consenso. El abadejo se ha quedado igual y el lenguado bajará solo un 5%.

El choque grave ha llegado en el Mediterráneo. “España no lo ha aceptado”, ha zanjado Planas, aunque al votarse por mayoría cualificada un país solo no puede bloquear una propuesta. El Ejecutivo ve inasumible que se reduzca el número de días en un 6%, como va a suceder definitivamente, un porcentaje que mejora algo la cifra inicial del 7,5%. “No hay estudios sólidos [que lo avalen]”, ha señalado Planas, quien planteaba que en 2022, ante esta falta de evidencias, se detuvieran los recortes, pues ya en 2020 y 2021 los hubo en la suma de ambos ejercicios un 17,5% menos de días trabajados. “Esto supone dos meses menos de trabajo si se suman todos los recortes de años anteriores”, apuntaba una fuente de Agricultura, que cifraba en una media de 190 días de faena anual al comienzo del actual plan de gestión, es decir, hace años.

El 6% puede compensarse con medidas como redes de arrastre menos tupidas para que la selección de peces que pescan sea de mayor tamaño y los más pequeños puedan escapar. Eso permitiría a los barcos que hagan la inversión reducir su trabajo solo un 4%, pero esto es insuficiente para el Gobierno español. La otra propuesta de Planas en este punto es vedas absolutas donde los alevines crecen hasta ser adultos. Defiende su equipo que ambas han funcionado en ejercicios anteriores. Así que ante estos indicios y la falta de conclusiones científicas contundentes, sumadas a las consecuencias socioeconómicas, España planteaba “un ejercicio de reflexión” y no de recortes en 2022.

El acuerdo cerrado en Bruselas ha caído mal en España. Las asociaciones de pescadores, especialmente las andaluzas, han criticado duramente al comisario europeo Virginijus Sinkevicius, al que acusan de buscar “la desaparición de la flota de arrastre en vez de la del caladero sin importarle las consecuencias para las poblaciones dependientes”. “El Mediterráneo es el único caladero en el que se han implantado dos sistemas de regulación del esfuerzo pesquero, días de pesca y establecimiento de un TAC (límite de capturas), lo cual nos da más argumentos para pensar que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca pretende la desaparición de la flota de arrastre en vez de la recuperación del caladero”, han insistido.

Un problema que ha encontrado el Gobierno en este punto ha sido la falta de una posición común con Francia e Italia en esta zona. A Francia, por las características de su flota —barcos más pequeños— le conviene más la reducción de días que las medidas selectivas que plantea España.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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