Evitemos otro Cádiz

La reforma laboral de 2012 apostó por mejorar la competitividad devaluando los salarios y ahora sufrimos las consecuencias. La conflictividad vista en las últimas semanas (en Cádiz, huelga del metal en Alicante, de la limpieza en Castellón, amenaza de huelga en el sector cárnico) es el resultado directo de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores en la última década. Y la realidad es que con el desmontaje de las normas que protegen la negociación colectiva, el incremento de la conflictividad era previsible.

Una de las principales funciones de la normativa laboral es, precisamente, permitir una negociación pausada y reglada con objeto de evitar que la “sangre llegue al río”. Sin embargo, el desequilibrio en el poder de negociación generado por la reforma laboral de 2012 ha dificultado a la parte social obtener mejoras salariales en la mesa de negociación sin tener que recurrir a salir a la calle y al conflicto.

Así, por ejemplo, en la última década, las cláusulas de salvaguarda salarial —aquellas que permiten aumentar el salario automáticamente conforme aumenta el IPC— han pasado de proteger el salario frente a pérdidas de poder adquisitivo del 71% de los trabajadores a solamente un 19%. Adicionalmente, este menor recurso al IPC como indexador automático de los salarios en la negociación colectiva no ha ocasionado su sustitución por otras fórmulas de incremento retributivo (participación en beneficios empresariales, en la productividad o en la competitividad empresarial), sino que sencillamente las personas trabajadoras han visto cómo decrecía su poder adquisitivo en la última década.

Ni siquiera en las cabezas más optimistas creo que cupiera la posibilidad de mantener de forma indefinida la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora sin que los sindicatos se plantaran y se echaran a la calle.

Con los brotes verdes a la vuelta de la esquina no es momento de obstinarse con la devaluación salarial. Bien al contrario, hay que apostar por un crecimiento de la competitividad basado en la mejora de la productividad y de la calidad de los productos y servicios producidos. Este reto exige inversión en formación del capital humano, innovación metodológica/organizativa y tecnológica. Tres cosas incompatibles con un modelo de relaciones laborales basado en salarios bajos.

En efecto, con bajos salarios, difícilmente se obtendrá la cooperación necesaria de los trabajadores para incrementar la productividad, cuando no directamente estalle el conflicto social hundiendo, con ello, la producción de cualquier empresa afectada.

La clave para mejorar la productividad y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores pasa por cambiar las normas de la negociación colectiva para permitir un reparto justo de las ganancias sin tener que recurrir a huelgas.

Adrián Todolí es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.