La subida de los salarios, incapaz de seguir el ritmo de la inflación

La última pesadilla de los bancos centrales se llama espiral inflacionista, y tiene en el círculo vicioso precios-salarios su manifestación más difícil de corregir. La sangre no ha llegado todavía al río, pero los supervisores se muestran vigilantes ante un fenómeno en el que convergen factores como la fortaleza de los sindicatos o el color de los partidos en el poder. En España, la distancia entre los aumentos de precios y los de la nómina sigue siendo alta, pero con la inflación ascendiendo en octubre hasta el 5,5% debido a los precios de la energía, una cota inédita desde hace 29 años, el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo gana terreno, y ahí el juego de equilibrios entre mantener la paz social y evitar una retroalimentación de precios y salarios de consecuencias nefastas no siempre es sencilla.

El encarecimiento del coste de la vida en España afecta doblemente al bolsillo de los ciudadanos, puesto que la escalada de los salarios de la población ocupada (que en el segundo trimestre de 2021 superó los 20 millones) pedalea unos cuantos metros por detrás. Si los precios suben y el sueldo se mantiene, los ingresos pierden comba. Basta con observar los últimos datos de Trabajo para medir la distancia del descuelgue: los salarios por convenio han crecido de media un 1,4% este año, más de cuatro puntos por debajo de la inflación actual; y también por debajo de la media inflacionaria que prevé el Gobierno para final de año, y que es del 2,3%.

“Se tienen que subir los salarios”, defiende Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “El año 2021 ha sido un año de moderación en las subidas salariales, porque se ha hecho un ejercicio de responsabilidad. La media del 1,4% queda muy alejada del 5,5% que hemos conocido este jueves”, añade. En opinión de los sindicatos, la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales que estableció la reforma laboral de 2012 del PP ha permitido que los salarios se hayan negociado de acuerdo a valores referenciales diferentes de los establecidos por el Índice de Precios al Consumo (IPC).

El mes pasado, sin embargo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advertía durante una conferencia organizada por el Financial Times contra la tentación de aumentar los salarios tanto como suban los precios. “Si tienes una indexación clara de la economía a un shock de evolución temporal, entonces estás convirtiendo esa evolución al alza de la inflación en algo mucho más permanente. Y eso debería evitarse”, afirmó.

El riesgo es que los empleadores, al tener mayores costes salariales, suban los precios de sus productos para mantener los márgenes de beneficio, y que los trabajadores, al percibir ese encarecimiento de la cesta de la compra, demanden a su vez nuevos aumentos de sueldo, en un bucle difícil de frenar. El mensaje de que algo así podría suceder tiene entre sus mayores divulgadores a los llamados halcones, partidarios de que los bancos centrales se lancen a contener la inflación cuanto antes pese a los riesgos de que una retirada prematura de estímulos haga descarrilar la recuperación.

Antes de dejar su puesto en septiembre, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, defendió que percibe ecos —a menor escala, eso sí— de las espirales salario-precio que se vieron en los años setenta y ochenta, aunque esas opiniones son todavía minoritarias. Las carencias de trabajadores en determinados sectores, que otorgan a los candidatos a ocupar el puesto un poder de negociación mayor, también puede contribuir a esos incrementos salariales, aunque el fenómeno es más acentuado en países que están viviendo un bum de la demanda con bajos niveles de desempleo, como EE UU y el Reino Unido, este último con el añadido de la escasez de mano de obra generada por el Brexit.

Volviendo al mercado laboral español, según los datos del archivo estadístico del Ministerio de Trabajo, en 2012 se acordaron 1.582 convenios, de los cuales 1.241 fueron de empresa y 341 en un ámbito superior. Un año más tarde la cifra se elevó hasta los 2.502 (1.897 de empresa), aupado por esta modificación reglamentaria, aunque desde entonces la cifra no ha hecho más que menguar. Al punto de que hasta el mes de septiembre de 2021 tan solo se han firmado 385 de empresa, aunque aglutinan a 155.178 trabajadores.

En sintonía con lo que ocurre con los sueldos de los trabajadores del sector privado, en el público la pérdida de poder adquisitivo también es otra realidad que denuncian los funcionarios. El último aumento aprobado por el Gobierno contempló una subida del 0,9% este año para los trabajadores públicos que, a todas luces, va a quedarse muy lejos de la inflación media con la que concluirá el año. Este aumento, que generó malestar en la esfera privada por entender que no se ajustaba a la realidad económica que vivía el país en ese momento, con la incertidumbre por el desarrollo de la pandemia en todo lo alto, ha terminado por quedarse corta, y son ahora los representantes de este colectivo ―el último boletín de Función Pública cuantificó en enero un total de 2,7 millones de trabajadores públicos― los que demandan que la próxima subida sea superior al 2%.

Ese porcentaje del 0,9% fue el que utilizó también el Gobierno para mejorar la cuantía de las pensiones en 2021, aunque en este caso dispone de herramientas para corregir el desvío. Como el acuerdo de la primera pata de la reforma de las pensiones se erigió sobre la equiparación con el IPC, como última corrección previa a la entrada en vigor de esta nueva norma (que será efectiva a partir del 1 de enero de 2022) se ingresará una paguilla extra que contemplará la diferencia entre ese 0,9% y el dato final de inflación. Esa cuantía podría alcanzar los 2.600 millones de euros, según las estimaciones que realizan las principales casas de análisis.

Otra derivada de la subida de los precios afecta al salario mínimo interprofesional (SMI) y a la senda de crecimiento que negociarán a partir de diciembre Gobierno, sindicatos y patronal. Si bien el compromiso adquirido por PSOE y Unidas Podemos en su pacto de coalición contempla la extensión del SMI hasta el 60% del salario medio al final de la legislatura (en 2023), las bases sobre las que se sostienen los cálculos son vulnerables ante la inflación. “Consecuentemente con la subida de los precios exigimos al Gobierno que suba el salario mínimo a partir del 1 de enero en los 1.000 euros comprometidos”, reclama Hoya.