La caída de trabajadores en ERTE se acelera con 50.000 menos hasta mediados de noviembre

La recuperación del mercado de trabajo se afianzará en noviembre con la creación de 90.000 empleos nuevos, según las previsiones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tomando como referencia los datos obtenidos durante la primera quincena del mes. Las afiliaciones se mantendrán así al alza por séptimo mes consecutivo, con 730.000 nuevos cotizantes desde mayo, cuando la economía española empezó a resurgir tras la larga sacudida provocada por la pandemia. El número de trabajadores acogidos a un ERTE se ha reducido de forma significativa: ha caído un 25% solo en los primeros 15 días del mes (alrededor de 50.146 afectados menos, cuando en septiembre y octubre el ritmo era de unos 30.000 menos en todo el mes), con lo que quedan 140.572 personas en esta situación. Respecto al futuro de las pensiones, el ministro indicó que el objetivo es que el incremento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social, un compromiso del Gobierno español con Bruselas, se traduzca en una subida equivalente de la pensión máxima. Los detalles se acordarán en el marco del diálogo social en 2022.

“Estamos en un mes de intensísimo crecimiento del empleo”, dijo. “Es evidente que no podemos continuar a este ritmo durante muchos meses más. Estamos ya en niveles prepandemia, y estos ritmos no son sostenibles durante mucho tiempo, pero lo que está claro es que se consolida la recuperación”, dijo Escrivá durante una conferencia de prensa. La cifra de 90.000 nuevos cotizantes (en términos desestacionalizados) eleva el total a 19,75 millones de afiliados. Sin desestacionalizar, la afiliación aumentará en 42.000 trabajadores en términos promedios. Un dato “históricamente altísimo”, según Escrivá. Noviembre suele ser un mes de caída del empleo por la finalización de los contratos vinculados al verano.

Tras acelerarse la salida de trabajadores en ERTE (cuentan como afiliados en las estadísticas a pesar de no estar trabajando en muchos casos), la cifra total de afectados supone la mitad de los que había en febrero. Del total, 92.953 empleados siguen en un ERTE total y 47.619 en uno parcial. En el peor momento de la pandemia, llegaron a estar en esta situación 3,5 millones de trabajadores (primavera de 2020). Este mes de noviembre comenzaba a operar el nuevo esquema para estos mecanismos con ayudas vinculadas a la formación y obligando a las empresas a volver a pedir un ERTE sin que haya prórrogas inmediatas. Escrivá espera que la tendencia de reducción del número de trabajadores en ERTE continúe el mes que viene, pero pidió cautela, ya que algunas prórrogas pueden estar aún tramitándose y no reflejarse en los datos de la primera quincena.

El incremento de la afiliación es general en todo el país y casi todas las comunidades alcanzan un nivel similar al anterior de la pandemia. El efecto rebote es claro, después de que se cerrara en 2020, un año marcado por las restricciones y los confinamientos, con 360.105 cotizantes menos, el peor dato desde 2012, en plena crisis económica. En la primera quincena de noviembre se ve una mejora en sectores muy afectados por el coronavirus, como la hostelería y las actividades artísticas. Escrivá destacó el cambio de composición por tipo de contrato respecto a antes de la pandemia: si se compara el número de afiliados del 15 de noviembre de 2021 respecto a la misma fecha de 2019, hay 482.000 cotizantes más con contrato indefinido y casi 111.000 menos con contrato temporal, según los datos del ministerio.

Respecto a las pensiones, el ministro indicó que el objetivo es que el incremento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social se traduzca en una subida equivalente de la pensión máxima. El objetivo es “mantener estrictamente la contributividad” del sistema. La reforma para ese destope de las cotizaciones, un compromiso del Gobierno español con Bruselas cuando se pactó el plan de recuperación, será llevada a la negociación con sindicatos y empresarios en 2022, con la idea de aplicarla de forma gradual en los próximos 30 años. Será entonces cuando se concrete el incremento de la base máxima. Es una cuestión, dijo el ministro, que todavía “hay que calibrar”. “Es un elemento que tenemos que tener el año que viene en la Ley General de la Seguridad Social y con ello nos equipararemos con las prácticas habituales de nuestro entorno”, señaló. Pese a que se trata de una medida acordada en el seno de la UE, existe en la actualidad una inquietud entre los empresarios sobre cómo se va a concretar y cómo se traslade el destope de las bases máximas a las pensiones máximas (2.707,49 euros al mes en 14 pagas en 2021).

Preguntado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional acordado recientemente con los sindicatos (con una subida de las cotizaciones), pero sin el apoyo de la CEOE, Escrivá insistió en que conseguirá tras una década cerca de unos 40.000 millones de euros para el Fondo de Reserva de las pensiones, aunque en un primer momento llegó a situar la cifra en 50.000 millones. Para sus estimaciones, que han sido cuestionadas por algunos expertos, el ministro dijo que se ha recurrido a rentabilidades históricas medias del fondo español y de otros países comparables (sin concretar cuáles) en largos periodos de tiempo, de 25 años. “Podemos decir que a principio de los años treinta estaremos por encima de esos 40.000 millones”, añadió. Según la documentación que ha elaborado la Seguridad Social y a la que ha tenido acceso este periódico, la hucha de las pensiones necesita una rentabilidad del 7% anual para llegar en 2033 a 50.000 millones (la primera cifra que mencionó el ministro) y la subida de cotizaciones que ha planteado Escrivá solo cubrirá un 4% del aumento de gasto previsto por diversos organismos como la Autoridad Fiscal y la Comisión Europea.

Antes de la conferencia de prensa, en unas jornadas sobre planes de pensiones organizadas por el diario Cinco Días e Iberbanca Banco, el ministro afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que “restaurar” la confianza de Bruselas en las políticas de pensiones de España porque existía un “déficit de credibilidad” en las autoridades europeas generado por la aprobación de una reforma, la de 2013, que dejó de aplicarse en poco tiempo. Dicha reforma, que incluía el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad, fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero la aplicación de estas dos medidas se suspendió: la primera limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit como las actuales, y la segunda ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.

Aunque esto lo hizo el Gobierno del PP, Escrivá indicó que la Comisión Europea lo que ve es al Gobierno de España en su conjunto, no al partido o partidos que lo conforman. “Se generó un déficit de credibilidad ante las autoridades europeas. Un Gobierno que puso en marcha una reforma en 2013 que dejó de aplicar unos años después generó un problema doméstico y de incertidumbre ante las autoridades europeos que ha habido que restaurar”, dijo el ministro.