Aena recurrirá ante el Constitucional la ley que le fuerza a bajar los alquileres

Aena ha solicitado al juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad para impedir que entre en vigor la normativa aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre que obliga al gestor aeroportuario a ajustar el alquiler de sus locales comerciales a la caída real del tráfico, la empresa pública ha solicitado al juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

El recurso del gestor aeroportuario, controlado por el Estado, llega pese a que tanto el PSOE como Podemos ampararon la aprobación de la norma al abstenerse en la votación que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, que contó con los votos a favor de la práctica totalidad del resto de grupos parlamentarios (PP, Vox, ERC, EH-Bildu, PDeCAT, PNV y Coalición Canaria).

“Vamos a seguir solicitando a los jueces el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad en todos los procedimientos que tenemos abiertos, porque consideramos que hay claros indicios de inconstitucionalidad y porque seguimos defendiendo los intereses de todos nuestros accionistas, entre ellos, la Administración del Estado que, en definitiva, son los contribuyentes españoles”, han señalado desde Aena para justificar la presentación del recurso, que ha adelantado El Confidencial.

La enmienda introducida en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, obliga a Aena a suprimir las rentas mínimas anuales garantizadas que debían pagar los arrendatarios de entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 —en los meses más duros del confinamiento—, y comprometerse a partir de esa fecha a que ese alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019″.

La norma reduce considerablemente las pretensiones de Aena, que ofreció a los inquilinos un acuerdo por el que se les eximía del pago del alquiler para los tres meses del primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio) y una rebaja del 50% de la renta mínima desde esa fecha hasta septiembre de 2021. A partir del pasado 1 de octubre, ya deben pagar el 100% de las rentas.

El acuerdo fue aceptado por el 67% de los inquilinos, pero la mayoría son pequeños locales comerciales que solo suponen el 13% de los ingresos de Aena por este concepto. Las grandes cadenas, como Dufry, la empresa suiza que controla las antiguas duty-free, y los grupos Areas y SSP —ambos principales operadores de restauración en los grandes aeropuertos, como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat— llevaron el asunto a los tribunales que han suspendido cautelarmente el pago de los alquileres hasta que se dirima el fondo del asunto.

Con la norma aprobada por el Congreso, tanto unos como otros verán reducida considerablemente la factura del alquiler, ya que el tráfico de pasajeros descendió un 72,4% en 2020 y en el acumulado del presente ejercicio hasta septiembre, la caída es superior al 64% respecto a 2019. Aena ha evaluado en 1.500 millones de euros las pérdidas que le ocasionará la medida parlamentaria.

Conflicto político

El conflicto tiene fuertes connotaciones políticas puesto que Aena está controlada mayoritariamente por el Estado a través del 51% del capital que posee Enaire, la empresa pública que depende del Ministerio de Transportes. El Gobierno, a través de esta empresa, es el que designa al presidente de Aena, cargo que ahora ocupa Maurici Lucena, quien es a su vez un destacado dirigente del PSC-PSOE (el exministro de Sanidad Salvador Illa le designó como candidato a conseller de Economía en caso de que fuera elegido presidente de la Generalitat en las últimas elecciones catalanas).

Se da además la circunstancia de que alguna de las empresas arrendatarias contrataron para que mediara en su conflicto contra Aena a Acento Public Affairs, la empresa de lobby que dirige el ex ministro socialista de Fomento José Blanco y en la que también figuraba como director general Antonio Hernando, que tuvo que vender sus acciones cuando fue nombrado jefe de gabinete adjunto de Presidencia en la última remodelación del Gobierno de Sánchez.

No es este el único contratiempo que ha sufrido Lucena al frente de Aena en su relación con la Administración. El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes septiembre la congelación de tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas hasta 2026, en contra de la pretensión de Aena de aumentarlas más de un 5% en el conjunto del periodo.

Ambas medidas suponen un fuerte revés para las maltrechas finanzas de Aena que, tras sufrir pérdidas récord en 2020, acumula unos números rojos de 346 millones de euros en el primer semestre de este año, y ha suspendido el dividendo millonario que reparte cada año, y cuyo principal beneficiario es el Estado.