El Tribunal Supremo decide el miércoles el futuro de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao

El Tribunal Supremo decidirá este miércoles el futuro de la fábrica de Alcoa ubicada en San Cibrao (Lugo) en la que trabajan más de 500 personas y en la que la multinacional norteamericana del aluminio aplicó un despido colectivo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, contra el que ha recurrido. El incierto futuro de esta planta, en el aire desde hace más de un año, coincide con una investigación de la Audiencia Nacional por supuesta estafa en la venta por Alcoa de sus fábricas de Avilés y A Coruña, primero al fondo de inversión suizo Parter, al precio simbólico de un dólar y revendidas unos meses después por 13 millones de euros al Grupo Riesgo. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desveló hace unos días que el Grupo Riesgo podría haber utilizado sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capital y patrimonio de los centros de producción asturiano y coruñés.

Desde que, tras su privatización en 1997, la empresa estatal Inespal, con cerca de 4.500 trabajadores, fue adquirida por 63.450 millones de pesetas por la multinacional estadounidense Alcoa, las nueve plantas industriales españolas han ido quedándose por el camino. Ahora hay en plantilla unos 1.100 empleados que trabajan en las dos únicas fábricas (una de aluminio y otra de alúmina, ambas en el municipio lucense de San Cibrao) que conserva. Y planea el despido de los más de 500 trabajadores de la de aluminio. La de alúmina, de la que posee el 60%, queda fuera de este ajuste.

Con la adquisición de la empresa pública, Alcoa se quedó, además de con las de San Cibrao, con las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña, mientras que vendió a Aludium las de Amorebieta y Alicante, y a Alibérico otra en Sabiñánigo. En los centros de producción coruñés y asturiano, con más de 600 trabajadores, la empresa abrió a finales de 2018 un proceso similar al que proyecta ahora en San Cibrao.

Presionada en aquel momento por el Ministerio de Industria, la multinacional aceptó buscar un comprador para las dos plantas. Eligió al fondo suizo Parter. La venta se firmó en julio del 2019 con la condición de que no habría despidos durante al menos dos años y de que se elaboraría un plan industrial. No obstante, a los pocos meses, Parter negoció con uno de los candidatos descartados por Alcoa, el Grupo Riesgo, que se quedó con las dos plantas. La multinacional acusó a Parter de incumplir el contrato y la Justicia dictaminó fallida la reventa. El pasado mes de junio, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional condenó a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de los centros de A Coruña y Avilés por incumplir el convenio.

Este establecía también que si no se conseguía un comprador con esas características, la multinacional despediría a 483 de los 688 empleados y traspasaría a algunos a su planta de San Cibrao, que ahora también busca comprador.

En diciembre de 2020 el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional comenzó a investigar la presunta estafa en la venta de las dos fábricas. Ahora, las investigaciones realizadas por la UDEF y adelantadas por El Periódico de España desvelan que el Grupo Riesgo interpuso empresas controladas por testaferros que realizaban supuestas ventas con sobrecostes de hasta el 600% con el fin de expoliar los fondos de las dos fábricas adquiridas y trasladarlos a cuentas en el extranjero.

En medio de este panorama, los trabajadores de la fábrica lucense de San Cibrao apuran las últimas horas antes de conocer si prospera o no el ERE sobre la planta que pretende Alcoa. Acusan al Gobierno de haber dejado el futuro en manos de la Justicia tras no haber llegado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a un acuerdo de compra.

El presidente del comité de empresa en esta fábrica, José Antonio Zan, de CC OO, sugiere connivencia del Ejecutivo con la multinacional. “Siguen sin decirnos nada, tienen paralizada toda la negociación [de compra por la SEPI], realmente parece que están de acuerdo con Alcoa”, protesta el sindicalista, recriminando que les hayan pedido que suspendiesen una huelga para negociar con la SEPI y ahora la sociedad estatal “no quiera comprar la empresa”.

Zan acusa al Gobierno de “no poner nada de su parte” para buscar una salida a la situación. “Las multinacionales son unas auténticas arpías, unos chupópteros de la financiación industrial, de la financiación estatal y autonómica, pero el que les permiten hacer todo esto y jugar a su favor es el Gobierno de España”, añade.

Los trabajadores esperarán este miércoles la resolución del Supremo participando en dos manifestaciones.