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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula el ERE de Alcoa

El magistrado considera que existió “mala fe” de parte de la empresa durante la negociación del despido colectivo que afecta a 524 trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao

Concentracion de trabajadore de Alcoa en uno de los accesos a la fábrica de aluminio primario en septiembre
Concentracion de trabajadore de Alcoa en uno de los accesos a la fábrica de aluminio primario en septiembreOSCAR CORRAL (EL PAÍS)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG) ha anulado este jueves el despido colectivo a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario de Alcoa en la localidad lucense de Cevo. El TSXG informa de que la compañía deberá reincorporar a todos los empleados afectados y abonar los salarios que debieron percibir, aunque Alcoa matiza que no hará falta porque los despidos no llegaron a ejecutarse. El tribunal aceptó los argumentos de los sindicatos CC OO, UGT y CIG de que la empresa llevó con “mala fe” las negociaciones para el ERE y la posibilidad de venta de la fábrica al grupo británico GFG Alliance o a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La dirección de la estadounidense considera que actuó de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley, por lo que revisará el fallo para determinar sus próximos pasos.

La decisión podría ser la clave para el futuro de los trabajadores y la comarca de A Mariña, altamente dependiente de la fábrica. Sin embargo, los problemas aún no acaban. La empresa asegura que la necesidad de reestructurar la planta de aluminio persiste porque las razones que la motivaron siguen: los altos costes de la energía en España y la fluctuación en los precios del aluminio. El tribunal cree que estas razones no son las que están verdaderamente en el centro del ERE, sino una decisión estratégica para mejorar los beneficios de la multinacional: “El fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”, indican en la sentencia.

La compañía insiste en que su intención era mantener una parte de la planta operativa, por lo que dejaron fuera del ERE a 99 trabajadores que se harían cargo del área de fundición. Sin embargo, la sentencia considera “sumamente significativo” que el número de trabajadores afectados por el despido haya sido el necesario, según las regulaciones laborales, para “consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas, a la vez que ejecutar el cierre de las cubas”. De esta forma, el tribunal pone en duda que la empresa no fuese a despedir a los demás trabajadores, una vez superados los plazos de garantía de estas subvenciones.

La sentencia llega tan solo dos días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el estatuto que regula los costes eléctricos, lo que podría también influir en los próximos pasos de la empresa. Los empleados y la firma lo han reclamado desde 2012, y estuvo en el centro de las conversaciones para el despido –que empezaron en mayo y contaron con la mediación de la Xunta y el Gobierno, sin éxito–, hasta ser desplazado por la oferta de GFG Alliance, interesada en mantener la producción a pesar de los elevados gastos. Los trabajadores pusieron su esperanza en la venta, pero las empresas no lograron alcanzar un acuerdo para el traspaso en las seis semanas que duró la negociación. El Gobierno respondió al desacuerdo entre las firmas con la propuesta de que la SEPI comprara la fábrica para asumir las conversaciones con el grupo británico, algo que la estadounidense rechazó. El secretario de Industria, Raúl Blanco, advirtió de que con eso se abrió un “escenario menos amistoso”.

El Ministerio de Industria y la Xunta participaron como partes interesadas en la demanda. Durante el juicio, las Administraciones reafirmaron su posición de que la empresa se esforzó en bloquear las negociaciones de traspaso para garantizar el futuro de la planta. Además, se refirieron a numerosos errores durante los contactos con los trabajadores, entre ellos, la presentación de documentación en inglés y la negativa a frenar el proceso durante el estado de alarma, como pidió la autoridad laboral.


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