El Gobierno aprueba este martes el estatuto del consumidor electrointensivo

El Gobierno prevé aprobar mañana martes en el Consejo de Ministros el estatuto del consumidor electrointensivo, una demanda desde hace años de la industria que más energía eléctrica consume y que reclamaba un instrumento que le permitiera reducir costes para ser más competitivo respecto a sus competidores europeos. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado este lunes la aprobación en un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Madrid.

El estatuto apenas beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo energético, que se podrán bonificar casi un 85% de la carga para financiar las energías renovables de su factura. Pero supone una apuesta relevante para dotar de competitividad a la industria española, que en los últimos tiempos ha sufrido crisis como las de Alcoa y Vestas. Los del acero y el cemento serán algunos de los sectores que se podrán beneficiar de la medida.

El Gobierno ha negociado el estatuto con la industria, que en junio todavía pedía que se tuvieran en consideración algunas de sus propuestas para poder competir en igualdad de condiciones con otros países. Inicialmente estaba previsto que las empresas beneficiarias pudieran ingresar, a través de devoluciones a cargo del presupuesto del Ministerio de Industria, en torno a 90 millones de euros. A esa cifra se añaden los más de 170 millones en ayudas por compensaciones a los costes indirectos por sus emisiones de dióxido de carbono.

Maroto ha indicado que “tras muchos meses de trabajo” el Gobierno ha sido capaz de dar con un decreto definitivo que entrará en vigor a partir del 1 de enero. La ministra ha asegurado en su discurso que las empresas “necesitaban ya esas certezas, esa seguridad no solo para garantizar sus capacidades productivas sino sobre todo también para trazar sus proyectos de inversión”.

Según los planes con los que partió la elaboración de la nueva norma, 153 de las empresas que se podrán beneficiar de una sustancial rebaja en los precios de la factura eléctrica se encuentran en Cataluña, mientras que 44 están ubicadas en el País Vasco y 31 en Galicia.

Antes que la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, el Gobierno aprobó en junio pasado el fondo de reserva de garantía con el que quería asegurar que la generación de electricidad desde fuentes renovables fuera utilizada por los grandes consumidores. Ese blindaje se realiza a través de contratos de compraventa a largo plazo, denominados PPA, con los que los compradores de energía ven cubiertos sus riesgos y pueden reducir el coste eléctrico.