El Gobierno ultima el fondo de 600 millones para el consumo energético de la gran industria

Hay una petición reiterada durante la última década por la industria española: la rebaja de los precios eléctricos. Y desde hace ocho años esa demanda se ha focalizado en el estatuto del consumidor electrointensivo, pensado para aquellas compañías cuya actividad depende de la energía y de sus costes. El actual Gobierno lleva tiempo trabajando en el proyecto de decreto ley que lo desarrolla, que prevé aprobar en unas semanas. Pero antes, mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará un paso previo necesario para desarrollarlo, el fondo de reserva de garantía con el que prevé asegurar contratos con generadores de energías verdes por un importe de 600 millones de euros en un periodo de tres años.

Así lo anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, que consideró esa medida como una de las “prioridades” que representan para el Gobierno el mejorar la competitividad de la industria electrointensiva, que lleva años denunciando cómo los altos costes energéticos que sufre en España lastran su competitividad. La intención es que el Cesce (Compañía de Seguros de Crédito para la Exportación) cubra la incertidumbre de los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (denominados PPA) de forma que los productores de energía vean cubiertos los riesgos por impago por parte de sus clientes.

España intenta dar más protagonismo al consumo de energías renovables y con este paso trata de acercarse al camino seguido por Noruega. La intención es maximizar el uso de electricidad verde y, a la vez, permitir una reducción de su precio, que al fin y al cabo es lo que demandan las compañías, quejosas por el alto diferencial de precios respecto a otros países como Francia y Alemania.

Actividades electrointensivas como la fabricación de acero son consumidoras de grandes cantidades de energía y, además, lo hacen las 24 horas del día. En este caso, contemplan a los productores verdes como un complemento a su demanda y una oportunidad de rebajar tarifas. Pero el sector demandaba también una fórmula de garantizar la posibilidad de impagos, que quedaría resuelto a través del fondo de reserva. Algunas compañías han realizado ya alguinos contratos, pero por poco volumen de consumo y sobre todo con un ánimo de probar la experiencia.

De momento, el planteamiento del Ministerio de Industria es cubrir los tres primeros años de experiencia y, a partir del cuarto, establecer cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, posibles ampliaciones.

Maroto ha enmarcado la aprobación de este Fondo de Reserva de Garantía como una “medida muy importante” contemplada dentro del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, “que también se aprobará en las próximas semanas”, ha reafirmado. La ministra ha destacado que España necesita “reforzar” el papel del sector industrial en el PIB del país y, con ese objetivo, ha defendido “impulsar” un Pacto para la Industria “de permanencia y que sea elevado a categoría de política de Estado”, para que quede “salvaguardado de futuros cambios políticos”.

Los grandes consumidores no están todavía muy de acuerdo con el último borrador del estatuto, que consideran que ha dejado por el camino algunas de las peticiones que realizaban para equipararse a otros países en términos de precios energéticos. Especialmente denuncian que no se les compensa por todos los gastos que tienen que asumir para financiar a las renovables, más allá de las tarifas de acceso, sin haber incluido el coste de los peajes del transporte de la electricidad.