El Gobierno compensará el 85% del consumo de renovables de la gran industria
Las empresas recibirán unas ayudas totales de 260 millones al año y contarán con un fondo de garantía para cubrir el riesgo de las inversiones
Las industrias electrointensivas (grandes consumidores de electricidad) tendrán compensaciones por los cargos destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de territorios no peninsulares, según el Estatuto de Consumidores Electrointensivos (CEI), presentado hoy por el Ministerio de Industria y que será sometido a a consulta con el objetivo de que pueda ver la luz en marzo. Según fuentes ministeriales, las empresas se beneficiarán de una bonificación de un 85% de los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo anual a estas industrias.
El Estatuto recoge, además, esa compensación citada por costes indirectos de CO2, que ya está en vigor y autorizado por las autoridades comunitarias, y un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) mediante un fondo de garantías emitidas por CESCE. Este fondo permitirá que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministro de electricidad a plazo con proyectos de generación de electricidad renovable (PPAs). El Estado cubrirá el riesgo de la operación a través de garantías emitidas por CESCE.
En un encuentro con la prensa, fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico indicaron que la dotación total que se garantiza a la gran industria, que está, eso sí, condicionada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), será "superior" a la que había hasta ahora.
Se trata de reconocer la especificidad de los sectores industriales con un elevado consumo de electricidad, hasta ahora solventado con las subastas de la denominada interrumpibilidad, y adaptar un sistema similar al que existe en otros países de Europa. El Estatuto caracteriza, por primera vez, los requisitos que ha de cumplir un consumidor para ser considerado CEI: tener un consumo eléctrico mínimo anual de 1GWh al año y al menos el 50% en horas valle, una intensidad energética (consumo/VAB) mayor de 1,5kWh/euros (revisable con los precios del mercado) y pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima, recogidas en las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
600 beneficiarios
Con estos requisitos se estima que podría haber unos 600 beneficiarios con un consumo eléctrico de unos 40.000 GWh/año (el 17% de la demanda nacional).
El procedimiento de certificación para adquirir la condición de CEI lo realizará la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y requerirá la presentación de un certificado del distribuidor o transportista de la red a la que se conectará el CEI, otro certificado del Operador del Sistema (REE) y un informe de la Entidad Nacional de acreditación (ENAC)
Los contratos a plazo de electricidad renovable permitirán a los CEI reducir la volatilidad del precio de su suministro eléctrico y vincular su coste de energía al de la generación renovable, de menores costes a otras tecnologías de producción.
Para poder acogerse a los mecanismos fijados en el Estatuto, los CEI no sólo deben cumplir los requisitos antes mencionados sino comprometerse a implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado. Aquellos CEI que ya están obligados por la normativa vigente a implantar este sistema deberán acometer obligatoriamente cada cuatro años aquellas actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías obligatorias, fueran recuperables en tres años o menos.
Asimismo, deberán contratar a plazo (al menos cinco años) un 10% de su consumo anual una vez el fondo haya sido puesto en marcha.También tienen obligación de informar y la posibilidad de en el futuro poder exigir la implantación del Sistema de Gestión Ambiental EMAS, entre otras exigencias en el ámbito de la gestión medioambiental.
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