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El Gobierno compensará el 85% del consumo de renovables de la gran industria

Las empresas recibirán unas ayudas totales de 260 millones al año y contarán con un fondo de garantía para cubrir el riesgo de las inversiones

Energias Renovables
Vista de las instalaciones de la fábrica de aluminio de la empresa Alcoa en San Cibrao (Lugo). EFE

Las industrias electrointensivas (grandes consumidores de electricidad) tendrán compensaciones por los cargos destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de territorios no peninsulares, según el Estatuto de Consumidores Electrointensivos (CEI), presentado hoy por el Ministerio de Industria y que será sometido a a consulta con el objetivo de que pueda ver la luz en marzo. Según fuentes ministeriales, las empresas se beneficiarán de una bonificación de un 85% de los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo anual a estas industrias.

El Estatuto recoge, además, esa compensación citada por costes indirectos de CO2, que ya está en vigor y autorizado por las autoridades comunitarias, y un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) mediante un fondo de garantías emitidas por CESCE. Este fondo permitirá que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministro de electricidad a plazo con proyectos de generación de electricidad renovable (PPAs). El Estado cubrirá el riesgo de la operación a través de garantías emitidas por CESCE.

En un encuentro con la prensa, fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico indicaron que la dotación total que se garantiza a la gran industria, que está, eso sí, condicionada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), será "superior" a la que había hasta ahora.

Se trata de reconocer la especificidad de los sectores industriales con un elevado consumo de electricidad, hasta ahora solventado con las subastas de la denominada interrumpibilidad, y adaptar un sistema similar al que existe en otros países de Europa. El Estatuto caracteriza, por primera vez, los requisitos que ha de cumplir un consumidor para ser considerado CEI: tener un consumo eléctrico mínimo anual de 1GWh al año y al menos el 50% en horas valle, una intensidad energética (consumo/VAB) mayor de 1,5kWh/euros (revisable con los precios del mercado) y pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima, recogidas en las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

600 beneficiarios

Con estos requisitos se estima que podría haber unos 600 beneficiarios con un consumo eléctrico de unos 40.000 GWh/año (el 17% de la demanda nacional).

El procedimiento de certificación para adquirir la condición de CEI lo realizará la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y requerirá la presentación de un certificado del distribuidor o transportista de la red a la que se conectará el CEI, otro certificado del Operador del Sistema (REE) y un informe de la Entidad Nacional de acreditación (ENAC)

Los contratos a plazo de electricidad renovable permitirán a los CEI reducir la volatilidad del precio de su suministro eléctrico y vincular su coste de energía al de la generación renovable, de menores costes a otras tecnologías de producción.

Para poder acogerse a los mecanismos fijados en el Estatuto, los CEI no sólo deben cumplir los requisitos antes mencionados sino comprometerse a implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado. Aquellos CEI que ya están obligados por la normativa vigente a implantar este sistema deberán acometer obligatoriamente cada cuatro años aquellas actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías obligatorias, fueran recuperables en tres años o menos.

Asimismo, deberán contratar a plazo (al menos cinco años) un 10% de su consumo anual una vez el fondo haya sido puesto en marcha.También tienen obligación de informar y la posibilidad de en el futuro poder exigir la implantación del Sistema de Gestión Ambiental EMAS, entre otras exigencias en el ámbito de la gestión medioambiental.

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