El Gobierno y la Xunta presionan a Alcoa ante el cierre de su planta de aluminio

No hay marcha atrás. Alcoa ha comunicado oficialmente al Gobierno, a la Xunta de Galicia y a los trabajadores que da por fracasados los contactos para la venta de su última planta de aluminio primario. Este lunes, la compañía y los trabajadores han buscado un acuerdo para un ERTE, sin éxito tras casi nueve horas de negociación. La reunión para evaluar esta posibilidad sucede después de que, en un comunicado conjunto, ambos Ejecutivos desvelasen que ofrecieron al grupo norteamericano una solución: que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comprara la planta para asumir las conversaciones con el británico GFG Alliance, algo que Alcoa rechazó. El secretario de Industria, Raúl Blanco, ha advertido de que “se abre ahora otro escenario donde se tomarán decisiones menos amistosas”.

El fracaso de las negociaciones para un expediente temporal de empleo significan, según el pacto del 13 de agosto, que Alcoa iniciará este martes un despido colectivo que afectará a 534 trabajadores de la planta de San Cibrao y a otros 400 de empresas auxiliares. Los sindicatos presentes en el encuentro han anunciado movilizaciones a las 7.00 de ese día. Tanto el Ejecutivo central como el autonómico responsabilizan del fracaso de la negociación a la multinacional, que ya la había declarado infructuosa el pasado martes. Fue a partir de ese anuncio que el Ministerio de Industria ofreció la alternativa de que la SEPI adquiriese la planta para luego venderla a Liberty House.

Blanco ha asegurado que la firma norteamericana había accedido a estudiar esta propuesta y que se echó para atrás a último momento, la noche de este pasado domingo, minutos antes de que concluyese el plazo de negociación. La compañía, por su parte, asegura que la propuesta de la sociedad estatal incluía cuestiones que impedían llegar a un acuerdo, entre ellas la solicitud de derechos preferenciales en una futura venta de la refinería de alúmina, anexa a la fábrica de aluminio. Esta posibilidad ya había sido rechazada durante las negociaciones con el grupo británico.

El secretario de Industria ha cuestionado, en declaraciones a la televisión autonómica de Galicia, el futuro de la refinería. Blanco acusa a la empresa de tener una estrategia para mantener el monopolio comercial del aluminio primario, trayendo el metal desde terceros países. Además, ha mostrado su respaldo a los trabajadores y familias que dependen de la fábrica en la comarca de A Mariña. El vínculo de la región lucense con la planta —que representa un tercio del PIB de la provincia— se ha confirmado este domingo durante una movilización que ha contado con la presencia de todos los alcaldes de los municipios de la zona y ha sido presidida por una carroza fúnebre que exhibía coronas florales de cada localidad.

Los trabajadores han vuelto a reclamar una intervención estatal de la compañía. Una posición que habían abandonado temporalmente mientras se desarrollaban las conversaciones para el traspaso de la planta a Liberty House. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, considera inaceptable que la empresa estadounidense se negase a vender la fábrica a la SEPI. El representante de CC OO calificó el rechazo de la propuesta como el momento en que la multinacional ha “puesto de rodillas” al Gobierno y a la Xunta y ha reclamado que pongan un freno. Zan ha hecho sus declaraciones en la entrada del pazo de Cea, en la localidad pontevedresa de Nigrán, minutos antes de iniciar la reunión con la multinacional en la que se decidirá el futuro de la planta.

Zan ha acusado a la compañía de condicionar la venta a la SEPI en la aplicación de un ERTE o un ERE. Fuentes de Alcoa aseguran que la empresa buscaba mantener estrictamente el pacto del 13 de agosto, por lo que planteó aceptar la propuesta de traspaso a la estatal solo si se continuaba con el calendario de contactos para el expediente de regulación temporal de empleo o el despido colectivo. El Gobierno rechazó esta posibilidad y acabó retirando la hoja de términos, que debía firmarse este domingo. Para Zan, un ERTE representaría un “despido en diferido”, ya que implicaría el apagado de las cubas donde se produce el aluminio. Volver a encenderlas es costoso y significaría el fin de la planta. El comité pidió además un segundo plazo para que se explore el ofrecimiento del Ministerio de Industria, sin éxito.