La justicia condena a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha condenado este martes a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas en A Coruña y Avilés. El juzgado considera que es responsabilidad de la compañía cumplir con esta alternativa, al considerar fallido el proceso de venta de las fábricas al grupo suizo Parter, y después a Grupo Riesgo. Este traspaso formaba parte del pacto que la estadounidense había alcanzado con los representantes de las plantillas durante las negociaciones de un despido colectivo en 2019. El convenio establecía que, de no conseguirse un comprador con estas características, la multinacional despediría a 483 de los 688 empleados y abriría un espacio para algunos traspasos hacia su planta de San Cibrao, ahora también en busca de adquiriente.

La división industrial de UGT en Asturias asegura que ha recibido la sentencia con optimismo, pero advierte que el proceso judicial no resolverá los problemas de la planta ni de los trabajadores. El sindicato ha vuelto a demandar la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el compromiso del Gobierno central y los autonómicos para garantizar un futuro a las fábricas. La multinacional está revisando el fallo y aún no ha decidido sus próximos pasos.

En el documento se determina que la estadounidense se había comprometido a buscar un comprador que presente un plan para reindustrializar las plantas y mantener el empleo por lo menos 24 meses después del traspaso. El juzgado considera que ninguna de las sociedades que se hicieron con las fábricas tiene estas características y asegura que Alcoa no ofreció “ningún dato que permita siquiera inferir que cumplen con el perfil del comprador serio, solvente”.

Los magistrados han estimado parcialmente una demanda presentada por los sindicatos, que se ha revisado como una causa separada en la investigación de presuntas irregularidades en la venta. Según la instrucción judicial, existen indicios de que estos traspasos facilitaron un desvío de capitales en favor de la sociedad destinada por Parter para la adquisición de las fábricas, lo que ha perjudicado su capacidad productiva. La Audiencia ordenó en mayo una intervención de las centrales.

Las investigaciones se han saldado también con la detención de cuatro personas en un operativo de la Policía Nacional en las fábricas. El auto que dictaminó la intervención explicaba que el grupo Parter las compró a través de una sociedad llamada Blue Motion Technologies A.G., por un euro. Pocos meses después las traspasó a la sociedad española System Capital Management. Esta última, sin ninguna experiencia en el sector del aluminio, adquirió el 75% de las participaciones sociales por un precio muy superior: 13 millones de euros. Este importe fue obtenido por System Capital Management a través de “préstamos” que los propios centros de producción otorgaron a instancias del grupo suizo.

Según la sentencia, es imputable a Alcoa la decisión de completar el poseso de venta con Parter y que este traspaso no haya tenido las mínimas garantías prometidas a los trabajadores. “Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos [Parter y Grupo Riesgo] a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”, añade el documento. Además, explica que la puja por las fábricas había sido protagonizada por Grupo IR, Parter y Liberty, la empresa que ahora es un potencial comprador de la planta de San Cibrao, cuyo futuro está en el aire desde hace más de un año.