La justicia ordena la intervención de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés
Un auto dicta que la gestión de seis sociedades sea llevada por el Estado tras encontrar el juzgado indicios de “descapitalización”
La Audiencia Nacional ha ordenado la intervención de las fábricas de aluminio de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés. Ambas plantas fueron parte de un acuerdo de compraventa entre Alcoa y el fondo suizo Parter Capital en 2019 y posteriormente vendidas a Alu Iberia. La magistrada ve indicios de fraude en el último traspaso por lo que entrega de forma cautelar la administración de las centrales al Estado por los próximos seis meses. El dictamen, publicado en un auto con fecha de 27 de abril, responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la orden de detención de cuatro personas. La medida no interrumpe la actividad empresarial y podrá ser renovada al terminar el plazo establecido. La compañía puede recurrir y está “estudiando el auto”, según han manifestado a Efe fuentes próximas a la directiva.
Según el auto, el grupo Parter compró las fábricas a través de una sociedad llamada Blue Motion Technologies A.G., por un euro. Pocos meses después las traspasó a la sociedad española System Capital Management. Esta última, sin ninguna experiencia en el sector del aluminio, adquirió el 75% de las participaciones sociales por un precio muy superior: 13 millones de euros. Este importe fue obtenido por System Capital Management a través de “préstamos” que los propios centros de producción otorgaron a instancias del grupo suizo. El juzgado ve indicios de un presunto desvío de fondos de las centrales en beneficio de Blue Motion Technologies, que además imposibilitaron el reinicio de la producción.
“System Capital Management habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos”, dice el auto
La magistrada percibe que estas medidas cautelares son necesarias para evitar que se realicen operaciones que podrían incidir en la detracción de los recursos de las plantas. Serán intervenidas las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management SL), PM MR 1986 SL (cuyo nombre comercial, Grupo Industrial Riesgo, figura como propietario de las plantas), Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ibérica AC y Alu IBérica AVL que habrían formado parte de un proceso destinado a desviar fondos a favor del primer comprador de las plantas.
“Se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés”, apunta.
Apoyo de la SEPI
El comité de empresa de la fábrica asturiana ha pedido, a raíz de este dictamen, la intervención del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Daniel Cuartas, representante de UGT en la planta de Avilés, asegura esta podría ser una buena oportunidad para asegurar la continuidad de las fábricas y de los puestos de trabajo. Para Cuartas, esta medida cautelar como una confirmación de que sus sospechas podrían ser ciertas. Los sindicatos han denunciado irregularidades y falta de producción en numerosas ocasiones.
El presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, de CC OO ha coincidido en que este paso judicial les da la razón en todos los argumentos que vinieron esgrimiendo contra el proceso de venta. En declaraciones a Efe, Gómez de la Uz, ha afirmado que, al estar la fábrica tutelada, tarde o temprano se conocerá la situación financiera de la compañía y la necesidad de una acción por parte del Gobierno.
La investigación, que está bajo secreto de sumario, se inició el pasado 22 de diciembre a raíz de una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales. Este sindicato denunció presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Alcoa también ha presentado una demanda contra el grupo suizo relacionada con la compra de acciones en las dos centrales.
