Detenidas tres personas tras una operación de la Policía Nacional en dos plantas vendidas por Alcoa en 2019

Cuarto personas declararán este viernes en la Audiencia Nacional, tres de ellas detenidas, tras un operativo de la Policía en las plantas de aluminio que pertenecían a Alcoa en A Coruña y Avilés. También se realizaron registros en domicilios de personas físicas y jurídicas en Castellón, Madrid y Málaga. Las detenciones se llevaron a cabo en las dos últimas ciudades, según informa Europa Press. El dispositivo se desplegó en el marco de una investigación por una presunta venta fraudulenta. Ambas fábricas habían sido traspasadas en julio de 2019 al fondo suizo Parter y, posteriormente, al grupo Riesgo, después de la negociación de un ERE que afectaba a 688 empleados de ambas centrales. Ninguna de las plantas ha conseguido reiniciar la producción desde entonces. A los arrestados se les imputa delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Estos delitos ya habían sido recogidos en una querella de los sindicatos admitida por la Audiencia Nacional el pasado 22 de diciembre. Fuentes de Alcoa aseguran que la firma está cooperando con las autoridades y recuerdan que también ha presentado una demanda contra el grupo suizo relacionada con la compra de acciones en las dos centrales. Los sindicatos advirtieron en su denuncia de una falta de claridad en las sociedades detrás de Alu Ibérica, la empresa que gestiona actualmente las fábricas. En el auto de admisión, la jueza pidió a la UDEF que se investigue la titularidad real de las plantas, sus socios y cualquier elemento relevante para determinar su posible solvencia, debido a la sospecha que levantaron los trabajadores.

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La venta de las fábricas ha sido constantemente criticada por el incumplimiento de compromisos. Los trabajadores cuentan que Parter se comprometió a conservar todos los empleos de las plantas por, al menos, los siguientes dos años. Sin embargo, este compromiso se rompió, sostienen, al venderlas a grupo Riesgo en abril de 2020. El último comprador tampoco ha hecho ninguna de las inversiones que prometió. “Parece que hay indicios de que lo que venimos advirtiendo es cierto, y nos parece muy positivo”, señala Daniel Cuartas, dirigente sindical de UGT en la planta de Avilés, al calificar de fraudulentas las operaciones. “La gestión ha sido nefasta, la gente está sin hacer nada. Es una vergüenza”, agrega.

La polémica en el traspaso de las centrales de A Coruña y Avilés también ha condicionado los contactos de Alcoa para el cierre de un área de su fábrica en Cervo (Lugo). En este momento la multinacional estadounidense negocia un acuerdo de venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posteriormente podría acordar un traspaso a Liberty House, del grupo británico GFG Alliance. Esta última empresa también presentó una oferta en 2019, que fue rechazada frente a la de Parter.

Este no es el primer pleito entre la firma y los sindicatos. Esta semana, un juzgado de lo social de A Coruña condenó a la compañía por vulneración de derechos fundamentales en relación con el ejercicio de la libertad sindical. Los trabajadores de la planta gallega de Alu Ibérica iniciaron una huelga el pasado 26 de diciembre por el despido de una de las trabajadoras, al que se han unido los de otros cuatro dirigentes sindicales dentro de la compañía. Entre ellos Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de empresa.

A las puertas de la fábrica, Corbacho se ha mostrado confiado en que este operativo sea “el principio del fin” de lo que ha calificado como un “engaño” y una “estafa”, informa Europa Press. Los dirigentes sindicales de ambas plantas coinciden en que ha sido una sorpresa grata, piden al Gobierno central que se garantice la continuidad de la planta y recuerdan que un cierre afectaría a más de 600 familias y a las comarcas en las que están ubicadas.