El sector inmobiliario carga contra el acuerdo para la ley de vivienda

Que las limitaciones de precios de alquiler no gustaban en la inmensa mayoría del sector inmobiliario no es ningún secreto. Hace meses que las empresas han mostrado su oposición a regular el mercado por esa vía. Hasta ahora lo hacían con cierta sordina, a la espera de ver qué salía de las negociaciones entre los dos socios de Gobierno. Pero el anuncio de un nuevo acuerdo y los detalles que ya se conocen han levantado una ola de rechazo prácticamente unánime, que previsiblemente crecerá conforme se conozca el borrador de la futura ley.

Para Asipa (la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, que agrupa a grandes compañías propietarias de miles de viviendas) la elaboración de una ley de vivienda representaba “una oportunidad ideal para alcanzar un gran pacto sectorial sobre la vivienda”. Pero critica que “haya acabado en un paquete de medidas populistas e inconstitucionales”. La futura norma ha establecido una diferenciación entre propietarios particulares y empresas con más de 10 viviendas, de manera que estas últimas verán limitados los precios que pueden poner en las denominadas áreas tensionadas. “Usar el concepto de gran propietario no solo es discriminatorio e injusto”, valora Asipa, “sino que es una tomadura de pelo a los ciudadanos al utilizarse para desviar la responsabilidad de las administraciones en su inacción a la hora de planificar y atender las necesidades de vivienda de las familias más necesitadas”. Por ello la asociación concluye que la norma es “ineficaz” porque “no ataca la raíz del problema: la escasez de oferta de vivienda en alquiler”.

Ese argumento, el del desequilibrio entre oferta y demanda que provoca el crecimiento de precios en las grandes ciudades, es un mantra en el sector y aparece en casi todos los comunicados y valoraciones remitidos por las compañías desde que se conociera el pacto del Gobierno de coalición. El portal Fotocasa, por ejemplo, ve “positivas las medidas que tienen el objetivo de reactivar el mercado” y alaba los incentivos fiscales para pequeños propietarios o el anuncio de un bono joven, que se articulará como una ayuda directa al alquiler de hasta 250 euros para personas entre 18 y 35 años con bajos ingresos.

Pero Fotocasa también advierte que la congelación de precios (mientras un área se considera tensionada, el inquilino tendrá derecho a prorrogar el contrato en las mismas condiciones) es “una medida intervencionista que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta”. Y sobre los límites de precio a los grandes propietarios, considera que “podría generar inseguridad jurídica”.

Precios a la baja

Francisco Iñarreta, portavoz del portal Idealista, destaca que las limitaciones de precios “ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado”, por lo que suponen “trasladar un error local a todo el Estado”. El portavoz del portal inmobiliario sostiene que el control de rentas “ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona”. “Aprovechar la aprobación de presupuestos para un año para sacar adelante una ley que afectará a una década es un error grave”, añade. Y concluye: “La pandemia nos ha mostrado, dentro de su dureza, que la mejor receta para reducir los precios es aumentar significativamente la oferta”.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, también recurre a las circunstancias de la pandemia para recordar que “en las grandes capitales ya se están experimentando caídas de precios muy importantes desde hace meses”. E incide en que “la gestión de la limitación de precios va a recaer en las comunidades autónomas”, que serán las que pidan la declaración de área tensionada. Font tiene dudas acerca de “cómo se va a gestionar” esa definición. La congelación de rentas es para el experto del portal “una práctica muy poco efectiva en mercados parecidos al nuestro”, lo mismo que poner límites a los alquileres.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociados del Alquiler, una empresa que intermedia entre propietarios e inquilinos, ve como “un grave error atacar a los grandes propietarios, que son los que generan y pueden generar de forma inmediata más oferta de vivienda disponible”. Zurdo considera que limitar las rentas “va contra la libre competencia y la libertad de mercado” y cuestiona que para ello se vaya a usar el índice oficial de precios del Gobierno: “No hay herramienta para medir, de forma profesional y honesta, los llamados mercados tensionados”. En la intención de que los Ayuntamientos recarguen hasta un 150% del IBI a las viviendas vacías ve “una medida confiscatoria” que redundará, como otras medidas anunciadas, en un “aumento de la conflictividad”.

El anuncio de que en las nuevas promociones se exigirá un mínimo del 30% de vivienda protegida tampoco gusta a algunos representantes del sector. Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), sostiene que “la mayoría de proyectos de obra nueva a la venta no son viables con esta medida”. “Esto supone que se encarezca el 70% de la promoción que no está protegida y va a suponer un problema para acceder a la vivienda por parte de jóvenes y otras familias que están comprando casa y a las que, con ese incremento, no les va a dar el presupuesto”, abunda. Cuervo recuerda que esa medida se aprobó en Barcelona y tuvo como efecto una “paralización” importante de la actividad constructora y la inversión.

Los inquilinos piden más medidas

Diferente es la valoración de la nueva ley que se hace en los sindicatos de inquilinos. El Sindicat de Llogateres de Catalunya, que estuvo detrás de la norma catalana que limitó precios hace un año y ha participado recientemente en la presentación de una norma estatal en el Congreso apoyada por Podemos y otros grupos de izquierda, estima que el acuerdo acerca el objetivo de “blindar la regulación ya vigente en Cataluña y lograr que se extienda a todo el Estado”. Pero advierte de que “es insuficiente” y “queda mucho camino por recorrer”.

En un comunicado difundido este miércoles, la organización valora como “indispensable” proteger la ley ya vigente en Cataluña (que se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno y por la oposición) y hacer que la regulación de precios sea “automática en todos los municipios en los que hay una situación de mercado tenso” (actualmente esa declaración depende de que la pida cada comunidad autónoma, lo que hace difícil pensar que se aplique donde gobierna el PP). La organización también deja claro que hay aspectos de la norma que no le gustan, como que los límites de precios no afecten a personas físicas, aunque tengan más de 10 propiedades, y asegura que prefigura un escenario en que no será posible aplicar las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses después de la aprobación de la ley (prevista para el segundo semestre de 2022). Tampoco está de acuerdo en las bonificaciones fiscales a los caseros particulares porque “implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con los ingresos más altos y no está claro que ayude a bajar precios”.

Fuera del ámbito inmobiliario, el anuncio ha sido acogido en la política con el esperable rechazo de la oposición y la satisfacción de los socios de Gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), ha señalado que la capital no prevé aplicar el recargo de IBI a la vivienda vacía, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), ha sido una de las más efusivas en celebrar el acuerdo. También el sindicato CC OO, que junto con UGT había pedido la regulación de precios de vivienda, considera el pacto “muy positivo”.