El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas

La juez Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, ha imputado al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y dos exdirectivos por un delito societario de falseamiento de cuentas en el proyecto del AVE La Meca-Medina. La magistrada investiga las supuestas irregularidades contables en dicho proyecto en Arabia Saudí desde hace dos años, cuando un exingeniero de la multinacional andaluza denunció que en la obra hubo un supuesto maquillaje contable, ratificado a posteriori por un informe de la propia compañía.

En estas pesquisas la juez declara como investigados junto a Benjumea al exdirector general de la filial Inabensa Gonzalo Gómez y al ex director financiero de Abengoa Jesús Ángel García-Quílez, refleja el auto firmado por la magistrada hace una semana y adelantado este martes por Elconfidencial. La juez alude a un supuesto falseamiento de cuentas anuales mediante “determinados artificios” y un presunto “falseamiento de información económica y contable” en el proyecto saudí, denunciado en su día por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa y que originó esta instrucción judicial.

En paralelo a este caso en la capital andaluza, Abengoa arrastra otra instrucción en la Audiencia Nacional por estafa de inversores y falsedad contable que dirige el juez Ismael Moreno bajo secreto de sumario. Esta última investigación llevó la pasada primavera al grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a copiar durante tres días a sus discos duros la información de 350 proyectos y la contabilidad del grupo desde 2012 hasta 2016 y los correos electrónicos de 41 exdirectivos. El objetivo es comprobar si ese maquillaje de cuentas mediante la triangulación de facturas fue una práctica común en la compañía o se limitó supuestamente al proyecto del AVE que se escudriña ahora en Sevilla.

Abengoa tiene ahora la matriz en concurso de acreedores, pendiente de una oferta para hacerse con el control de Abenewco 1, su filial operativa con los activos más valiosos y que mantiene sus 13.500 empleados, 2.500 de ellos en España. Tras protagonizar éxitos mundiales en más de 80 países, la multinacional entró en preconcurso de acreedores en 2015 debido a un excesivo apalancamiento y una deuda descomunal que alcanzó los 25.000 millones.

Tras la declaración del exdirectivo Luis Morales que denunció en 2019 ese maquillaje contable, Abengoa elaboró una auditoría interna que nunca aportó al juzgado, al que sí le trasladó un informe de la consultora KPGM donde sus auditores desvelaban una ocultación contable. Mientras, la juez encargó una pericial independiente a la consultora Auren para aclarar las cuentas con cierta perspectiva. Ahora cita al responsable de esa auditoría interna, Rocío Rodríguez, para que declare el próximo 26 de noviembre, y rechaza otras diligencias solicitada por la acusación como el análisis de contratos, nóminas y bonus percibidos por los exdirectivos.

La plataforma de accionistas perjudicados acusó a la excúpula de Abengoa en su querella de mantener una contabilidad b: “Manipular de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos, delitos de emisión de facturas ficticias en los contratos simulados y delito de alteración/manipulación del flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real”.

En su auto, la magistrada deja pendientes de una fecha concreta las declaraciones como investigados de Benjumea, Gómez y García-Quílez, así como la imputación de los 11 exdirectivos denunciados en la querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que de momento no figuran como investigados a la espera de que se realice la auditoría independiente encargada. La causa de la Audiencia Nacional sí presenta seis investigados, incluidas las mercantiles Abengoa y Deloitte.

Benjumea está imputado en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla y se querelló contra el equipo de su sucesor, Gonzalo Urquijo y sus consejeros en una causa que lleva el Juzgado de Instrucción 8 de la capital andaluza. En 2018 resultó absuelto del delito de administración desleal en la Audiencia Nacional, en un procedimiento por supuestas irregularidades en la indemnización de 11,4 millones que cobró tras su relevo en septiembre de 2015, cuando la empresa ya estaba en peligro de quiebra.