Rastreo de miles de correos y movimientos del gigante Abengoa

El grupo de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examinará con lupa durante los próximos meses la etapa más convulsa de Abengoa. Esa en la que su expansión parecía imparable, con centenares de proyectos en 80 países y un pico de 26.400 empleados. El esplendor previo al preconcurso de acreedores de finales de 2015, cuando su excúpula bordeó o traspasó la frontera del delito para mantener a flote un gigante cuyo negocio principal, de puertas para adentro, era el financiero. Para la Bolsa, Abengoa era una multinacional puntera de ingeniería. En ambos casos su obsesión era crecer, aun a costa de una deuda colosal que alcanzó los 25.000 millones.

Los agentes estuvieron tres jornadas de la semana pasada en la sede sevillana del grupo, hasta traspasar a sus discos duros toda la información de 350 proyectos y la contabilidad desde 2012 hasta 2016 -contratos, deterioros de activos, flujos de caja, etcétera-, además del contenido de los correos electrónicos de 41 exdirectivos, según avanzó Abc. El momento para Abengoa es delicado, con la matriz en concurso de acreedores y pendiente de las ofertas para hacerse con el control de Abenewco 1, su filial operativa con los activos más valiosos y que conserva sus 13.500 empleados, 2.500 de ellos en España.

Las pesquisas por estafa de inversores y falsedad contable que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ordenó bajo secreto de sumario el registro, tiene dos llamativos precedentes: la declaración del exingeniero Luis Morales, que en 2019 denunció irregularidades en el proyecto del AVE La Meca-Medina, y el informe presentado seis meses después por la propia Abengoa ante el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla que ratificaba el supuesto maquillaje contable denunciado por Morales en el proyecto saudí.

“Hemos identificado evidencia digital que sugiere la existencia de facturas falsas Nicsa [por 6,1 millones] en el proyecto AVE Meca-Medina: operación intra grupo ficticia para mejora de caja”, denunciaba el informe que elaboró KPMG para Abengoa y donde sus auditores desvelaban una ocultación contable.

Del sorprendente informe, al margen de indicios de facturas falsas sobresale una operativa para supuestamente triangular facturas y maquillar las cuentas de las empresas del grupo. “Inabensa Turquía emitió facturas a Inabensa Saudí por importe de 5 millones en el ejercicio 2013 por una supuesta triangulación de compra con el proveedor La Farga (…) El proveedor remite los materiales directamente a Inabensa Saudí, aunque factura a Inabensa Turquía”. Estas operaciones para vender en un ejercicio y retrasar la entrega física de material hasta el año siguiente permitía en la contabilidad de una firma anticipar ejecución de obra y, por tanto, mejorar el beneficio en el primer año, que Abeinsa incrementó del 21% al 35% y solía ir ligado a bonus para sus directivos.

¿Este modus operandi se extendió a otros proyectos de Abengoa? A priori la respuesta es positiva porque el exdirector de administración de Inabensa, Julio Artillo, explicó en un correo electrónico de 2012 cómo se podía replicar en proyectos de Perú y Brasil. El expresidente Felipe Benjumea respondió a Artillo en otro correo: “El pedido de Perú de Hyunsung vamos a triangularlo, es muy grande para dejarlo, poneos urgentemente a negociar”.

A la espera de que se levante el secreto de las actuaciones, todo apunta a que la Guardia Civil busca información para ratificar una masiva alteración contable prolongada durante años y que pudo perjudicar a los accionistas por dar una imagen irreal, una ingente tarea que llevará a los agentes los próximos meses, tal vez años. Mientras, las defensas alertan del riesgo de estar ante una investigación prospectiva contra Abengoa. “Los agentes entraron en la sede central pidiéndolo todo, el marco es de una causa general”, se queja un abogado que pide anonimato.

En paralelo, un informe del catedrático de la Universidad Carlos III de Derecho financiero y tributario Juan José Zornoza aportado al juez Moreno intentó desacreditar el informe de KPMG, que entendía que la modificación de los márgenes de un proyecto era sinónimo de irregularidad contable. Para el catedrático, estos márgenes “son puras estimaciones iniciales que pueden irse modificando a lo largo del tiempo” sin que esto se traduzca en irregularidades. Zornoza fichó hace un año por Deloitte, consultora de Abengoa.

Y si la causa de la Audiencia Nacional, con seis investigados incluidos Abengoa y Deloitte como mercantiles, está pendiente de la pieza secreta, el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla investiga solo el proyecto del AVE La Meca-Medina y carece de investigados: solo hay 11 exdirectivos denunciados. En Arabia Saudí Abengoa instaló el cableado de catenaria para alimentar al tren y construyó subestaciones eléctricas y edificios técnicos para albergar equipos necesarios para que el tren funcionara.

Tras una querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa y las declaraciones de varios ingenieros de la firma como testigos, la investigación está detenida a la espera de recursos pendientes de resolverse en la Audiencia de Sevilla, que recibió el último de ellos el pasado jueves. Abengoa elaboró una auditoría interna -nunca aportada al juzgado-, luego presentó el informe de KPMG, y ahora la juez Patricia Fernández ha encargado una pericial independiente a la consultora Auren para aclarar de una vez las cuentas. “Estamos parados en una maraña procesal”, describen fuentes del caso. Mientras que la acusación reclama el volcado masivo de los correos de los 11 exdirectivos, la Fiscalía y la juez defienden que la investigación se ciña al periodo del proyecto saudí y su correspondencia entre los mandos, decisión recurrida ante la Audiencia, al igual que el encargo pericial.

Abengoa tiene hoy un futuro incierto tras pasar en breve tiempo de protagonizar éxitos mundiales -con más de 600 sociedades- al preconcurso de acreedores durante 2015. “¿Qué ha pasado aquí?”, se preguntaban accionistas o bonistas sorprendidos al perder su inversión. Era una empresa extraordinariamente apalancada con un negocio extraordinariamente complejo y sofisticado, dependiente de la financiación bancaria. “Cuando uno invertía en Abengoa sabía que no eran bonos del Estado”, alega uno de los letrados.