La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa en Sevilla

La Guardia Civil registra este martes la sede principal de la multinacional Abengoa en Sevilla por una investigación de la Audiencia Nacional que analiza si la firma incurrió en falsedad contable al presentar sus cuentas anuales entre 2014 y 2016, antes de conocerse el declive de la firma. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido esta mañana a las 9.00 en la sede de presidencia y servicios centrales para recabar información de la compañía, cuya matriz está en concurso de acreedores.

El Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha ordenado los registros, que han durado más de 10 horas hasta las 19.30, en el marco de una investigación surgida en 2016 por supuesta estafa de inversores y falsedad contable, iniciada tras la querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa contra la cúpula de la multinacional, formada por el expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Hace un año, el juez instructor Ismael Moreno admitió la ampliación de la causa contra las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde y el auditor que visó las cuentas del grupo para la auditora Deloitte, Manuel Arranz, además de Abengoa y Deloitte como mercantiles investigadas. “Las cuentas de Abengoa no eran reales, un empleado contó en el juzgado de instrucción de Sevilla que se habían manipulado en las obras del AVE a La Meca y que en el grupo siempre se actuaba igual, según acreditaron correos de directivos”, relatan fuentes del caso.

La Fiscalía reflejó sus sospechas de una posible alteración contable el pasado octubre por “haber ocultado [Abengoa] pérdidas de forma generalizada y haber aflorado activos inexistentes”, basándose en un informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía. Además, el fiscal alertaba sobre “la ausencia de documentación que soporte nada menos que obras certificadas por importe de 3.000 millones de euros”. “La repentina caída del importe de los beneficios que se preveían según los estados contables de la matriz y que llevaron a su declaración en preconcurso en un margen de apenas seis meses abunda en dicha hipótesis”, advertía el ministerio público en dicho escrito.

El juez Moreno resumió en un auto su investigación, que atañe a Gracia y Velarde como responsables de los sistemas de control interno de la compañía y del desarrollo de la auditoría de cuentas, entre otras funciones. “Las diligencias fueron incoadas a fin de averiguar si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su idílica situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero (que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso) eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía”. El magistrado reclamó el pasado diciembre a las autoridades mexicanas el contrato entre Abengoa y Pemex para la ejecución del proyecto A3T, una central de cogeneración que en 2014 reportó a la multinacional española un beneficio de 218 millones.

En el operativo de la Guardia Civil, iniciado a primera hora de este martes, participan una veintena de efectivos de la UCO desplazados desde Madrid a Sevilla, donde se ubican las oficinas centrales de Abengoa, en concreto en el edificio D, que incluye todos los servicios de contabilidad del grupo. Los agentes se han llevado más de 50 ordenadores de las plantas de auditoría interna y contabilidad, según ha informado la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez.

Fuentes cercanas a la compañía y conocedoras de la operación resaltan que la investigación concierne a la etapa de Benjumea al frente de la firma, presidente desde 1991 hasta 2015, e insisten en desvincular esta investigación al posterior presidente ejecutivo Gonzalo Urquijo y todo el proceso concursal iniciado en Abengoa a finales del mes de febrero.

La Audiencia Nacional ya investigó y juzgó a Benjumea y Sánchez Ortega por administración desleal tras percibir ambos indemnizaciones millonarias tras su relevo en 2015, a pesar de que la empresa estaba prácticamente en quiebra, pero ambos resultaron absueltos. Los exdirectivos cobraron 11,4 y 4,4 millones de euros por indemnizaciones por cese anticipado, pero el tribunal las consideró legales y la Fiscalía no recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Investigación bajo secreto de sumario

La investigación está bajo secreto de sumario y los empleados se encuentran en sus puestos. “Los trabajadores estamos desconcertados”, ha explicado Laura Rodríguez. “No sabíamos nada de ninguna causa en la Audiencia Nacional y de momento tampoco las causas de la investigación. Solo que cuando han llegado a la sede de servicios centrales los agentes se han identificado como miembros de la UCO”.

Tras la presentación del concurso de acreedores el pasado febrero, fuentes de la compañía defendieron un acuerdo de refinanciación para salvar la sociedad. Para lograrlo le quedan pocas opciones: casi la única alternativa viable es que reciba del Estado la inyección económica que necesita para sobrevivir. “Hace falta ayuda del Gobierno, a través del fondo de rescate de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]”, sostuvieron.