_
_
_
_

La juez rechaza ampliar a todo el consejo la investigación de Abengoa

La magistrada rechaza ampliar el procedimiento para no causar un "retraso injustificado" y no tener relación con sus pesquisas

Planta de Abengoa en Sanlucar la Mayor
Planta de Abengoa en Sanlucar la MayorMARCELO DEL POZO (REUTERS)

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado ampliar al resto de miembros del consejo de administración la querella contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega. En un auto conocido hoy, la juez cree que no es procedente investigar al consejo de Abengoa por supuestos delitos relativos al mercado y los consumidores y por falsedad de cuentas anuales, ya que estos hechos son "distintos y sin conexión alguna" con los hasta ahora investigados.

La magistrada ha desestimado la petición de dos bonistas de la compañía de energías renovables que solicitaban ampliar la querella a presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentra el exministro socialista Josep Borrell, como contra Benjumea y Sánchez Ortega, que ya se encuentran investigados por administración desleal y uso de información privilegiada.

Más información
Abengoa pide a sus acreedores una prórroga de siete meses
Abengoa advierte de que el retraso del acuerdo pone en riesgo sus proyectos
El fiscal se opone a que se impute a Josep Borrell por el ‘caso Abengoa’
Abengoa recibirá 1.200 millones de capital nuevo para sobrevivir
Un drama (in)evitable

La juez se alinea así con el criterio del fiscal y rechaza por segunda vez ampliar la querella por estos delitos, como solicitaba la acusación particular. En ese sentido, siguiendo el criterio del fiscal José Perals, destaca que una supuesta manipulación de los estados contables "no guarda relación alguna" con los delitos investigados contra los máximos gestores de la empresa y añade que la ampliación de la querella se basa únicamente en "artículos periodísticos" y además provocaría un "retraso injustificado" en el procedimiento.

Sin embargo, sí admite la incorporación de nuevos documentos a la causa que investiga las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega, tras su salida de Abengoa, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros respectivamente, poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.

Además, Lamela considera necesario aportar a la instrucción documentación que acredite la relación de Sánchez Ortega con su nueva empresa Blackrock, para determinar si existió un conflicto de intereses entre este fichaje y su salida de Abengoa. Además, interesa los documentos que recojan los 'bonus' o las retribuciones complementarias a las que pueda tener derecho el investigado y quiere saber cuál es su fórmula de cálculo, al tiempo que aboga por preguntar las funciones que desempeña como empleado en BlackRock.

Además, apoya otras diligencias demandadas para averiguar la condición en la que permaneció Benjumea en la firma andaluza tras haber "cesado" en la misma y cobrado la indemnización. En concreto, la acusación pedía reclamar a la empresa de energías renovables el acta del Consejo de Administración del 23 de septiembre de 2015 en el que Benjumea cesó, dimitió o renunció a sus facultades ejecutivas.

La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".

La empresa presentó, el pasado 5 de noviembre, el preconcurso, que podría haberse convertido en la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_