La justicia autoriza el concurso de acreedores de Abengoa
El juez de lo Mercantil suspende la junta convocada para la semana que viene en la que los accionistas minoritarios iban a cesar al actual consejo
La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha autorizado el concurso voluntario de acreedores que solicitó el pasado lunes el consejo de Abengoa tras anunciar que los acreedores no habían accedido prorrogar los plazos para el tercer rescate de la empresa. El juez, Miguel Ángel Navarro Torres, también ha suspendido la junta de accionistas prevista para los próximos días 3 y 4 de marzo y en la que los accionistas minoritarios tenían previsto sustituir al actual consejo y colocar como presidente a Clemente Fernández.
El magistrado ha adoptado esta medida cautelar —solicitada por Abengoa, que está representada en el concurso por el despacho de abogados Ramón y Cajal—, al entender que las decisiones que se iban a adoptar —”remoción y cese del actual consejo de administración y nombramiento de los propuestos”— podría afectar “también decisivamente en el devenir inmediato de la entidad, e incidir negativamente en su situación patrimonial, dadas además las diferencias sobre el futuro ya públicamente aireadas entre socios”, de acuerdo con el contenido del auto. Esta decisión se mantendrá “hasta que la Administración Concursal haya sido designada, haya aceptado su cargo y se encuentre en disposición de acudir a una Junta tan relevante para los intereses de los acreedores”.
Abengoa “conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque sometida en su ejercicio a la intervención de la administración concursal”, indica el juez en el auto. El juzgado ya ha comunicado la declaración de concurso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha pedido al órgano de control el nombramiento de la administración concursal de la entidad. Ahora la CNMV deberá abrir un concurso de selección para nombrar a uno o varios administradores.
La tecnológica, en preconcurso de acreedores desde 2020, tras encadenar dos planes de rescate fallidos, había cerrado un último plan de salvación que contemplaba una financiación de 230 millones de euros con aval del ICO, una línea de avales de 300 millones con respaldo del Cesce y una quita del 50% de la deuda en manos de acreedores financieros. La oposición de los accionistas minoritarios, unidos bajo la sindicatura de AbengoaShare —con un 17% del capital social—, que querían un mayor porcentaje en la matriz Abengoa, forzó la salida de la presidencia del consejo de Gonzalo Urquijo, quien había negociado este último rescate.
Esta guerra de accionistas ha impedido, según los analistas, que se acordase y ejecutase el tercer rescate. El juez también pone esta situación de manifiesto en el auto: “Se valora ciertamente que una actuación tal, y la mera posibilidad de la misma, y su persistencia, —con además el tono de confrontación actual mediáticamente reconocible dela cuestión—, no solo no sería ajena a tal devenir social, sino que igualmente, y por lo que a este procedimiento respecta, pudiere repercutir de modo adverso en el ordenado desarrollo del mismo y desde sus inicios, pues permite ya intuir al menos un cambio en la línea operativa y de dirección empresarial de alcance ignorado e incierto también en la perspectiva patrimonial, en estos momentos, y con no desdeñable alcance análogo de posible injerencia procesal”.
El jueves, Fernández se presentaba en la sede sevillana de Abengoa en Palmas Altas para presentar los avales necesarios para sustituir al actual consejo, presidido por Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva. Allí, Fernández se manifestó en contra de una potencial suspensión de la junta de accionistas, alegando que “sentaría un peligroso precedente para las empresas cotizadas”.
Con una deuda de 6.000 millones, el concurso de Abengoa se convierte en la mayor suspensión de pagos de una empresa española desde la crisis financiera de 2008. Se desconoce el pasivo real de la empresa, ya que la firma no presenta resultados desde ese primer trimestre de 2020. El grupo cuenta con 325 filiales, algunas de ellas también inmersas en otros concursos. La tecnológica fue suspendida de cotización el pasado mes de julio al no presentar las cuentas de 2019, una infracción por la que se le ha abierto un expediente sancionador, y por estar en causa de disolución por tener un patrimonio neto negativo de 388 millones de euros, una circunstancia que complicaría un eventual rescate por la SEPI.
Los trabajadores inician concentraciones
Los representantes de los distintos comités sindicales de Abengoa han convocado a una concentración al resto de trabajadores del grupo el próximo martes para reivindicar que se garanticen sus empleos en cualquier plan de rescate futuro. El acto, en el que se leerá un manifiesto, se celebrará frente al campus de Palmas Altas en Sevilla, la sede de la corporación, entre las 13.00 y las 13.30.
“La incertidumbre es muy grande, porque no sabemos qué va a ser de nosotros con el nuevo plan de viabilidad, aunque tampoco lo hemos sabido con el resto”, explica Laura Rodríguez, presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía. “Lo que estamos reclamando es que se cuente con toda la plantilla y se mantenga el empleo. Esto no se puede dejar caer, esta empresa es un referente mundial en desalación y proyectos solares, aquí hay muy buenos profesionales”, abunda.
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