El asedio del PP contra la patronal

Es lógico que la propuesta del Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) —aumentarlo entre 12 euros y 19 este año— no entusiasme a las partes. A la patronal porque no desearía ninguna subida; toda sería “excesiva”. Lo expresó su presidente, Antonio Garamendi, con frase equívoca: “No es el momento, porque venimos de un año y medio terrible”.

Claro que sí, pero lo que importa a estos efectos no es el pasado inmediato, sino el presente de una recuperación en apogeo. Lo documenta la insólita reducción del paro en agosto. Que se añade a los beneficios del IBEX, el aumento del consumo, exportaciones, hipotecas... Y al cabo, del entero PIB. Era el requisito exigido por la vicepresidenta Nadia Calviño para autorizar el alza salarial.

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La CEOE podría alegar que eso no alcanza a los sectores con obreros precarios y peor retribuidos —los sufridores del SMI—, como la construcción o la agricultura. Y —con argumento de futuro en vez de pasado— que ello pondría en aprietos a empresas de esos ramos, les inhibiría en la contratación. Y, pues, que convendría aplazar la subida a la definitiva consolidación del rebote.

Pero la subida propuesta es muy suave. El mínimo de 12 euros mensuales supone un alza del 1,26% anual respecto a los 950 euros del SMI actual; el intermedio de 15 euros, del 1,57%; el máximo de 19 euros, de un 2%. Y los 25 euros que proponen los sindicatos, de un 2,6%. Pero como la idea es que no sea retroactiva, se aplicaría solo sobre este último cuatrimestre: es decir, en una horquilla anualizada entre un 0,42% y un 0,66% según la idea del Gobierno (y del 0,86% según la sindical).

Algo no tan indigesto. Los aumentos de los convenios incluyen alzas de un 1,5% a un 1,8%, alega la ministra Yolanda Díaz. Así que la lógica económica, reticente, se matizaría por la conveniencia social: ¿son los más vulnerables quienes más deben apretarse el cinturón?

Claro que esa levedad del aumento suena a “insuficiente” a los sindicatos. Pero en puridad también lo es su contrapropuesta. Que el alza sea simbólica no equivale a despreciable. Simboliza algo sustancioso: el compromiso de secuenciar sin interrupción las subidas en 2022 y 2023, hasta cumplir la promesa oficial de alcanzar los 1.031 euros (por 14 pagas), el 60% del salario medio. En suma, un aumento muy relevante sobre los 735 euros de 2017.

Pero si ambas partes tienen motivos para pactarla, con los retoques que convengan, ¿por qué no lo harían? La gran incógnita proviene de la CEOE. Ha firmado todos los grandes acuerdos sociales de la legislatura, con sindicatos y Gobierno: la subida del mismo SMI a 950 euros (un 5,5%; también la rubricó en 2019, con un aumento ¡del 22,3%!); los ERTE y sus prórrogas; el pacto de pensiones... Y su cúpula acudió a todos los eventos públicos de las rúbricas.

Esta vez ni Garamendi ni sus adláteres fueron, anteayer, a la charla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en que anunció el alza “inmediata” del SMI. Es legítimo preguntarse si el implacable asedio del líder formal del PP, Pablo Casado, a una organización tan poco trotskista como la patronal provoca en esta temblor de piernas.

Porque acusó el 19 de junio a Garamendi, y a los obispos, de “cómplices” de Sánchez por los indultos a los secesionistas condenados, copiando idéntica insinuación de Isabel Díaz Ayuso contra el Rey. Y añadió que los empresarios “no representan a nadie”. “No nos debemos a ningún consejo de administración”, remachó el 22 de junio. Y tildó el 1 de julio de “propaganda tóxica” la del Gobierno por el pacto sobre pensiones que acababa de firmar el jefe de la patronal. Ni el Coletas fue tan osado.