Las pensiones después de la pandemia

La crisis económica provocada por la covid-19 ha sido la más intensa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y ello va a tener un impacto importante sobre el sistema de pensiones en España, y solo en el mejor de los casos, temporal. Porque, mientras el gasto en pensiones ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente estable, la intensa disminución de los ingresos por cotizaciones sociales durante la pandemia ha ahondado el deterioro del déficit contributivo a la Seguridad Social.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria así lo confirman. En 2020, los ingresos del sistema han caído un 3,7%, que es bastante menos de lo que ha caído el PIB en el mismo ejercicio. Esas son buenas noticias. Sin embargo, los gastos del sistema (pensiones contributivas, complementos de mínimos, etcétera) han aumentado un 4,3%, con lo cual el déficit contributivo del sistema, la diferencia entre estas dos magnitudes, ha superado los 30.000 millones de euros. Esto equivale al 2,7% del PIB de 2020, frente al 1,5% de déficit del sistema en 2019, y equivale a unos 3.500 euros al año por pensionista y unos 1.600 euros al año por cotizante a la Seguridad Social.

Esta crisis no ha hecho más que intensificar y anticipar en el tiempo el desequilibrio subyacente del sistema de pensiones en España, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la jubilación de la generación del baby boom en los próximos años. Las proyecciones disponibles indican que durante las próximas décadas se duplicará el número de pensionistas sobre la población en edad de trabajar: para mantener la tasa de prestación actual sin aumentar el déficit serían necesarios unos 29 millones de cotizantes para poder pagar los más de 15 millones de pensiones previstos en 2050, de acuerdo a las estimaciones de ­BBVA Research, cifra que parece complicado alcanzar desde los poco más de 19 millones de cotizantes que tenemos en la actualidad.

A cierre de mayo de 2021 existen en España 1,95 cotizantes por cada pensionista, una tasa que ha estado en caída desde el año 2007, cuando se alcanzaron los máximos recientes (2,71 afiliados por pensionista). Según algunos expertos, el equilibrio en los sistemas de reparto es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es menor a 2,5.

Pero este ratio no es uniforme en todo el territorio español, aunque la “caja de las pensiones” es única. Algunas provincias están en niveles de 1,5 cotizantes por cada pensionista o incluso inferiores. En concreto, hay varias provincias en esta situación: Salamanca, Palencia, Pontevedra, A Coruña, Ávila, Asturias, Zamora, León, Lugo y Ourense. En el extremo contrario, por encima de 2,5 cotizantes por pensionista, se sitúan cuatro territorios: Melilla, Almería, Madrid y Huelva.

Al desequilibrio entre cotizantes y pensionistas se añade el hecho de que las nuevas pensiones entran en el sistema con un desequilibrio actuarial, es decir, que durante su jubilación, los pensionistas en conjunto reciben una pensión mayor a lo que han cotizado durante su vida laboral. Los cálculos del Instituto de Actuarios Españoles sitúan este desequilibrio en el 51% de media. Un estudio del Banco de España del año pasado calcula que, utilizando la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2017, las nuevas pensiones reciben 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización.

Por ello se hace necesario impulsar una reforma que aborde el desequilibrio estructural que arrastra el sistema de pensiones. La reforma de las pensiones no es solo un reto técnico, también lo es político y social. Una de las claves de su éxito reside en hacer comprender a la sociedad (por ejemplo, a través de una campaña institucional) la necesidad de reformar el sistema; en esencia, qué pierde la sociedad y cada grupo si no se hace nada o si se hace lo que no es correcto.

Las generaciones más jóvenes, como la de los mileniales, son muy conscientes de que la cuestión demográfica juega en contra del sistema de pensiones. Según la última encuesta del Instituto BBVA de pensiones, un 76% de los integrantes de esta generación (los nacidos entre 1978 y 1999) defiende una reforma del sistema de pensiones. Entre los partidarios de la reforma, algo más de la mitad —el 54%— cree que esta debe ser profunda, que cambie el funcionamiento del sistema actual, frente a un 27% que se inclina más por cambios parciales limitados a algunos parámetros del sistema.

Si una gran reforma era necesaria antes de la pandemia, ahora lo es todavía más. Es necesario estabilizar el sistema a corto y medio plazo, actuando ya, para corregir el déficit existente. Pero, en paralelo, es necesario aplicar mecanismos automáticos que blinden el sistema de reparto ante los cambios demográficos, económicos y sociales, como han hecho otros países europeos que son referentes por su Estado de bienestar.

Nuestro país debería sumarse a aquellos que han entendido que, sin unos pilares robustos de previsión social pública y complementaria, no podremos aspirar a pensiones sostenibles, suficientes y equitativas. Entre los elementos de este “sistema mixto” habría que considerar, en el pilar I de pensiones públicas de reparto, las cuentas nocionales. Este sistema tiene en cuenta la contribución del trabajador a lo largo de su vida laboral para calcular lo que le corresponde de pensión pública, favoreciendo el equilibrio automático entre cotizaciones y prestaciones en el sistema público de pensiones.

En segundo lugar, es necesario impulsar el pilar II, de planes complementarios de empleo y la adscripción cuasi obligatoria (por defecto, autoenrolment) de los trabajadores (asalariados y autónomos) a un sistema de contribución definida de capitalización de planes de pensiones de empleo a través de convenios colectivos.

La reciente elevación de los límites de aportación a los planes de pensiones de empleo y la intención de poner en marcha iniciativas legislativas para que el mayor número de trabajadores posible tenga una pensión complementaria de empresa para su jubilación constituyen aspectos muy positivos, si bien deben ir acompañados de incentivos fiscales para empresas y trabajadores.

Pero también es importante incentivar el ahorro individual a través de planes de pensiones u otros instrumentos de ahorro, lo que constituye el pilar III del sistema. Desincentivar fiscalmente los planes de pensiones individuales como se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 constituye un perjuicio para autónomos y pymes, porque el desarrollo del segundo pilar para este colectivo no se va a producir de un día para otro. Se debe posibilitar, por tanto, a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

Solo desarrollando los tres pilares, como han hecho los países de la UE que deben servirnos de modelo en materia de pensiones, lograremos un sistema de previsión social para la jubilación que sea sostenible, justo y sea capaz de proveer pensiones suficientes y dignas a los jubilados presentes y futuros.

Luis Vadillo, director del Instituto BBVA de Pensiones.