¿Quién pagará la reforma de las pensiones?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 6 de julio, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema, tras el acuerdo con los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

El anteproyecto, pese a que traslada gastos del Presupuesto de la Seguridad Social al del Estado y pretende avanzar en el retraso en la edad efectiva de jubilación, supone un notable paso atrás en la sostenibilidad de nuestro sistema público de protección social al derogar expresamente el Factor de Sostenibilidad y vincular la subida anual de las pensiones a la inflación, en sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones, que lo vinculaba a la salud financiera del sistema.

En febrero de 2020, y en revisión de los avances que en la materia se habían dado desde España, el Staff Working Document de la Comisión Europea dedicado a España indicaba que “la vinculación de las pensiones a la inflación anunciada por el nuevo gobierno de coalición en su programa podría conducir a un aumento del gasto en pensiones para 2050 de alrededor del 4% del PIB”. Añadía, a su vez, que “eliminar el mecanismo de sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 destinado a ajustar el nivel inicial de pensiones a los cambios en la esperanza de vida (...) añadiría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones a largo plazo”. Todo ello llevaba a la Comisión a concluir que “la eliminación de ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, a menos que se adopten medidas compensatorias”.

En coherencia con ello, el informe de la Comisión Europea que acompaña su propuesta de decisión de aprobación del Plan español de Transformación, Recuperación y Resiliencia, destaca que “la reforma del sistema de pensiones prevista como parte del componente 30 incluye medidas que (...) incrementarían el gasto en pensiones a medio y largo plazo, a menos que su repercusión se viese suficientemente equilibrada por medidas compensatorias”.

Esas medidas compensatorias en las que insiste la Comisión, esencialmente, la definición de un Factor de Equidad Intergeneracional que sustituya al Factor de Sostenibilidad, el aumento de las bases máximas de cotización, o la modificación del período de cómputo de la pensión, cuestiones todas ellas que el citado acuerdo no detalla, no se han incorporado tampoco al citado anteproyecto de Ley, aunque el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a que estén en vigor antes de que finalice 2022. Como indica la Comisión Europea en el citado informe, “en caso de que las medidas compensatorias y complementarias no fueran suficientes (…) el impacto presupuestario global del aumento del gasto en pensiones tendría que amortiguarse todavía más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro”.

Así, de no llegarse a aprobar las citadas reformas —para las que es evidente que desgraciadamente no hay ni acuerdo social ni parlamentario hoy—, aparte de poner en riesgo más de 11.400 millones de euros correspondientes al pago del cuarto tramo de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a España por incumplimiento del compromiso adquirido, la carga de la mejora de la suficiencia de las pensiones que se acaba de acordar, que la Comisión estima en más de 4 puntos de PIB, tendrá que ser asumida con ajustes fiscales.

Fedea ya estimó que para compensar la derogación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones haría falta aumentar la cuota total de IRPF al menos en un 50%. Alternativamente, para compensar este sobrecoste del acuerdo de pensiones, sería necesario multiplicar por cuatro la recaudación por IBI, casi duplicar el tipo medio efectivo del IVA, pasando del 15% al 24%, o triplicar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. Aumento de presión fiscal que se destinaría simplemente a cubrir el incremento del gasto público derivado de este acuerdo, sin atender la financiación de otras decisiones de aumento de gasto aprobadas, el coste de la transición energética, ni, entre otros, el posible aumento de coste de los intereses de la deuda pública, que ya ronda el 125% del PIB, y hoy está siendo contenido por las medidas extraordinarias de liquidez implementadas por el Banco Central Europeo a consecuencia de la pandemia.

Nada es gratis. Ante el riesgo de que en otoño se remita a las Cortes un Proyecto de Ley que mejorará la suficiencia de las pensiones sin contemplar plenamente cómo se va a financiar, por motivos evidentes de transparencia, responsabilidad y solidaridad intergeneracional, sería recomendable que antes de su aprobación definitiva se concretase si el aumento de gasto que conlleva se compensará con otras medidas en el ámbito del sistema de pensiones, con subidas de impuestos, con reformas que impulsen la productividad y el empleo, con una combinación de todas ellas, o si simplemente, por inacción, se intentará pasar la factura por vía de aumento de impuestos a las generaciones que vienen por detrás.

Juan Pablo Riesgo es ex secretario de Estado de empleo y Alberto García Valera ex director general de tributos. Ambos son socios de EY.