Las eléctricas públicas son habituales en la UE pero crear una en España no bajaría ya la factura de la luz

Con frecuencia asociado a las desastrosas experiencias de los regímenes populistas de la izquierda latinoamericana, el término nacionalizar es probablemente uno de los más denostados del vocabulario económico. La pandemia, con sus numerosas inyecciones públicas a empresas en problemas, algunas de las cuales han acabado pasando a manos del Estado también en la rica Europa, ha suavizado, al menos temporalmente, los tabúes que la rodean. Pero su recorrido continúa: tras años de caminar en sentido contrario por medio de privatizaciones, la crisis de precios en el sector eléctrico alimenta ahora la posibilidad de un regreso del Estado para tratar de rebajar la elevada factura de la luz.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el jueves la posibilidad de nacionalizar parte de la producción de energía mediante la creación de una entidad pública que agrupe a las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan venciendo. Es esta una forma de intervención indolora para las empresas, pero muy lenta de ejecutar, dado que en un contexto de urgencia, la iniciativa requiere de años de espera para ser efectiva.

Así lo cree Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico. “Si el control del agua pasara a Red Eléctrica o a otra empresa pública, podrían generar electricidad al coste mínimo para que no perdieran dinero en vez de al coste de oportunidad, como sucede ahora, pero eso con una instalación ni se notaría. Hacen falta que vayan caducando muchas de ellas, y a algunas les quedan muchísimos años”.

Ramón Mateo, consultor en proyectos relacionados con la transición ecológica, cree que la propuesta tiene cierta base económica, dado que los propietarios de las hidroeléctricas están percibiendo grandes ingresos gracias al diseño del mercado y no a su tecnología. Si fuera a manos públicas, apunta este economista, ese dinero podría dedicarse a la sostenibilidad del sistema. Pero niega que sea una solución a la subida de la factura. “Las concesiones de centrales hidroeléctricas, en su práctica totalidad, vencen a partir del año 2030. No permitirían, por tanto, actuar con la inmediatez que requiere la situación actual. Por tanto, el debate sobre esta gestión pública de las hidroeléctricas debería separarse del actual debate sobre las medidas para amortiguar la escalada de precios”.

La conclusión, por tanto, es que no servirá para apaciguar el ascenso de los precios a corto plazo. La propia ministra Ribera es consciente de la dificultad para atajar la subida con rapidez. “Quien diga que hay una sola medida que nos puede permitir cambiar las cosas de un día para otro en el BOE no tiene ni idea de lo que está diciendo o está haciendo demagogia barata”, afirmó este viernes en La Sexta. Respondía así a las palabras del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien afirmó que si hubiera voluntad el problema podría solucionarse “mañana” con un decreto ley que limitara el precio del megavatio/hora.

La oposición rechaza la creación de la empresa pública. El Partido Popular la ha tildado de “disparate”, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha pedido al Gobierno “no copiar lo que hacen en Venezuela”. Sin embargo, Unidas Podemos cree que se trata de una reivindicación legítima, y recuerda que Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón tienen empresas públicas de generación de energía. Como la tenía España hasta que Endesa fuera privatizada y más tarde vendida a la italiana Enel. Ahora, la participación pública en el sector se limita a un 20% de las acciones de Red Eléctrica de España (REE) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero REE gestiona las redes de transporte de la energía, y no se dedica a la generación ni a la comercialización, por lo que no puede influir en los precios.

EDF, un símbolo francés

Entre los países que cuentan con empresas públicas de energía, el caso francés es el más conocido. El Estado posee el 83,77% de EDF, un gigante de la generación con una importante cartera de energía nuclear formada por 56 reactores. El resto de su propiedad se reparte entre inversores institucionales, empleados y pequeños accionistas. Su carácter público es prácticamente sagrado en Francia. Cuando en 2005 se privatizó parcialmente sacando a Bolsa un 15% de su capital hubo intensas protestas en las calles y sus trabajadores cortaron la conexión eléctrica con España y llegaron a dejar sin electricidad en sus domicilios a varias personalidades políticas. Así lo expresaba Matthias Heddenhausen en un informe encargado por la Comisión Europea sobre las privatizaciones. “Para entender una crítica tan masiva al plan de privatización, uno ha de considerar el papel de EDF como servicio público. Es una de las empresas más respetadas, presente incluso en las zonas más remotas del país”, aseguraba.

En 2019, antes de la pandemia, los beneficios de la firma se cuadruplicaron, hasta los 5.155 millones de euros, buena parte de ellos en el Reino Unido e Italia. Pero no es oro todo lo que reluce. Está fuertemente endeudada. Y el presidente Emmanuel Macron se ha encontrado con una feroz oposición de los sindicatos y Bruselas a su intento por reorganizar la compañía. Al grupo le falta músculo financiero para abordar las cuantiosas inversiones necesarias para prolongar la vida de su flota nuclear y a la vez desarrollar energías renovables. Francia quiere que se revise el mecanismo que obliga a EDF a vender parte de su electricidad nuclear a precios reducidos a sus competidores.

¿Mejores contra el cambio climático?

La italiana Enel, la misma que acabó haciéndose con Endesa tras una dura puja, tiene una participación estatal muy inferior. El Tesoro italiano controla un 23,6% de sus acciones, y más del 60% está en manos de inversores institucionales. Pero esa participación ha podido serle útil en ciertos casos. En 2018, en plena disputa por la compra de la brasileña Eletropaulo, Iberdrola la acusó de recibir un trato preferente del Estado italiano que le permitía obtener una financiación más barata. Finalmente, Enel acabó ganando el pulso y se hizo con la compañía brasileña.

La austriaca Verbund (participada por el Estado en un 51%), la sueca Vattenfall (100% estatal) o la finlandesa Fortum (50,76%) son otros ejemplos. En un informe de 2018, la OCDE afirma que estas empresas públicas o semipúblicas pueden desempeñar un papel importante en la descarbonización, dado que en muchos casos están bajo la tutela de gobiernos alineados con los objetivos de reducción de emisiones. “Los países, regiones y municipios con empresas públicas pueden influir directamente en la combinación energética, invirtiendo más en energía renovable y menos en tecnologías de combustibles fósiles”, afirma. El organismo cree que, al ser públicas, no deben preocuparse solo de sus resultados económicos, aunque cita como obstáculos al cambio hacia inversiones renovables su mandato de garantizar el suministro energético a un precio asequible y el mantenimiento del empleo.