Bruselas negocia el cierre de la nueva Política Agraria Común después de tres años de discusiones

Tras el acuerdo político suscrito el pasado mes de octubre y el logrado en las últimas horas entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, los ministros comunitarios de Agricultura intentarán cerrar entre este lunes y este martes las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se han desarrollado durante los últimos tres años y cuya entrada en vigor se aplazó dos años, hasta 2023. Si se consiguiera un acuerdo, el ministerio que dirige Luis Planas negociará durante la próxima quincena con las comunidades autónomas las condiciones para su aplicación, que se deben contener en el Plan Estratégico que se está acordando con los gobiernos regionales para su remisión a Bruselas antes de que acabe el año.

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A grandes rasgos, hay cuatro líneas que marcarán la diferencia de la nueva PAC: el mayor peso de la política verde, al suponer más 40% del presupuesto por la condicionalidad reforzada; un impulso a la política de redistribución de los fondos; una mayor simplificación en su gestión; y la exigencia de que se compruebe si las actuaciones han sido eficaces, más allá de los controles para determinar que los gastos se han hecho correctamente.

En el caso de España, la nueva PAC contará con 47.724 millones de euros para un periodo de siete años, de los que unos 5.000 millones anuales corresponden a pagos directos, un volumen similar al percibido en el periodo anterior, pero que por el efecto de la inflación el sector considera que es un 10% inferior. Según un estudio de la UE, los fondos totales de la PAC suponen el 36% de los ingresos de una explotación y solo los pagos directos significan el 26%. Globalmente, de los 5.000 millones de fondos para los pagos directos, los recursos destinados para ayuda básica a la renta representarán casi el 60%.

Una de las novedades más importantes es la política de los ecoesquemas, medidas complementarias que puede ejecutar un agricultor o ganadero más allá de las exigencias en materia de condicionalidad para percibir las ayudas. Para estos fines, España defendía inicialmente solo un 14% y luego se sumó al 20% que planteaba Alemania. El Parlamento Europeo proponía que ese porcentaje llegara al 30% y finalmente será del 25%, que está previsto se aplique de forma progresiva en dos o tres años comenzando por el 20%. Para España supone desviar de los pagos directos más de 1.000 millones de euros.

En principio, los ecoesquemas serían obligatorios para todos los países. En España entrarían prácticas como la mejora en la sostenibilidad de los pastos, sistemas de siega, márgenes, la rotación de cultivos, cubiertas vegetales, pastoreo extensivo, la agricultura de precisión, gestión de nutrientes, alternativas a la quema de rastrojos, mejora y conservación de los suelos, siembra directa o mejora de la biodiversidad. El consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, considera que deberían tener como destinatarios prioritarios a las pequeñas y medianas explotaciones.

Un tope por beneficiario

En el marco de la política redistributiva defendida por la UE, se negoció un techo de 100.000 euros por peticionario con un ajuste del 25% a partir de los 60.000 euros; del 50% entre 75.000 y 90.000 euros; y del 80% a partir de los 90.000 euros. Su aplicación será voluntaria en cada país. Los ministros deben definir los techos sobre la convergencia de ayudas en el marco comunitario para corregir las actuales diferencias y se baraja que sea del 85% en 2026. En España, Agricultura lo ha regulado estableciendo que en una misma región el pago más bajo en 2021 debe superar el 70% de la media regional para llegar al 80% en 2022, medidas que han sido motivo de protestas en algunos territorios. El objetivo oficial es que por una misma actividad cobre lo mismo un agricultor que otro. Se deberá decidir el porcentaje de los fondos que se apliquen en la política redistributiva y el porcentaje máximo a pasar de uno a otro pilar, pagos directos y desarrollo rural. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) defiende que los pagos redistributivos sean, al menos, el 12% de los fondos para apoyar a la explotación familiar.

Las ayudas para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, que suponen actualmente hasta el 2% de los fondos, mejorarán al tener que llegar “como mínimo” a ese 2%, con el techo de 100.000 euros.

Una puerta abierta al debate a última hora es la exigencia de la condicionalidad social y el cumplimiento de las normas sobre contratación laboral para cobrar las ayudas. Sobre la definición del agricultor destinatario prioritario de las ayudas, las propuestas prevén la necesidad de que los ingresos por la actividad supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. Se debe definir el número de las primeras hectáreas de una explotación con una ayuda superior.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclama el mantenimiento de la prioridad en los pagos para los profesionales. También apoya la política medioambiental, pero teme que con los actuales planteamientos de la política verde, reducción de fertilizantes, fitosanitarios, antibióticos o más superficie ecológica se esté poniendo en peligro la propia autosuficiencia alimentaria en la UE, que defendía la PAC inicial del pasado siglo, en un escenario de escasez mundial de alimentos. Mientras, señala, hay barra libre para las importaciones desde países con menos controles y con otras exigencias de calidad, que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones familiares frente a los grandes grupos.