Un rayo de luz para los sindicatos en EE UU

Prometer ayuda a los sindicatos durante la campaña y olvidarse de ellos en cuanto se ganan las elecciones. Con algunos matices, ese ha sido el guion de los candidatos demócratas durante las últimas cuatro décadas. Hasta que Joe Biden llegó al Gobierno de Estados Unidos y promulgó el sueldo mínimo de 15 dólares por hora para los empleados estatales, impulsó un proyecto de ley por los derechos de los trabajadores y envió un sorprendente mensaje de apoyo a los operarios de una planta de Amazon en Alabama. “Los sindicatos dan poder a los trabajadores, nivelan el terreno de juego”, dijo en un vídeo. “No debería haber intimidaciones, amenazas ni propaganda antisindical”, añadió.

La referencia a Franklin Delano Roosevelt parece inevitable. El presidente del new deal fue también el que legalizó la organización sindical con la Wagner Act (1935) y el que gobernó durante el esfuerzo industrial de Estados Unidos por la II Guerra Mundial. Medidas de gasto público y ampliación de derechos comparables a la iniciativa legislativa bautizada como PRO Act con que Biden quiere facilitar la organización sindical y a la inyección fiscal de 1,9 billones de dólares con la que pretende crear millones de empleos luchando contra el cambio climático y mejorando las infraestructuras.

Hasta ahí los paralelismos. Como dice Jake Rosenfeld, sociólogo de la Washington University en St. Louis, Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser el país de Roosevelt. Igual que en Europa Occidental, la automatización y desindustrialización volvieron menos común el empleo en los grandes centros fabriles que sirvieron de pilar fundamental para la organización sindical. Pero eso no explica, dice, todo el declive que los sindicatos han sufrido en Estados Unidos, donde los afiliados pasaron de representar 1 de cada 3 trabajadores en 1954 a 1 de cada 10 en 2020 (10,8%, de acuerdo con los datos del US Bureau of Labour Statistics).

Según Rosenfeld, “la prueba de que el declive de los sindicatos en el sector privado de Estados Unidos ha sido más profundo es que también se desmoronaron en sectores como la construcción o el transporte por carretera, que no perdieron empleos por la automatización o las importaciones”. En su opinión, la clave está en las tácticas contra la organización de los trabajadores que a lo largo de los años han ido desarrollando los empleadores. “Hay un manual estándar de medidas, algunas ilegales, otras perfectamente legales, que dan bastantes garantías de éxito a los empleadores privados decididos a evitar sindicatos en sus centros”.

Represalias

Desde forzar a los trabajadores a asistir a reuniones en las que se les intimida o se les desinforma sobre las consecuencias de formar un sindicato hasta despedir a los referentes del movimiento. Según Rosenfeld, ninguna de las medidas es legal, pero el castigo previsto hasta ahora es demasiado leve como para que las empresas antisindicato dejen de tomarlas. “Al despedido por iniciar medidas sindicales lo tendrán que recontratar, pero después de un montón de tiempo, cuando el impulso organizativo ya se ha disuelto”.

Son tácticas que en opinión de Stuart Appelbaum, dirigente del sindicato de empleados de comercio de Estados Unidos, no podrían seguir haciendo si pasase la PRO Act, que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes. Su pronóstico para los próximos años es viento de cola para la organización de los trabajadores en EE UU. “El de Biden ha sido el mensaje más potente en favor de los sindicatos jamás enviado por un presidente, y eso está contribuyendo al desarrollo de la opinión pública”, dice Appelbaum, cuya organización perdió en abril la elección por la sindicalización de la planta en Alabama de Amazon (apelada por supuestas prácticas intimidatorias de la empresa).

La opinión pública está de su parte. En un sondeo para EE UU publicado en septiembre por Gallup, un 65% de los consultados dijeron aprobar la labor de los sindicatos, con una mayoría abrumadora entre los encuestados demócratas (83%) y un porcentaje muy significativo entre los que se identificaban como republicanos (45%). A pesar de ello, las personas consultadas para la elaboración de este artículo coincidieron en la dificultad de aprobar la PRO Act en el Senado si no hay antes una reforma del proceso legislativo que termine con el filibusterismo (como se conoce a las tácticas dilatorias que permiten el bloqueo de leyes a un partido en minoría; en este caso, el Republicano).

La resistencia del Partido Republicano a la organización de los trabajadores no es un fenómeno nuevo. La novedad, dice Rosenfeld, es lo explícito del apoyo de un presidente demócrata como Biden, “cuando a los anteriores gobiernos de su partido, incluido el de Obama, parecía darles vergüenza que los asociaran con el movimiento sindical”. “Si eso ha cambiado, se debe, en parte, al reconocimiento dentro de las filas demócratas de lo crucial que es un movimiento sindical fuerte en la lucha contra los graves problemas que enfrentamos, como la creciente desigualdad”, dice.

Según un estudio publicado por Princeton, la afiliación a los sindicatos en los años treinta fue determinante en la reducción de la desigualdad, especialmente para las personas que por su raza o cualificación eran más proclives a recibir una paga peor. De acuerdo con Suresh Naidu, profesor en Columbia y uno de los autores del estudio, los datos para los últimos 80 años también confirman que la paga de los afiliados ha sido entre un 10% y un 20% superior a la de los no afiliados. Por eso cree que las medidas de Biden para facilitar la organización sindical pueden ayudar, “aunque al final todo va a depender de si la gente va a votar o no por organizarse”: “¿Los estadounidenses quieren que haya sindicatos y hasta ahora ha sido demasiado difícil por la oposición de los empleadores? Yo creo que es así y que sí los quieren, pero me puedo equivocar”.