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Las incertidumbres del Imserso al descubierto

El sector turístico espera que el Gobierno despeje incógnitas después de aprobar los programas de vacaciones sociales y termalismo

Miguel Ángel Noceda
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.Fernando Alvarado (EFE)

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el acuerdo por el que se autorizan los límites de gasto para posibilitar al Imserso la contratación de los servicios de turismo y termalismo social y tiene previsto completarlo en su próxima reunión con la aprobación de la convocatoria de los concursos de adjudicación de los programas. Esta decisión desbloquea una situación que el sector turístico viene reclamando desde octubre y que el Imserso, instituto que depende del Ministerio de Asuntos Sociales que ahora ocupa Ione Belarra, por alguna razón lo había rechazado sistemáticamente.

Son más de 100 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han estado retenidos. Traducido a ingresos para las empresas, más de 600 millones de facturación que generan más de 10 millones de pernoctaciones atendidas por más de 30.000 personas, en su mayoría fijas discontinuas, que ya habían agotado sus prestaciones sociales, y que las empresas se han visto obligadas a incorporarlas a sus ERTE desde el 1 de junio.

Falta hacía en el sector. Los principales destinos reclamados por los usuarios (Benidorm, Baleares, Canarias…) y más de 100 pueblos cuya economía depende fundamentalmente de la actividad de sus balnearios, estaban a la espera de que se resolviera un retraso inexplicable en un momento como el actual, en el que la incidencia de la pandemia en una población ya prácticamente vacunada permitía dar el paso.

En efecto, el sector turístico había solicitado la declaración de emergencia o urgencia para las contrataciones y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a pesar de no depender el Imserso de su ministerio, recogió el guante y se aventuró a transmitir públicamente que los balnearios podrían reiniciar su programa de Imserso en julio y el programa de vacaciones en octubre. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora nada se había hecho, y desde los sectores afectados (agencias de viaje, transporte aéreo y por carretera, hoteles y balnearios) desconocían fechas reales del reinicio.

Uno de los conflictos que ha trascendido es que el Imserso no quería reconocer en los precios de los contratos de los nuevos programas los incrementos de los costes laborales, energéticos o de los alimentos que las empresas han soportado desde la firma de los anteriores contratos en 2018, algo obligado por la Ley de Contratos del Estado. A estos costes habría que añadir además los operativos, derivados de la implantación de los protocolos de prevención de contagio de la covid-19, que pueden elevar otro 15% los costes de funcionamiento de cualquier actividad turística. Finalmente, parece que esto también se asumirá desde Imserso y se producirá un incremento del precio en las plazas, atendiendo parcialmente las demandas, según fuentes del sector.

Esas fuentes se preguntan cuál ha sido la razón por la que el Imserso ha resuelto en una semana algo que se lleva meses solicitando. ¿Por qué, si todos los mayores ya están vacunados y la previsión del Gobierno era que lo estuvieran para junio, no se han dado los pasos administrativos que hubieran permitido arrancar en julio los programas, aliviando así la complicada situación que está enfrentando el sector turístico, y más tras la negativa del Gobierno inglés a reconocer a España como destino seguro, lo que hace depender al sector en gran medida del turismo nacional?, se cuestionan.

En ese sentido, el sector turístico se muestra ninguneado cuando se trata del que más empleo genera en España y le genera suspicacias que sea con ministros de Unidas Podemos. Primero fueron las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón; después, la pasividad mostrada por Pablo Iglesias, siendo vicepresidente y responsable del Imserso, pasividad que hasta esta semana ha mantenido su sustituta Belarra. Asimismo, critican que se obligara a incorporar a los fijos discontinuos a los ERTE de las empresas con la asunción de unos costes en el próximo semestre que pueden suponer la puntilla de establecimientos que llevan sin facturar ni un euro desde marzo de 2020.

En función de las condiciones, podría iniciarse una cascada de impugnaciones del concurso del programa de turismo social, al que ya han anunciado su intención de presentarse, además de los anteriores adjudicatarios, las UTE Mundosenior (Barcelo y Globalia, ahora fusionadas) y Mundiplan (Iberia y Alsa) y El Corte Inglés, que se presenta por primera vez en alianza con Logitravel. Curiosamente varios directivos de estas UTE han saltado de unas compañías a otras, lo que parece augurar una disputa más allá de lo comercial y de la que quedarían al margen los balnearios porque su modelo de contratación es diferente (negociado sin publicidad).

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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