El PP propuso una enmienda para recortar los ‘beneficios caídos del cielo’ hace solo 12 días

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado este martes en la sesión de control en el Senado, durante un debate sobre las medidas eléctricas adoptadas por el Gobierno como la nueva estructura tarifaria y el anteproyecto de ley para reducir la retribución a las instalaciones que no emiten CO2, que el PP registró en el Congreso una enmienda, el pasado 26 de mayo, similar a la que critica. La enmienda plantea, en concreto, que “el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrollará, en el plazo de tres meses, un mecanismo de limitación de la sobrerretribución que puedan recibir las tecnologías no emisoras de CO2 como consecuencia de la incorporación del precio del CO2 a los precios del mercado mayorista de la electricidad por parte de las tecnologías emisoras”.

Según justifica el Grupo Popular en la enmienda al artículo 5.4 del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a la Solvencia Empresarial y al Sector Energético, y en Materia Tributaria (procedente del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre), con esta medida se conseguirá, entre otros objetivos, amortiguar “los efectos perniciosos de la extrema volatilidad y las prácticas especulativas en los precios del CO2, para mitigar lo que se ha venido en denominar windfall profits (beneficios sobrevenidos o beneficios caídos del cielo) que pueden generar a las tecnologías que no precisan de derechos de emisión de CO2″.

Para el PP, el impulso a la competitividad de la industria es clave en la transición a una economía descarbonizada y los ingresos procedentes de las subastas de derechos deben emplearse en mayor medida en ayudar al sector para su proceso de adaptación. Según le ha subrayado la vicepresidenta cuarta al senador popular José Manuel Juncal Rodríguez, la finalidad y contenido de esta enmienda presentada por el Grupo Popular es similar a la medida de la que se informó el pasado martes en el Consejo de Ministros, incluida en el anteproyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.

El senador Juncal Rodríguez acusó al Gobierno de adoptar un “tarifazo” con el que se mueven los importes por horas de la luz, “complicando las vida a los empresarios y a las familias” y de buscar medidas como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) o el dividendo de CO2 que son “una patada y huida hacia adelante”. “Se carga el principio de neutralidad tecnológica, va provocar cierre de las nucleares. Se ha cargado de un plumazo la seguridad y estabilidad jurídica ¿Quién invertirá y financiará la transición?”, se cuestionó.

Además de mostrarse sorprendida de que el PP critique una medida como el anteproyecto de ley del dividendo de carbono que ha propuesto, Ribera aseguró que este Ejecutivo ha eliminado “impuestos tan sorprendentes como el impuesto sol y reducido la litigiosidad en esa especie de pesadilla en la que nos habían metido de arbitrajes internacionales”.

Este mismo lunes el ministerio solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, además de investigar si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico con la aplicación de la nueva tarifa, analice el impacto que ha tenido en los consumidores domésticos, industriales y, sobre todo, en las pymes. A juicio de los expertos, serán estas las que mejor reflejen los beneficios de la nueva estructura.

La nueva factura eléctrica, que entró en vigor el pasado 1 de junio, supondría el abaratamiento de, como mínimo, un 3,4% en el recibo de 19 millones de consumidores domésticos sin discriminación horaria, según estimaciones de la CNMC. Ello coincide con que el precio del recibo de la luz para un usuario medio se ha disparado un 42% en los siete primeros días de junio con respecto al mismo mes del año pasado por el aumento del CO2 y el gas. Ribera defendió que el objetivo del Gobierno con el anteproyecto de ley es “trabajar en un esquema donde parte de esa rentabilidad pueda ser disfrutada por el conjunto de los consumidores, también los industriales”.