Una estrategia de bienestar social a largo plazo

La sociedad española, como cualquier empresa o institución, necesita una visión estratégica del modelo económico y social al que aspira, a la que supeditar sus políticas y decisiones. Esta es la estrategia que han seguido algunos “milagros” económicos, como Singapur en su apuesta por la innovación, por citar uno de los ejemplos más conocidos. Cuando un país está en la frontera mundial del progreso económico y social, tiene que imaginar su futuro. Si, como es el caso de España, su bienestar social todavía está por debajo de otras sociedades con las que comparte un proyecto político, económico y social en la UE, emular los logros económicos y sociales en estos países supone una aspiración ambiciosa, pero realista. Con esta idea escribimos el libro En Busca de la Prosperidad, en el que planteamos la comparación de España con las ocho economías más avanzadas de Europa.

La convergencia de España con estas sociedades prácticamente se interrumpió hace cuatro décadas, tanto en renta per cápita como en los indicadores agregados del bienestar, que adicionalmente incluyen la desigualdad, las horas de trabajo, la esperanza de vida y la sostenibilidad medioambiental. Las causas de esta falta de convergencia son múltiples, pero, como ocurre con la tasa de paro, las brechas en renta per cápita y bienestar se amplían en las recesiones y se reducen en las expansiones, por lo que pueden definirse como estructurales o de largo plazo. Las diferencias existentes vienen de lejos, pero no son producto de la causalidad o de la fatalidad. Por el contrario, son el resultado de la interacción de diferentes debilidades estructurales en nuestro capital humano, en los mercados de trabajo y productos, en el sistema productivo, en el sector público y en la calidad de nuestras instituciones, que llevamos tiempo sin corregir con la suficiente ambición. La España de 2021 es el resultado de los errores y aciertos de los últimos cuarenta años, de la misma manera que nuestra situación en las próximas décadas dependerá de decisiones que se vayan adoptando desde ahora.

Tenemos que corregir los desequilibrios del pasado y prepararnos para superar los retos futuros. Los que ya conocemos anticipan un enorme potencial para alterar nuestras sociedades. Más allá de la crisis de la covid, ya estábamos afrontando enormes cambios demográficos y migratorios, la disrupción digital o la transición energética hacia una economía neutra en emisiones. Pero esta tarea necesita tiempo. Reducir a la mitad la brecha de capital humano de la población adulta nos ha llevado medio siglo. Eliminar la que todavía nos queda requerirá un plazo no inferior a una generación. Acabar con la inaceptable diferencia de diez puntos que separa nuestra tasa de paro estructural con la de las economías europeas más avanzadas difícilmente puede hacerse en menos de una década. Facilitar e incentivar que las empresas crezcan, aumenten su productividad y competitividad, o se digitalicen precisa de un esfuerzo continuado durante varias legislaturas. Y lo mismo puede decirse de la lucha contra el cambio climático, la reducción de la desigualdad o la modernización de un estado del bienestar que necesitamos más eficiente y con más recursos.

Para todo ello es necesario pensar estratégicamente, lo que exige también resolver los problemas más urgentes con soluciones consistentes con los objetivos de largo plazo. Hay que ser también conscientes de que no se acertará necesariamente a la primera, que las restricciones de economía política requieren aplicar medidas de manera gradual, evaluarlas continuamente, admitir los errores y corregir lo que no funciona. Teniendo en cuenta las tendencias previsibles en un horizonte de varias legislaturas, la estrategia España 2050 propone un amplio y útil conjunto de objetivos (que no predicciones) y de medidas para alcanzarlos, sobre las que construir los consensos sociales y pactos de estado necesarios. Unos objetivos precisos y cuantificados que permiten el seguimiento de los logros alcanzados en cada uno de ellos y que facilitarán valorar la acción del gobierno de turno en cada momento.

Javier Andrés (Universidad de Valencia) y Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia)