Luces largas

El proyecto estratégico España 2050 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer es una iniciativa saludable que debe ser bienvenida por representar, desde un impulso ambicioso, una mirada de país de largo alcance. La prospectiva es un ejercicio necesario y común en los países más avanzados de nuestro entorno. Y lo es, entre otras cosas, porque la acción pública, desgraciadamente, cada vez más parece autoconfinarse por cálculos de distinta índole en el corto plazo. España, en concreto, es un erial en temas de prospectiva. En ese sentido, esta iniciativa es útil para empujar a nuestro país en una dirección mejor. La reflexión, que ha contado con el trabajo de un nutrido grupo de expertos, representa un ejercicio académico valioso. Sin duda habría sido un punto de partida más útil si se hubiese gestado bajo impulso del Parlamento en vez del Ejecutivo. A pesar de que el presidente lo presentó como un trabajo que no es del Gobierno, el hecho de que el informe fuera propiciado desde La Moncloa complica su recorrido.

En cuanto al fondo de la cuestión, debe observarse que si los problemas del presente son acuciantes, ello no significa que deba renunciarse a la reflexión estratégica. El estudio esboza escenarios y propone caminos que son una interesante base de debate. Muy sensata parece la apuesta por equiparar la presión fiscal española a la media europea y, en concreto, el impulso a la fiscalidad verde, por ejemplo con la sugerencia de prohibir el uso del avión en trayectos que puedan “realizarse en tren en menos de dos horas y media”. Correcto también es el acento en mejorar los canales de inmigración legal a la vista del desafío demográfico que España afronta. Indiscutible es la apuesta prioritaria por la Educación, con la idea de mantener el gasto aunque se vaya reduciendo por cuestiones demográficas el número de alumnos. De esta manera, podría alcanzarse un gasto por estudiante similar al de países como Dinamarca. Lógica también es la propuesta de elevar el gasto público en Sanidad y las minuciosas recomendaciones que se dan para lidiar con una sociedad que va a necesitar más cuidados, por su longevidad, y que van a necesitar financiación adecuada. Menos evidentes son propuestas como la “herencia pública universal”. En esto radica el mérito de la iniciativa, en levantar el mapa de los próximos desafíos y en forzar una conversación necesaria sobre el país que queremos ser, aunque en ocasiones sus indicaciones puede tener algo de brindis al sol.

Y ahí está el problema. En el actual clima político español, desgraciadamente no parece realista pensar que este documento académico pueda servir de base de un sano debate. Por ello, hubiese sido más oportuno alimentarlo de forma transversal desde el Parlamento en vez de por iniciativa de La Moncloa. Estrategias a décadas vista requieren, por definición, amplios consensos entre las fuerzas llamadas, en alternancia, a implementarlas. Que hubiese sido mejor, sin embargo, no justifica de ninguna manera que el líder de la oposición, Pablo Casado, calificara la iniciativa de “insulto a los españoles”. Produce realmente perplejidad un planteamiento tan radical. Ojalá la política española logre elevarse del inmediatismo táctico que hoy impregna todo, de una manera u otra. De momento, no hay muchos motivos para el optimismo.