Sánchez prepara el contraataque

La Moncloa y el PSOE empiezan lentamente a salir del shock. Las elecciones madrileñas golpearon muy duro al presidente, que se implicó en su comunidad de origen, gran agujero negro del PSOE desde hace un cuarto de siglo. Nadie en su entorno imaginó que, tras el éxito de Cataluña, un error de cálculo con una fallida moción de censura en Murcia acabaría en una victoria aplastante del PP en Madrid que ha destrozado a Ciudadanos. Sánchez no quiere hacer una crisis de Gobierno en estos momentos, señalan varios ministros y dirigentes socialistas. Tal vez en octubre, en el contexto del próximo Congreso Federal del PSOE, para retomar impulso. Pero no ahora.

“Sería entrar en el marco que quiere establecer el PP de que hay un cambio de ciclo y estamos hundidos. Y no es así. Al PP se le van a hacer muy largos los 32 meses que quedan”, señala un ministro. 32 meses, la cifra que Sánchez ha repetido esta semana, son 960 días con sus portadas de periódico diferentes. Una eternidad en la eléctrica política española, que consume a toda velocidad líderes como Albert Rivera o Pablo Iglesias e incluso partidos.

La Moncloa se esfuerza por cambiar radicalmente la agenda política que surgió de la derrota madrileña, y para ello tiene diseñado un contraataque con tres ejes: vacunación —el récord de 600.000 en un día del viernes refuerza la idea de que el verano será tranquilo y cambiará por completo el ambiente social—; recuperación económica —esta semana han llegado buenas previsiones de la Comisión Europea—; y reformas progresistas para cumplir con el programa de Gobierno de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Pasada una primera semana tras el fiasco de Madrid, en la que Sánchez estuvo casi escondido, con un perfil muy bajo, el presidente está multiplicando su presencia para reforzar su imagen y vincularla a noticias positivas. El viernes visitó un laboratorio, donde anunció la llegada de millones de vacunas nuevas. Esta semana tendrá como hito el jueves, cuando presentará en el museo Reina Sofía un ambicioso documento que La Moncloa lleva preparando un año con 100 expertos españoles en todo tipo de disciplinas, especialmente economistas, aunque también sociólogos, científicos, expertos en educación o en transición ecológica, varios de ellos con cátedras en universidades extranjeras, para diseñar el llamado plan España 2050.

Entre quienes han colaborado en el documento hay economistas como Javier Andrés, Antonio Cabrales, Aida Caldera o Sara de la Rica. Son 10 grupos con una decena de expertos cada uno, que han mantenido docenas de reuniones telemáticas para plantear los retos pendientes de una sociedad como la española, envejecida y especializada en trabajos que corren alto riesgo de quedar obsoletos con la digitalización.

El plan, que ha costado un año concluir en plena pandemia, contiene un conjunto detallado de reformas pendientes para las próximas tres décadas con el objetivo de modernizar la economía del país y, sobre todo, recualificar a la población para enfrentarse a una forma de trabajo completamente diferente.

Los debates han sido muy intensos y algunas posiciones generaron suspicacias en el PSOE y en Unidas Podemos, hasta el punto de que se retrasó su aprobación. En muchos puntos polémicos se han suavizado las conclusiones para evitar la tensión con ambas fuerzas.

Finalmente hay acuerdo, aunque hubo discusiones intensas en cómo reformar el mercado laboral o las pensiones, uno de los asuntos donde tampoco hay consenso de momento dentro la coalición para la próxima reforma comprometida con Bruselas y que debería tramitarse en 2022. El documento lo ha coordinado la oficina de prospectiva de La Moncloa, dirigida por Diego Rubio, que depende directamente de Iván Redondo, el jefe de Gabinete de Sánchez.

Antes de esa gran presentación, que contará con la presencia de los expertos, pero también de empresarios y sindicatos, Sánchez participará el miércoles en el congreso que celebra la UGT en Valencia. Para el Gobierno es clave tener un gran acuerdo con sindicatos y patronal en este momento, y confía en lograrlo también para la reforma laboral, asunto central de la coalición que genera intensos debates pero que se ha colocado ya como medida estratégica para tener lista este año.

También en Valencia se hará en octubre el congreso del PSOE. Esta es la única de las cuatro comunidades más pobladas donde gobiernan los socialistas, en coalición con Compromís y Unidas Podemos. La gestión de Ximo Puig se ha convertido en un referente para La Moncloa, que la presenta como antítesis de Madrid. En la Comunidad Valenciana los casos se dispararon en enero, hasta casi 1.500 contagios por 100.000 habitantes. Puig, con el apoyo de una población que —según explica él mismo— se lo tomó muy en serio, decidió cerrar de forma radical y apostar por mucho rastreo y ayudas a la hostelería. El resultado es evidente: ha bajado hasta 35 casos, 10 veces menos que el País Vasco y ocho menos que Madrid, hasta convertirse en la región con menos casos de Europa entre las más pobladas.

El Gobierno quiere usar al máximo el ejemplo valenciano. Esta semana, el Ejecutivo ha tomado una decisión que tiene un efecto deportivo, pero es claramente política: la autorización del público en los estadios de futbol, aunque solo en las comunidades donde la pandemia está controlada. Así quedan en evidencia las diferencias de gestión: la Comunidad Valenciana o Galicia sí tendrán partidos con público, pero Madrid no. Además, el Gobierno ha destacado que por culpa de comunidades como Madrid o el País Vasco, que suben la media, otras que han hecho bien el trabajo (como la valenciana, Baleares o Canarias) no pueden recibir aún turistas ingleses, ya que el Reino Unido ha decretado que España aún no es zona segura porque se fija en la media nacional.

El Gobierno confía en recuperar la iniciativa con reformas como la derogación de la llamada ley mordaza, la nueva Ley de Memoria Histórica o la de formación profesional, pero sobre todo con medidas económicas, en especial la reforma laboral.

El Ejecutivo se centra también en consolidar su mayoría en el Congreso. El PSOE está a la espera de que se resuelva el Gobierno en Cataluña y que el Supremo le traslade el expediente para dar vía libre a los indultos de los presos del procés, una decisión política que está tomada, según fuentes del Ejecutivo, a la espera del momento adecuado para ejecutarla. Sánchez sabe que será muy polémica, pero está convencido de que ha llegado el momento de asumir ese coste para avanzar en la salida a la crisis política y social provocada por el procés independentista.

El Ejecutivo cree que la salida paulatina de la pandemia y la recuperación económica irán sepultando la euforia que vive el PP tras la victoria en Madrid y volverán las dudas sobre el liderazgo de Pablo Casado, al que aún ven débil. De hecho, ahora en el Gobierno, más que el PP, le preocupa una batalla interna: la posibilidad de que Susana Díaz gane las primarias andaluzas planteadas como un nuevo pulso entre ella y Sánchez, ya que se interpretaría como un duro golpe a la autoridad del presidente.

Sin embargo, si Díaz sale derrotada, Sánchez completará un control casi total del partido que rematará con el congreso de octubre y le permitirá pensar en un cambio de Gobierno para afrontar con más fuerza los dos años siguientes, cuando se jugará la legislatura y la posibilidad de seguir siendo el único socialdemócrata que gobierna uno de los grandes países de Europa.