Por una autoridad sanitaria independiente
España necesita una agencia independiente que ponga orden en las derivas de nuestro gasto sanitario, como ya tienen países del entorno
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Un grupo de trescientos profesionales y académicos se movilizaron a finales de 2020, cuando ni se conocían los detalles de lo que serían los planes para los fondos Next Generation, reclamando la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias, lo que coloquialmente y en referencia al organismo inglés con estas funciones se divulgó como HispaNICE.
Desde la experiencia de los rescates europeos como oportunidades para transponer reformas necesarias (así nació la AIReF), sometimos a la consideración pública la conveniencia de aprovechar la ocasión para que todas las partes aceptasen una agencia independiente que pusiera orden en las derivas de nuestro gasto sanitario. Algo inexcusable en un momento en el que las reivindicaciones para su aumento rompen todos los corsés financieros, con descosidos de difícil control y reconducción.
La propuesta fue acogida por nuestras autoridades con un clamoroso silencio —y algún que otro reproche susurrado— que algunos atribuimos a la posible resistencia a perder parcelas de poder administrativas en favor de nuevas instituciones públicas, similares a las ya existentes en otros países. Sorprendentemente, al leer ahora los más de trescientos folios del texto finalmente presentado en Bruselas llama la atención el abundante recurso a la liturgia de la “renovación y ampliación de capacidades de nuestro sistema de salud” (componente 18), la modernización de las administraciones públicas (el 11) y la reforma institucional (el 17). Y en el foco del objetivo se explicita la reforma de la regulación del medicamento, la racionalización de los productos farmacéuticos y el fomento de la sostenibilidad del sistema, así como la búsqueda permanente de la eficiencia en el gasto, intensificando los procesos de evaluación en tratamientos de alta complejidad. El documento rezuma “amor” por la evaluación económica —tan ansiada por los economistas de la salud—, el análisis coste-utilidad y los estudios coste-efectividad. Buenos propósitos y deseos para los que se presupuestan casi 11 millones.
Los destinatarios de estos recursos, sin embargo, son los actuales, sin atisbo de transformación alguna. Informes de posicionamiento terapéutico promovidos desde una dirección general del Ministerio y delegación de la evaluación económica al colectivo de farmacia hospitalaria (que viene años supliendo, informal y esforzadamente, la tarea que las administraciones sanitarias no hacían) y repartiendo juego entre las agencias evaluadoras regionales, con competencias y trayectorias muy dispares estas, y un rol ambiguo respecto a la implementación de métodos de evaluación explícitos y rigurosos.
La expectativa generada se hunde ante la sorpresa de los más evidentes dinamizadores. Entre ellos, los múltiples colectivos que llevan décadas trabajando en economía de la salud y una industria (no solo la farmacéutica) que demanda una conveniente transparencia en fijación de precios y reembolso de todo tipo de tecnologías sanitarias. No es que farmacéuticos hospitalarios y agencias de evaluación regionales no tengan un importante papel a desarrollar en la evaluación económica de medicamentos, pero ni la evaluación económica importa únicamente en los tratamientos farmacológicos (incluye pruebas diagnósticas, cribados poblacionales, programas de salud, prácticas de mejora de calidad, promoción de la salud, vacunas, etc.) ni la arquitectura legal e institucional propuesta es la deseable para esta finalidad.
El debate no es solo, ni principalmente, sobre qué hay que hacer, sino también sobre el cómo se hace para conseguir rigor y credibilidad. Ha llegado el momento en que ineludiblemente habrá que priorizar la cartera de servicios, cribar innovaciones de diferente valor y establecer indicaciones de tratamientos financiados para pacientes, mientras se muestra solidaria y compasivamente que todo para todos y de la mejor calidad no será posible. Sin una rectificación en los actuales planes gubernamentales, el sector sanitario está predestinado a hacer más de lo mismo. Ese es el sino que nos aguarda sin renovación, profesionalización e instituciones más solventes.
Queda desear que Europa, en su exigencia de reformas reales, corrija ese rumbo y acabemos por dotarnos de una Autoridad Independiente que responda adecuadamente a la demanda de buen gobierno de nuestras instituciones, colocando el Sistema Nacional de Salud de verdad en el siglo XXI. De momento, la propuesta de contar con dicha Autoridad solo ha obtenido el consabido “vuelva usted mañana” por respuesta.
Guillem Lopez i Casasnovas es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También firman el texto Ricard Meneu, Salvador Peiró, Ildefonso Hernández, Carlos Campillo, Francisco Martos, Ignacio Abásolo, Antonio García, David Cantarero, Berta Rivera, Rosa Urbanos, José Ma Abellán, Beatriz González y Vicente Ortún.
