FRAUDE DEL IVA

Desmantelada una trama que defraudó 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros informáticos

Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones

Agentes de la Guardia Civil, en uno de los registros de la Operacion Nadira contra el fraude del IVA en una imagen facilitada por Interior.
Agentes de la Guardia Civil, en uno de los registros de la Operacion Nadira contra el fraude del IVA en una imagen facilitada por Interior.EL PAÍS

Nuevo golpe policial en España a las mafias del IVA. Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a 22 personas como presuntas integrantes de una trama organizada que defraudó al erario con el impago de este impuesto más de 26,5 millones de euros con operaciones ficticias de compraventa de material informático, en su mayoría discos duros, dentro de la UE. La organización, dirigida por un empresario español, contaba con una compleja estructura societaria con varios escalones en la que llegaban a intervenir a la vez hasta una treintena de mercantiles.

Entre estas había compañías de lo que en la jerga se conoce como truchas —sin estructura ni empleados, encabezadas por testaferros, que no cumplían sus obligaciones fiscales y desaparecían a los cuatro o seis meses—, otras denominadas pantalla —que aparentaban cierta actividad y pagaban impuestos, aunque solo funcionaban como mucho los dos años— y empresas de distribución aparentemente legales. En los cuatro años que presuntamente llevaba actuando la trama, los investigadores calculan que pusieron en marcha más de un centenar de compañías, la mayoría en Madrid y Barcelona, pero también en otras provincias; y comercializaron más de un millón de dispositivos electrónicos por debajo del precio de mercado. Cerca de 15.000 de estos dispositivos fueron intervenidos por los agentes en el transcurso de los arrestos, realizados a comienzos de mayo, aunque hasta este martes no ha informado Interior.

La llamada Operación Nadira ha contado con la colaboración de las autoridades de Eslovaquia, Bélgica y Países Bajos, así como de especialistas de Europol y Eurojust, organismos europeos de coordinación policial y judicial. La investigación apunta a que los detenidos también han blanqueado más de 70 millones de euros moviendo los beneficios entre cuentas de las diferentes compañías hasta hacer llegar los fondos a países considerados paraísos fiscales o con legislación bancaria laxa. La justicia española ha ordenado 24 registros en tres países y ha adoptado medidas cautelares con el bloqueo de 13 inmuebles, valorados en 1,3 millones de euros, así como de 16 vehículos y de los saldos de decenas de cuentas bancarias abiertas en 33 entidades financieras de toda Europa a nombre de los miembros de la organización, según ha detallado en una nota el Ministerio del Interior.

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La operación que ha permitido desmantelar la trama se inició a finales 2019, al detectarse los primeros indicios de la existencia de un complejo entramado societario que incluía empresas en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y Países Bajos que durante, al menos, el año y medio anterior habían fingido la comercialización de discos duros entre países de la UE para defraudar al erario español a gran escala. Para ello, la red ahora desmantelada simulaba operaciones encadenadas de compraventa de productos informáticos que, sobre el papel, se realizaban entre mercantiles ubicadas siempre en distintos países de la Unión Europea, por lo que no debían pagar el IVA aprovechando el régimen de tributación transitorio existente para este impuesto en las operaciones intracomunitarias. Sin embargo, las pesquisas revelaron que, en realidad, estas compraventas internacionales eran ficticias y la mercancía, en realidad, no cruzaba tantas fronteras, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

El fraude arrancaba en cuatro empresas domiciliadas en Países Bajos que simulaban la venta de los equipos informáticos a otros países, cuando finalmente siempre eran enviados a España, donde quedaban almacenados en almacenes para su posterior comercialización. Una vez aquí, la trama utilizaba las empresas truchas para vender el material a otras empresas de la trama. En esa segunda venta, las sociedades truchas facturaban los discos duros con el IVA del 21%, al tratarse ya de una operación dentro del mismo país, pero nunca lo ingresaban a la Hacienda pública. Cuando la Agencia Tributaria comprobaba que la sociedad no había realizado este ingreso y lo reclamaba, la empresa desaparecía dejando detrás el simple nombre de un testaferro, en la mayoría de los casos drogodependientes o personas con escasos recursos que figuraban como titulares de las empresas y sus cuentas bancarias a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Para entonces, la trama ya tenía dispuestas otras sociedades truchas para continuar con la actividad delictiva.

Las empresas que habían adquirido el material informático eran, en realidad, sociedades pantalla que, si bien declaraban haber pagado el IVA, vendían los discos duros a un tercer escalón de la red formado por empresas de distribución mucho más estables. Estas eran la que, finalmente, comercializaban los discos duros a los mayoristas que terminaban vendiendo el material a los clientes particulares. Con este funcionamiento, la organización podía vender la mercancía a un precio muy inferior, gracias al margen que le daba el fraude previo del IVA, por lo que había llegado a acaparar el mercado español de discos duros.

Según las investigaciones, la trama podría haber introducido en el mercado español más de un millón de discos duros, un producto que por su elevado precio y pequeño volumen permitía a la trama reducir costes de distribución y aumentar su beneficio. Las primeras estimaciones de los expertos de la Agencia Tributaria cifran el importe de lo defraudado en más de 26,5 millones de euros, aunque fuentes cercanas a las pesquisas creen que, cuando termine el análisis de la documentación intervenida, esta cantidad “se puede multiplicar por cuatro”. Además, las actividades de la trama no acababan ahí y también disponía de una estructura financiera para blanquear los beneficios obtenidos, para lo que hacían que el dinero circulara en muy pocos días entre diferentes cuentas bancarias de varias empresas para dificultar su rastreo. Los investigadores estiman que la red ha llegado a lavar de este modo más de 70 millones de euros.

Los 22 detenidos, en su mayoría españoles, son acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. De hecho, la trama contaba con lo que fuentes cercanas a la investigación denominan “estructura piramidal” fuertemente jerarquizada en la que, además, sus miembros evitaban tener contactos directos para evitar que se les relacionase, detallan las fuentes consultas. En los registros en los domicilios de los implicados y en las sedes de empresas —18 en España, cinco en Países Bajos y uno en Bélgica—, los agentes se han intervenido de abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, así como de 14.780 discos duros preparados para su venta y otro material informático. En la operación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alcobendas (Madrid), ha participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, así como expertos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

Recientemente, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon otra organización similar en la llamada Operación Drosipán-Término. En este caso, por fraude de 7,3 millones en IVA entre 2017 y 2021 a través de la venta de vehículos de segunda mano. Esta red se apoyaba también en un entramado de sociedades instrumentales ficticias, situadas en Portugal, para introducir a España coches procedentes de Alemania. Después, vendía los vehículos a través de sociedades distribuidoras evadiendo el pago de impuestos. Con esta mecánica, la organización había introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros desde 2017.

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