Trabajo y las comunidades aprueban el reparto de 2.111 millones para políticas activas de empleo

El Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles por una amplísima mayoría el reparto de 2.111 millones para las políticas activas de empleo. Solo ha votado en contra Murcia, mientras que Cataluña, el País Vasco y Andalucía se han abstenido, según el propio departamento que dirige Yolanda Díaz. Además, también ha salido adelante, y este punto por unanimidad, la estrategia de empleo para los próximos años. Este es un primer paso en la reforma de las políticas activas (formación, acompañamiento a parados, búsqueda de empleo, ayuda a empresas), ya que sobre ella ahora debe comenzar a negociarse a tres bandas ―Ejecutivo, agentes sociales y autonomías― la Ley de Empleo que las regula. Este es uno de los cambios clave en el mercado laboral prometidos a Bruselas que deben estar listos y aprobados este año, según el calendario que se recoge en el plan de recuperación que el Ejecutivo tiene que enviar a la Comisión Europea antes del viernes.

Uno de los aspectos que más ha destacado la ministra Díaz al dar a conocer la aprobación del reparto de fondos es que un 45% de estos están sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos de ejecución que, según explica un responsable autonómico, vienen a estar ligados al volumen de personas atendidas en las oficinas públicas de empleo, la formación ejecutada o la tasa de inserción de parados. Para 2021, este reparto se habría hecho en base a los datos de 2019 y 2020. Para los ejercicios siguientes, se pretende crear una comisión con las comunidades que rediseñe estos indicadores, ha explicado Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal.

Además de esto, Díaz también ha apuntado que quiere desarrollar la evaluación de las políticas activas, una carencia resaltada reiteradamente por expertos y la Unión Europea cada vez que abordan el tema. Para hacer este examen, la ministra ha adelantado que cuenta con la Airef para analizar lo que sucede en el propio ministerio. Posteriormente, ha aclarado que si bien la Autoridad Fiscal no evaluaría a las 17 comunidades directamente, su impronta se notaría a través de la revisión que hace de la actuación de Trabajo, ya que este departamento es el que reparte los fondos. Este control, a diferencia de lo que se hace ahora, no será anual, sino más continuo: a los seis meses, a los 12 y a los 18.

Los 2.111 millones cuyo reparto se ha acordado este miércoles no representan toda la partida que se va a destinar a este capítulo durante 2021, faltarían todavía unos 1.400 millones más. En total son 3.500 millones este ejercicio, lo que supone un incremento sustancial sobre los ejercicios anteriores. Hay que tener en cuenta que en todos estos fondos no se contempla el dinero que se destina a las políticas de empleo en el País Vasco, ya que la transferencia de estas competencias a esta comunidad autónoma se pactó sobre la base de que se incluyera en el cupo vasco. Sí que se incluye, en cambio, el dinero de la comunidad foral navarra.

Del dinero que se ha repartido este miércoles, la partida más cuantiosa son los 1.175 millones que se dedican a la formación y las cuestiones más directamente vinculadas a políticas de inserción, como la financiación de los 3.000 orientadores que hay en los servicios autonómicos pagados por la administración central. La siguiente son los 600 millones que se destinan a los jóvenes. También hay una partida significativa, de 70 millones, para la modernización de los servicios públicos, un elemento que, como se ha demostrado durante esta crisis, se hace perentorio. La ministra Díaz lo ha ejemplificado hablando del “uso y despliegue de algoritmos y big data, sin sesgos, garantizando la neutralidad de la herramienta”. “Por ejemplo, todos conocemos la expresión ‘tenemos que ir a cuñar’, se trata de digitalizar todos estos elementos”, ha detallado.

Por comunidades autónomas, en el listado distribuido por Trabajo, se observa que Andalucía, con casi 350 millones, es la comunidad que recibirá la mayor cantidad de fondos. Le siguen Cataluña, con 345 millones, y Madrid, con 273 millones. En los comunicados emitidos tras la conferencia por varias comunidades autónomas se aprecia la satisfacción por el resultado de la misma, sobre todo, por el incremento de fondos que reciben este año. Este sería el caso de Baleares, que apunta que los 66,4 millones que percibirá suponen un incremento del 41,8%. También la Comunidad Valencia aplaude el aumento de fondos que le llegan, un 44% más, hasta los 210 millones.