La partida para políticas activas de empleo crece un 29,5%

Las prestaciones a parados consumirán 25.000 millones de euros

Un hombre pasa por delante de una oficina de empleo en Madrid.
Un hombre pasa por delante de una oficina de empleo en Madrid.Óscar Cañas / Europa Press

El gasto en políticas para reinsertar a parados subirá mucho el año que viene: pasará de 5.716 a 7.405 millones, un 29,5% más. En esta cantidad se incluye tanto el dinero que gestiona el Ministerio de Educación como el que gestiona el Ministerio de Trabajo. De este último departamento, en concreto, dependen 6.482 millones, aunque parte de él se transfiere a las comunidades autónomas, que tienen un papel muy relevante en las políticas activas de empleo.

Este salto en el gasto es posible, principalmente, por los fondos europeos con los que el Ejecutivo ha contado a la hora de elaborar sus presupuestos: por ahí entrarán 1.145 millones de euros. La intención de Trabajo es que parte de ese dinero se dedique a modernizar y digitalizar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el proyecto presupuestario, a este fin se destinarán 298 millones.

Uno de los aspectos de las políticas de empleo que tendrán un aumento considerable el año que viene es la orientación profesional. A este capítulo, muy demandado por organismos internacionales y expertos del mercado laboral, se van a destinar 526 millones, un incremento del 64,6%.

Por su parte, las bonificaciones para impulsar la contratación tienen reservados 1.655 millones. Esta política siempre recibe bastante críticas cuando no se focaliza en colectivos concretos, puesto que en este caso pierde su efectividad. En este caso, los grupos a los que se destinan son, entre otros, parados de larga duración, víctimas de violencia de género, maternidad o trabajadores autónomos.

En lo referente a las políticas pasivas de empleo —las prestaciones y las ayudas a los parados— el desembolso será de 25.011 millones. Sobre el papel, esta cantidad supone un incremento muy notable sobre los 20.800 millones presupuestados para este año. No obstante, esa cantidad, como indica el propio proyecto de cuentas públicas es la base y no tenía en cuenta el desembolso ingente que han supuesto los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Si se incluyera esa cantidad, algo que se verá en la ejecución final del ejercicio 2020, la comparación cambiaría mucho.

Tampoco están, en teoría, las ayudas destinadas estos ajustes laborales en estos presupuestos o, al menos, las que vayan más allá del 31 de enero, fecha en que concluye la última prórroga pactada con los agentes sociales. Solo se contabiliza el presupuesto destinado a ese mes 341 millones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como ha sucedido este año, pueden modificarse las partidas presupuestarias para dar cabida a ese gasto si finalmente se decidiera continuar con esta política paliativa de los efectos económicos de la pandemia.

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