_
_
_
_

Trabajo quiere que una parte de los fondos de políticas activas de empleo para las comunidades dependan de objetivos

Díaz anuncia que el Ejecutivo invertirá 3.500 millones de euros para esta reforma

Manuel V. Gómez
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este viernes en Madrid.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este viernes en Madrid.Europa Press

El Ministerio de Trabajo ya tiene avanzada y negociada su propuesta para reformar las políticas activas de empleo como exige Bruselas y contempla el plan de recuperación. Su plan pasa, entre otras cosas, por que buena parte del dinero que las comunidades reciben para desarrollar estas políticas esté sujeto al cumplimiento de una serie de indicadores. Otro elemento significativo son los recursos que pretende inyectar el Ejecutivo: 3.500 millones de euros, de los que 2.100 millones probablemente se repartirán el próximo 28 de abril en la conferencia sectorial de empleo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, según han explicado la ministra Yolanda Díaz y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este viernes.

Más información
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el 13 de abril de 2021, en el Palacio de la Moncloa.
La reforma laboral prometida a Bruselas dejará solo tres tipos de contratos

El porcentaje que Trabajo pretende que dependa del cumplimiento de objetivos asciende al 45%. De momento, de los 2.100 millones que se van a poner ya sobre la mesa, 1.300 millones se regirían con esta fórmula. Ni la ministra ni el secretario de Estado han querido precisar cómo serían los objetivos ni los indicadores argumentando que están negociándolo, en paralelo, con las autonomías y los agentes sociales. Con ambas partes llevan meses tratando esta reforma, que es uno de los cambios prometidos a Bruselas para la llegada de los fondos europeos para la recuperación. La intención sería, según ha explicado Pérez Rey, construir también “un mapa de indicadores con hitos a los seis, 12 y 18 meses”. Esto, según han explicado ambos políticos, pasa por la reforma de la Ley de Empleo del año 2015.

“El mecanismo es en la línea de un bonus positivo o uno negativo” en función de los resultados, ha apuntado Díaz. La intención del Ejecutivo es que la Airef se encargue de la evaluación. Este organismo ya hizo un examen en profundidad de estas políticas en España en 2019, cuando lo presidía José Luis Escrivá, y concluyó que hacía falta un “cambio radical”.

Los 2.100 millones de euros que Trabajo tiene intención de pactar con las comunidades el próximo 28 de abril contienen 800 millones adicionales sobre lo previsto en principio, unos 1.300 millones. A esa primera cantidad hay que sumar casi 260 millones para el fomento del empleo agrario y otros 1.100 millones contemplados en los fondos europeos para la recuperación. Dentro de esta partida hay que incluir 175 millones para la modernización y la digitalización del SEPE.

En la presentación de estos planes, Díaz ha admitido que España es un país que siempre ha tenido un problema con las políticas para la inserción de parados y la formación y recualificación de quienes tienen trabajo. “Nuestro país no tiene buenos ejemplos”, ha asumido de forma general, aunque también ha señalado que hay comunidades con mejores prácticas.

Díaz ha apuntado que sus planes pasan por estabilizar la plantilla de orientadores laborales que hay en España. Ahora muchos de ellos están contratados dentro de programas anuales. En estos se incluyen los 3.000 que el primer Gobierno de Sánchez, tras la moción de censura, contrató. Se trataría ahora de estabilizarles porque, como ha señalado la propia ministra, “no tiene sentido” que quienes se dedican a buscar empleo para otros estén en situación de precariedad.

Otro de los puntos en los que han puesto énfasis los responsables del Ministerio de Trabajo es la lucha contra el desempleo juvenil, otro de los elementos que reclama Bruselas y en los que España destaca negativamente dentro de la UE. A este fin, la intención es destinar 600 millones de los que se repartirán en la conferencia sectorial. Aunque no serían estos los únicos fondos para este capítulo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_