“Al reformar la temporalidad, nos vamos a enfrentar con un problema y una inercia cultural”

Joaquín Pérez Rey (Madrid, 48 años) aprende rápido. Cuando este profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha llegó a ser secretario de Estado de Empleo, casi no tenía experiencia en negociaciones y diálogo social. Eso sí, siempre ha estado muy cerca de Comisiones Obreras. Poco más. En cambio, en estos 14 meses —un periodo en el que la gravedad con la que contrajo la covid-19 le llevó al hospital hace un año—, ha recibido un máster avanzado en mesas de negociación liderando el equipo del Ministerio de Trabajo y ha cerrado siete pactos sociales. Frente a él, sindicalistas y empresarios que entre todos suman décadas de experiencia en el tira y afloja del conflicto laboral. También a su lado hay quien tiene trayectorias largas en mesas. Sus contrapartes le reconocen una combinación de tesón y optimismo incluso en los peores momentos, además de conocimiento técnico y legal. Él, ya con la grabadora apagada, habla solo de “paciencia”.

Elude a comentar si el movimiento de Pablo Iglesias señalando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como posible candidata a la Presidencia del Gobierno puede añadir problemas a su gestión política por los recelos que levante en el PSOE. Se escapa diciendo que “es algo que deben decidir las organizaciones políticas”. Prefiere subrayar que con la designación de su jefa como vicepresidenta tercera “el trabajo gana un peso político que nunca tuvo”.

La cita es el jueves en su despacho, a la mañana siguiente de retomar las conversaciones con los agentes sociales para desmontar la reforma laboral. Apenas hace dos horas que la todavía vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha distanciado en una entrevista radiofónica de la postura que Trabajo mantuvo en esa reunión del día anterior. Calviño, siempre reacia a la derogación de la reforma laboral del PP, habla de “mirar al futuro, no al pasado”. Cuando se le pregunta por eso, Pérez Rey admite que apenas conoce esas declaraciones, aunque bromea con retranca internacionalista: “Nosotros solo miramos al futuro, del pasado hay que hacer añicos”. Entre risas hace una petición: “Esto no lo pongas”.

Cuando entra a responder seriamente, vuelve a demostrar que aprende rápido. No ha estado hasta ahora en primera línea política, pero huye del choque frontal con Economía con habilidad. Recurre, sin estridencias, al manual de Unidas Podemos para estos casos: “Las prioridades están determinadas por los acuerdos de coalición que señalaban qué era urgente abordar”. Y esas coinciden con sus planes. “Además”, continúa, “por pragmatismo es conveniente abordar [antes] la negociación colectiva y la subcontratación. Todos conocemos dónde están las posiciones de patronal, sindicatos y del Gobierno”. “No podemos plantear una recuperación vía 2012, basada en la devaluación salarial o la subcontratación, que es depredadora de derechos del trabajo. Saldremos de aquí estimulando una política de rentas. Todos los instrumentos, también los de la negociación colectiva, deben estar enfocados a ese fin”, argumenta, situándose cerca de las posiciones sindicales.

Evita concretar mucho qué quiere decir con lo de “abordar la negociación colectiva”. Se refiere a dar prioridad en la aplicación al convenio sectorial frente al de empresa; recuperar la prórroga indefinida de los convenios, la llamada legalmente ultraactividad; o establecer que la referencia laboral de las subcontratas sea el convenio de la empresa que contrata o el del sector, no uno propio con peores condiciones laborales.

¿Y la temporalidad que Calviño sitúa en primer lugar? “Es una prioridad absoluta, pero creo que necesitará más negociación. Con la contratación temporal, vamos a abordar una reforma técnica, pero nos vamos a enfrentar a un problema cultural. Intentaremos romper con la inercia cultural construida desde mitad de los 70. Es de enorme envergadura e impostergable, no vamos a tardar mucho [en empezar a abordarla]. Pero necesita una reflexión más sosegada, porque vamos al corazón de las tinieblas del mercado de trabajo en España”.

Junto a este punto, Pérez Rey sitúa a la reforma estructural de los ERTE —la regulación de la pandemia es coyuntural— para facilitar los ajustes sin destrucción de empleo “en crisis [empresariales o sectoriales] que no son irreversibles”. La intención es partir de la experiencia de la crisis sanitaria para que “el SEPE, las empresas y los trabajadores se coordinen”. “La idea es el ERTE como un mecanismo protector desde el punto de vista del empleo con las exoneraciones a la Seguridad Social”.

Admite que la idea es cara y él mismo aclara que todavía está verde: “El fondo de financiación de los ERTE está en construcción. Mentiría si dijera que tenemos una propuesta claramente delineada”. Aunque lanza alguna idea: “El remanente de las prestaciones por desempleo”.

¿Y todo esto en qué plazos? “El diálogo social no puede tener plazo porque no funciona adecuadamente”, excusa. Su paciencia con esto ha quedado demostrada en el pacto de la ley de los repartidores: cinco meses para pactar una página. Aunque para llegar a las 17 reformas que el Gobierno ha planteado a Bruselas, de las que cuatro ya se han hecho, tendrá que acelerar mucho el ritmo.

Y mientras la reforma laboral atrae los focos, Pérez Rey también negocia con agentes sociales y comunidades autónomas la reforma de las políticas activas. “Va en paralelo y una cosa no detiene la otra”, advierte a CEOE, que pretende que este último cambio se anteponga a la reforma laboral pensada por Trabajo.

La reestructuración de las políticas activas es la eterna demanda de la UE y no hay un solo responsable de Trabajo en años que no haya dicho que está entre sus prioridades. Explica que ya han dado un paso importante. “Los recursos han aumentado un 35% en los presupuestos. Eso debería empezar a ser suficiente”, expone hablando de dinero. A continuación pasa al contenido: “Hay que reorganizarlas para saber si funcionan, evaluarlas, e incorporar una dinámica que se base en tres elementos: atención individualizada, atención a lo largo de la vida y orientación personalizada. Para eso hay que reforzar el sistema de orientación y necesitamos que los servicios públicos de empleo puedan empezar a ofrecer atención individualizada”. Este discurso se parece al de antecesores suyos, lo asume. Pero defiende que ahora será distinto porque “se va a renovación de la estrategia de activación por el empleo y el Gobierno ha informado a Europa de que va a modificar la ley de empleo y la de Formación”.