Los tractores cambiaron la ley

Con los tractores ocupando las carreteras, el Gobierno acaba de aprobar de urgencia la respuesta a una de las principales demandas del sector: unos precios justos de compra, que no sean inferiores a lo que cuesta producir, y una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

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El campo tiene un precio

La nueva disposición, que se ampliará con una futura ley que incorpore las exigencias de la directiva comunitaria que debe ser aprobada en abril de 2021, contempla la obligación para la industria y la distribución de que los contratos de compra contemplen los precios de coste del producto. Se insiste en la prohibición de la venta a pérdidas sin los cuatro supuestos actuales, entendiendo que esta no será la diferencia entre el precio de compra que se aplica en la actualidad, sino desde el nuevo precio de coste. También aumentan las sanciones para lo que antes era una infracción leve, como la no existencia de contrato. Y, además, se podrá dar publicidad a las multas cuando sean firmes, algo ahora prohibido a la Administración. La nueva normativa no modifica su ámbito de competencias y deja excluidas a las cooperativas.

La principal dificultad será determinar el precio de coste en un sector agrario tan dispar con tantas diferencias, variedades, categorías, tipos de explotaciones y condiciones de mercado. Un agricultor asfixiado por una gran cosecha puede firmar un coste inferior al real con tal de darle salida sin perderla. Hay que tener en cuenta, además, la capacidad de presión de la industria y de la distribución organizada, donde seis grupos suponen más del 51% de las ventas.

Esta disposición es una sorpresa positiva para el sector, pero negativa para todos los partidos, no solo para el actual. Es un cambio que llega de urgencia, con el campo en la calle, cuando lleva en las pancartas más de una década, no solo desde la ley de 2013. La impresión es que la guerra del campo —y su respaldo social— ha sobrepasado al Gobierno. Una duda razonable es cómo se va a controlar todo ese proceso con una Agencia de Información y Control de la Cadena ya desbordada: su reforzamiento es obligado para que sea efectiva.

Sobre el papel, el Gobierno da respuesta a una petición histórica para mejorar los precios de venta y la rentabilidad del sector. Pero quedan respuestas sobre la rentabilidad de las explotaciones en la cadena de los costes de producción, que han pasado de suponer hace unos años un tercio del valor de la producción final agraria a casi la mitad, unos 23.000 millones de euros.

Queda pendiente corregir los desajustes en los pagos de los 5.000 millones de ayudas de la PAC, donde se mantienen los derechos históricos, donde un olivar de elevada producción puede cobrar 700 euros por hectárea y uno de baja producción de secano solo 80: ahí está el fracaso de la convergencia de ayudas entre territorios y sectores. O que casi la mitad de los 700.000 perceptores de la PAC no tengan la actividad agraria como principal ingreso. Siguen sin resolver desde hace décadas los planes de integración asociativa para operar en los mercados, las políticas de asesoramiento, ahora transferencia del conocimiento a pie de explotación, y la olvidada modificación de las tarifas eléctricas de riego.

Quedan más movilizaciones. Aunque muchos abandonen. Y ya serán menos.