Una asignatura pendiente llamada Estadística

Uno de los temas pendientes que existen en la política económica nacional, desde hace muchos años además, es la elaboración de una Ley de Estadística. Su existencia supondría, además de vigorizar una actividad fundamental, un impulso del Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo autónomo que cuelga del Ministerio de Economía. Por una cosa u otra se ha ido retrasando. Y en los últimos tiempos, el largo periodo en funciones en que entró el Gobierno de Pedro Sánchez impidió cualquier movimiento.

Así que ahora, con un Gobierno ya constituido y una ministra que ha ascendido a vicepresidenta, no hay excusas. De hecho, Nadia Calviño fichó a Juan Manuel Rodríguez Póo en octubre de 2018 precisamente con el sello de esa renovación urgente. Experto en estadística y catedrático de Econometría de la Universidad de Cantabria, Rodríguez Póo dirigió el Instituto Cántabro de Estadística (2004-2011), donde alcanzó el prestigio que llevó a que encajara en el perfil que buscaba la entonces ministra y los deseos de los profesionales del sector que le habían pedido por carta a Calviño que nombrase a un experto reconocido de presidente, cuyo papel radica en coordinar a los técnicos de la forma más fiable, alejada de cualquier intento de control político, además de quejarse de “la proliferación de observatorios y gabinetes de estudio estadísticos, que solo producen una dispersión del personal estadístico cualificado y cuyos trabajos puede asumir el INE con menos coste”.

Por eso ahora el equipo directivo del INE tiene la oportunidad de plantear sin dilación el contenido de esa ley y, sobre todo, los cambios que para el instituto. Se trata de potenciar la eficiencia de un organismo que realiza cerca de 50 estadísticas coyunturales al año, entre las que destacan algunas tan importantes como la Contabilidad Nacional, la Encuesta de Población Activa (EPA) y el índice de Precios al Consumo (IPC), además de otras como el censo de población, el agrario o el control de los procesos electorales.

La reforma, que tendrá que consensuarse más pronto que tarde, pasará seguramente por la colaboración del INE con otros organismos de la Administración que manejan datos, como la Agencia Tributaria, el Catastro, la Seguridad Social, las oficinas de empleo, los registros mercantiles y civiles…, con los que existe solapamiento y que permitiría ahorros presupuestarios al cruzarlos.

Un ejemplo es el censo, que se hace cada 10 años. El de 2001 requirió una encuesta puerta por puerta con 50.000 encuestadores y costó 150 millones de euros. En 2011 se emplearon 5.000 encuestadores y el coste se redujo a 84 millones y para el de 2021, la intención es emplear datos de los padrones municipales y otras fuentes, que tendrán el complemento de encuestas, pero evitarán el problema de ilocalización, y un coste previsto de seis millones. Parecido pasa con el censo agrario, que también se lleva a cabo cada diez años. En este caso, se emplearán los datos de las subvenciones europeas. Y el coste pasará de 30 a 12 millones.

Ahora, con una ministra que ha ascendido a vicepresidenta, no hay excusas para el retraso

La reforma de INE pasa por colaborar con otros organismos que manejan datos

Por otro lado, se contemplan acuerdos con empresas del sector servicios para colaborar en la elaboración del IPC, casos de los grandes almacenes o las cadenas de supermercados y textiles.

Además, el instituto tiene en mente modificar o eliminar la elaboración de varias estadísticas que tienen duplicidades como la Encuesta Continua de Hogares, el Boletín Estadístico de Matrimonios, el Uso del Agua en el Sector Agrario, la Estadística de Juzgados de Paz, la de Bibliotecas, la de Procedimiento Concursal, la de Ejecuciones Hipotecarias, la de Litigios en Arrendamientos Urbanos y la del Taxi. En algunos casos las realizarían otros organismos que ya las hacen y en otros se eliminarían por ser irrelevantes. Entre una cosa y otra podrían ahorrase unos 100 millones de euros en los próximos ejercicios, según los cálculos.

Los cambios persiguen alinearse con las tendencias de los institutos europeos y las iniciativas para aumentar y aprovechar el uso de las nuevas tecnologías. Pero Rodríguez Póo tendrá que convencer de la bondad de las actuaciones a los sindicatos, con los que ya tuvo que calmar las aguas que venían revueltas de la etapa anterior, en las que el INE estuvo presidido por Gregorio Izquierdo y tuvo una reducción de la plantilla de 4.500 a 4.000 trabajadores.

El sector de la energía reconoce a Claudio Aranzadi

Claudio Aranzadi Martínez, expresidente del INI y exministro de Industria y Energía entre otros altoscargos con la Administración socialista de Felipe González, recibió el lunes el premio Energía y Sociedad del Club Español de la Energía en su XXX edición. Se da la circunstancia de que Aranzadi, del que se reconoció su contribución al sector entonces y en los siguientes años como experto y asesor, fue el encargado de entregar el premio de la primera edición cuando ocupaba la cartera sectorial. Y a él le tocó recibirlo de la actual responsable, la vicepresidenta Teresa Ribera, en la foto junto a él y Miguel Antoñanzas.