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Trabajo busca un cambio legal para acabar con los falsos autónomos

La ministra Yolanda Díaz anuncia reformas en la contratación a tiempo parcial

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparece en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en La Moncloa. En vídeo, su intervención en la Comisión de Trabajo en el Congreso.Vídeo: EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS) / EUROPA PRESS
Manuel V. Gómez

El Ministerio de Trabajo ya ha señalado cuál va a ser su siguiente paso: cambiar el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con los falsos autónomos. Ese artículo es el que define quiénes son asalariados y, por tanto, se trataría de definir con más claridad las fronteras entre unos y otros para acabar con ese fraude. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su comparecencia en el Congreso para exponer las líneas maestras de su departamento, que se concretarían en 10 ejes de actuación entre los que está el refuerzo de la protección por desempleo o de la Inspección de Trabajo, también la reorientación de las políticas activas de empleo o la lucha contra la desigualdad. De estos planes queda fuera una de las medidas laborales que defiende la ministra de Economía, Nadia Calviño: la mochila austriaca o el fondo de capitalización para el despido.

Los falsos autónomos se han convertido en un fraude laboral creciente. Son trabajadores que, en teoría, deberían ser asalariados y tener un contrato laboral, porque apenas tienen autonomía para organizar su tarea, la ejecución de estas es controlada estrechamente y los medios de producción y otros elementos son propiedad de esa compañía. En cambio, se ven forzados a darse de alta como autónomos en la Seguridad Social. La Administración anterior, la de Magdalena Valerio, ya intensificó la lucha contra este fenómeno. En el plan director de la Inspección que puso en marcha se detectaron 30.000 autónomos que realmente debían cotizar en el régimen general e, incluso, creó un nuevo tipo de infracción. 

Ahora, la nueva ministra da un paso más. Va a hacer una reforma del artículo del Estatuto de los Trabajadores para delimitar mejor esas zonas fronterizas —hay casos de sentencias judiciales contradictorias, por ejemplo, en el caso de los repartidores de las plataformas digitales—. Ante los diputados de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha dejado claro en qué dirección: "Un joven en bicicleta con un móvil no es trabajador autónomo". Es decir, los riders de Deliveroo o Glovo después de la reforma serán asalariados.

El anuncio de Díaz deja claro que el Gobierno opta por el camino que ha seguido California, la meca de las start-upy las grandes tecnológicas, donde se han dado pasos legales para dejar claro que los conductores de Uber o Lyft son asalariados. Descarta así profundizar en la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), como reclaman las empresas del sector, que piden una regulación específica para ellos y que se cree la figura del TRADE digital.

Díaz no puso fecha, solo especificó que su intención es adoptar pronto la medida, antes de que llegue la primera parte de los cambios en la reforma laboral que ha anunciado y que está negociando con sindicatos y empresarios. Esta fase inicial con cambios en subcontratación, negociación colectiva o vigencia de convenios después de caducar tendría que ver la luz en los próximos meses.

La reforma para combatir el fraude de los falsos autónomos estaría integrada en uno de los 10 ejes de actuación que desgranó este viernes la ministra en el Congreso. El primero que ha señalado es el "trabajo de calidad y con derechos". En su discurso inicial, de más de hora y media de duración, ha recordado las altas cifras de empleo temporal y a tiempo parcial no deseado. Este concepto ha ganado protagonismo frente a la "creación de empleo" de anteriores titulares del departamento.

Díaz también ha avanzado que su intención es "reforzar" los efectivos de la Inspección de Trabajo con mención expresa al big data. En este punto, ha puesto el foco "en el abuso de la contratación temporal concatenada; en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios". Otros puntos a los que ha señalado la ministra han sido el aumento de los salarios —recordando la subida del salario mínimo—, intensificar la colaboración entre las comunidades y su departamento para mejorar las políticas activas de empleo o el impulso de la igualdad eliminando "los obstáculos que la impiden a todos los niveles, particularmente en el trabajo".

Otro punto en el que la ministra ha puesto el foco es el de establecer "dentro de este año un sistema unificado del subsidio de desempleo". En la actualidad hay varios subsidios asistenciales a los que el parado puede acceder si no tiene derecho a cobrar la prestación. No obstante, hay lagunas que hacen que algunos parados se queden fuera del sistema. El objetivo es ampliar la cobertura. También ha defendido "aumentar el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM)", que es la referencia que se utiliza para calcular la cuantía de las ayudas.

En el turno de respuesta, Díaz ha dejado claro que ella no comparte el entusiasmo de su compañera de Gabinete, Nadia Calviño, por la llamada mochila austriaca como modelo de despido. "En los tiempos pasados, hubo un grupo de expertos que concluían que no se podía aplicar la mochila austriaca en nuestro país", ha apuntado en respuesta al portavoz de Junts per Catalunya, Gines Boadella. Se refería a un informe de 2011 que elaboró un grupo de seis expertos (dos por parte del Gobierno socialista de entonces, dos por parte sindical y dos por el lado patronal), como respuesta a un mandato de la reforma laboral del año anterior, que concluyó que habría que subir las cotizaciones sociales, lo que no era recomendable en un escenario de crisis grave como el que se vivía.

"La mochila austriaca solo se aplica en un país, Austria", ha continuado, dejando entrever que si no se adoptaba en más sitios es por no ser eficaz. "Les invito a que miren lo que decían entonces las patronales", ha zanjado.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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