Demonizar los impuestos

Probablemente uno de los principales logros de las políticas conservadoras ha sido demonizar los impuestos. Se ha sacralizado la idea de que los impuestos van contra la actividad económica y dificultan la creación de empleo. La estrategia ha sido muy útil para los negocios privados. Cuanto menos recursos fiscales, menos capacidad para financiar los servicios públicos y más campo libre para las actividades privadas.

En el momento de mayor euforia del neoliberalismo y la desregulación, hasta el líder socialista de este país llegó a decir que “bajar impuestos era de izquierdas”. El cambio de pensamiento llegó con los Gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan a partir de los años ochenta cuando redujeron significativamente la progresividad de los impuestos. Desde entonces han proliferado los paraísos fiscales donde las multinacionales americanas trasladan entre el 25% y el 30% de sus beneficios, como señala el experto Nicholas Shaxson. El resultado es bien conocido: un crecimiento disparatado de la desigualdad y deterioro de los servicios en los países desarrollados.

No es de extrañar que el economista francés Thomas Piketty, el más destacado estudioso de la desigualdad, se haya convertido en el blanco de todas las críticas de la derecha. En el debate que se desarrolla en las elecciones presidenciales en EE UU, Piketty apoya las propuestas de los senadores demócratas Sanders y Warren, que defienden restaurar la progresividad de los impuestos sobre la renta y sucesiones para reforzar la inversión en educación y la sanidad.

El proyecto económico y social del Gobierno progresista fracasará si no es capaz de lograr los recursos necesarios para financiar sus políticas sociales. Es necesario recuperar el significado económico y social de los impuestos. Los impuestos no son para el Estado, un ente abstracto y perverso, que se apropia del esfuerzo de empresas y trabajadores. Los impuestos son para pensiones, sanidad, educación y servicios sociales y demás servicios públicos. Esto que suena a obviedad fiscal no forma parte del pensamiento dominante. La pedagogía será tan necesaria como las medidas adoptadas.

España se encuentra en una coyuntura difícil en materia fiscal. Por una parte, debe afrontar agujeros extraordinarios ya existentes, como los 18.000 millones anuales en pensiones, que no pueden seguir cubriéndose de manera irresponsable con más deuda a cuenta de la próxima generación.

Por otra parte, en el actual entorno internacional los Estados son cada vez más impotentes ante las grandes multinacionales que aprovechan los territorios de menor fiscalidad para no pagar impuestos. Las dificultades para establecer la tasa Google o un impuesto a las transacciones financieras son bien notables.

En esta coyuntura es necesario convertir en realidad el objetivo de la justicia fiscal que preconiza el Gobierno: la lucha contra el fraude fiscal. Una realidad que en un 80% es responsabilidad de las grandes empresas, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Oxfam recuerda que las empresas del Ibex tienen más de 800 filiales en paraísos fiscales que suponen una pérdida fiscal de 3.250 millones de euros. Los impuestos son también cuestión de ideas.