El imperio del dueño de la empresa química que nació en una joyería de Badajoz

Cristian Lay (CL), el grupo propietario de Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) situada en La Canonja (Tarragona), que este martes explotó ocasionando tres fallecidos y siete heridos, guarda silencio y se remite a un comunicado en el que lamenta lo ocurrido en la fábrica. Con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz), el holding al que pertenece la planta química es un emporio que el empresario Ricardo Leal arrancó con una joyería en 1981. “Siempre con la visión de llevar sus productos hacia otras regiones de España y, luego, al mundo”, según la presentación corporativa, Cristian Lay fue creciendo y diversificando su oferta a negocios de belleza, domótica, agencia de viajes, plásticos, envases y embalajes e industria química hasta convertirse en un conglomerado de firmas con 1.800 empleados que factura 400 millones de euros y está presente en 22 países. Se define como un grupo de "personas transparentes" que valoran "la claridad de acción y pensamiento, solo así se puede construir la confianza mutua". Produce una tercera parte de la bisutería que se exporta en España.

Industrias Químicas de Óxido de Etileno, que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, es una de las joyas de la corporación, con una facturación de 148 millones de euros y un beneficio de 18,2 millones en sus últimos estados de cuentas (2018). La sociedad se constituyó en marzo de 2014 después de que Ricardo Leal presentase una oferta a precio de derribo por esa planta propiedad de La Seda de Barcelona puesta a la venta por el juzgado número 1 de la capital catalana encargado de su concurso de acreedores. La fábrica de óxido de etileno, un compuesto que se añade a todo tipo de productos, en especial textiles y detergentes, fue adquirida por CL junto con otra planta en El Prat de Llobregat para la fabricación de resinas PET para textiles y envases. Ambas sumaban un patrimonio negativo de 931 millones de euros y fueron compradas por 16,6 millones.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la fábrica cumplía con todo tipo de normas y protocolos de seguridad. Su consejero delegado, José Luis Morlanes, aseguraba este miércoles en rueda de prensa que la compañía siguió los protocolos: "Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien". Concretamente estaba sometida a la reglamentación OHSAS 18000:2007, que al menos en 2018 había superado “con resultado favorable” tras realizar gastos que rozaban el medio millón de euros y que incluían una mejora de la red contra incendios, equipos de seguridad de proceso, protecciones en máquinas, equipos de comunicación y material de seguridad. La empresa forma parte de un consorcio formado por los principales fabricantes europeos de óxido de etileno y glicoles. Y como asociada a la patronal química de Tarragona AEQT, participó en un proceso de mejora de seguridad que audita a las empresas subcontratadas. En relación a la normativa sobre accidentes graves, hace un año llevaron a cabo un dictamen de seguridad evaluado por una entidad de inspección “con resultado favorable”. La empresa asegura que hasta la fecha del siniestro todos los protocolos de seguridad estaban al día. Pero visto el desastre y tras el fallecimiento de tres personas, todo parece haber fallado: Protección Civil de la Generalitat acusa ahora a IQOXE de "no facilitar la información y no seguir los protocolos" tras el incidente.

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Juan Antonio Labat, director de Feique, la patronal química española, no recuerda nada parecido en su carrera profesional. “A falta de conocer el resultado de la investigación, no puedes excluir que se produzca un accidente, que algo fallara en el proceso. Sabemos que hay errores humanos. Pero nadie pensó que podría salir una placa del reactor que terminase a dos kilómetros de distancia. No recuerdo que se haya dado un caso similar en toda Europa”. Se refiere a la placa metálica de 1,22 metros de ancho, 1,65 de largo y tres centímetros de espesor que golpeó el edificio del barrio de Torreforta tras la explosión, provocando la muerte de un vecino de la localidad. El tercer piso del edificio donde vivía se hizo añicos y los cascotes aplastaron a la víctima. “Seguramente esto generará algún tipo de norma en el futuro”, pronostica. Labat recuerda que IQOXE estaba en el programa Responsible Care impulsado por la patronal donde las empresas del sector comparten buenas prácticas en materia de seguridad. “En la industria nos protegemos muchísimo frente a posibles accidentes, la incidencia es ocho veces menor que la media industrial”, recuerda Labat.

Desde la patronal química de Tarragona, su presidente Rubén Folgado aseguraba este miércoles que intercambiarán información con la Generalitat y las partes implicadas "para evitar que algo así no vuelva a suceder" y revisarán "cualquier aspecto a mejorar en la gestión de las emergencias y los protocolos existentes".

Siniestralidad en el sector

El sector petroquímico en Cataluña está integrado por 792 empresas, en las que trabajan unas 35.000 personas, de las que unas 135 estaban empleadas en la planta accidentada, según la Generalitat. En España el sector está formado por 3.300 empresas con una cifra de negocio de 65.647 millones de euros, que generan, según Feique, el 13,4% del producto industrial bruto y 670.000 empleos entre directos (196.000), indirectos e inducidos. El índice de incidencia de accidentes fue en 2018 tres veces inferior a la experimentada por el sector Servicios, con un siniestro por cada 230.000 horas trabajadas. El 74% de los siniestros se produjeron en las fábricas, la mayoría durante la producción o transformación de materiales. Solo un 10% se originaron en el transporte y un 7% durante el almacenamiento. El 17% de los accidentes ocurren tras una actividad física del operario y el 12% en operaciones con máquinas.

Tarragona es, junto a Huelva, la principal provincia productora de químicos en el país. Según la CUP, el accidente ocurrido en Canonja "no es un caso aislado", como pretende hacer ver el sector, y hay una severa "la falta de garantías" de las empresas de complejos petroquímicos "hacia los trabajadores y hacia la población de los municipios cercanos". El sindicato se personará como acusación contra la empresa por incumplir el protocolo eludiendo dar información a Protección Civil en los tiempos estipulados.