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El juez del ‘caso Púnica’ levanta la imputación a Javier Monzón, expresidente de Indra

El magistrado considera que no hay ni indicios para acusarlo “como autor, cómplice o encubridor” del desvío de fondos públicos al PP de Madrid a través de la tecnológica

Javier Monzon Caso Punica
El expresidente de Indra Javier Monzón (i) llega a la Audiencia Nacional, este viernes.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado este lunes un auto por el que levanta la imputación a Javier Monzón, expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. En el escrito, el magistrado concluye que no ha quedado acreditada la existencia ni de pruebas ni de indicios que señalen al empresario como “autor, cómplice o encubridor” del supuesto desvío de fondos públicos a través de la adjudicación de contratos a la tecnológica para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Esperanza Aguirre.

El magistrado extrae esta conclusión tanto de la documentación incorporada a la causa como de los testimonios aportados por otros investigados y por testigos. El sobreseimiento, al que se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, es provisional y puede ser recurrido en reforma y apelación por las partes.

El juez considera que tanto de la declaración que el propio Monzón hizo como imputado el pasado 4 de octubre —ya había declarado como testigo en 2015— como de las de otros directivos de Indra imputados en la causa no se desprenden hechos que incriminen al expresidente: “No solo no existe indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del presidente de la compañía en el momento de los hechos, sino que además ninguno de los investigados ha hecho referencia alguna a la interlocución de Francisco Javier Monzón, o interferencia, o interés, hasta el punto de que en los interrogatorios no ha habido referencia alguna o ha negado haber hablado con él cualquier asunto relativo a los hechos investigados”.

El juez añade que a ello se une que "ninguno de los directivos investigados reconoce deber de supervisión o dación de cuenta al presidente de la compañía" en los contratos bajo sospecha. En este sentido, destaca el testimonio del exvicepresidente de la multinacional Regino Moranchel, quien aseguró que el máximo responsable de la empresa, "como integrante del comité ejecutivo, desarrollaba sus funciones en el orden estratégico, esto es, internacionalización y nuevas ofertas" y, por tanto, no estaba al tanto de adjudicaciones concretas. García-Castellón también destaca que durante los años en los que Monzón estuvo al frente de la compañía, Indra se dotó de “los mecanismos de supervisión, vigilancia y control” necesarios para evitar irregularidades en su actuación. Si estos no funcionaron en el caso de los hechos investigados, añade García-Castellón, la responsabilidad penal sería de la propia empresa y no de su presidente.

La imputación de Monzón se produjo el pasado septiembre a petición de la Fiscalía, que consideraba que determinados directivos de Indra, entre ellos su presidente, no podían ser ajenos a la participación de la compañía en el plan urdido por dirigentes del PP madrileño durante las presidencias de Aguirre e Ignacio González para desviar hacia el partido fondos de la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

Anticorrupción considera que la multinacional española, uno de los principales adjudicatarios de contratos de ICM, se convirtió en “la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de otras deudas del partido o de sus dirigentes”.

Acusado de los delitos de falsificación de documentos, malversación, prevaricación, fraude, cohecho y organización criminal, Monzón declaró como imputado el pasado 4 de octubre ante el juez García-Castellón durante dos horas. El empresario insistió en que nunca había tenido conocimiento de los pagos investigados en la causa ni había visto nunca las facturas que ahora figuran en el sumario. Monzón también negó que su empresa entregara dinero a través de la empresa pública de la Comunidad de Madrid ICM para cubrir deudas electorales del PP de Madrid.

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