El oasis chileno era un espejismo

Chile ha sido presentado como un modelo económico de referencia en América Latina desde hace décadas por la ortodoxia económica y los organismos internacionales. Así lo afirmó su presidente, Sebastián Piñera, cuando, el pasado 9 de octubre, dijo ante la prensa internacional que “nuestro país es un verdadero oasis […] dentro de una América Latina convulsionada”. Pocos días después empezaba una protesta, por la subida de 30 pesos (3 céntimos de euros) en el billete del metro, que rápidamente se generalizaba a todos los sectores de la sociedad y se extendía de norte a sur del país, dando lugar a la mayor crisis social del país desde la dictadura. Entonces el presidente afirmó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Es evidente que esta subida en el precio no explica el estallido social, tampoco la pobreza, que se ha ido reduciendo notablemente, pero quizá tampoco la desigualdad de renta, que pese a ser muy elevada se sitúa en niveles menores que los existentes en la región. Una reflexión más sosegada nos lleva a plantearnos la importancia que ha tenido la concentración de la riqueza y los abusos en la prestación de los servicios de utilidad pública por empresas privadas, que han sido posibles en el actual marco constitucional chileno.

El oasis al que Piñera se refirió días antes del estallido era solo una realidad de una élite empresarial, crecida a la luz de ciertos privilegios económicos establecidos en la Constitución. Sí, por la Constitución. Una Constitución de 1980, redactada para asegurar el principio de subsidiaridad para el Estado, sentando las bases del individualismo y la libertad individual por encima de la solidaridad.

Algunas de las características más relevantes del modelo económico se refieren a la educación, la salud y las pensiones; es decir, a los pilares del bienestar. El sistema educativo dual ha minado la vía de ascenso social a través de la cualificación de las clases menos pudientes y ha condenado al endeudamiento a las clases medias. También, el modelo liberal está fuertemente arraigado en materia de salud, la cual está esencialmente gestionada por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), basadas en la lógica de lucro privado, dejando el sistema de salud público (FONASA) para un porcentaje aún reducido de la población chilena.

El otro pilar de frustraciones son las pensiones, esencialmente privadas desde 1980, cuando se introdujo el sistema privado de capitalización, gestionado a través de las Administraciones de Fondos de Pensión (AFP), aunque se reservó el sistema público de reparto para el Ejército. Las AFP han visto crecer sus beneficios a lo largo de los años, mientas que los ingresos recibidos por las personas en el momento de la jubilación caen estrepitosamente, obligándolas en muchas ocasiones a seguir realizando un trabajo remunerado. Cierto es que a lo largo de los años de democracia se han introducido ciertas reformas con un componente solidario, pero sin que ello suponga haber realizado una transformación estructural del modelo heredado de la dictadura.

Así que, el pueblo chileno encontró la excusa para canalizar la elevada frustración acumulada durante 30 años de expectativas fracasadas de convertir el crecimiento económico en bienestar social. Así se resumía en numerosas pancartas en diversas protestas con el lema ‘No son 30 pesos, son 30 años’.

Las chilenas y chilenos se manifestaron contra ese modelo esencialmente, por eso las protestas no cesaron ni con el anuncio de una serie de medidas sociales (incremento del salario mínimo, rebajas en las tarifas eléctricas, reducción de los gastos de los parlamentarios, etc.) realizadas por el presidente, ni con el cambio de parte de su gabinete, incluido el ministro del Interior al que se le relaciona con la respuesta represiva contra los manifestantes. La gente en la calle pedía una Asamblea Constituyente que permitiera la redacción de una nueva Constitución.

El debate está en torno a cuáles serán los mecanismos para elegir a los constituyentes, y si ha de haber o no cuotas de género e indígena

Ante la secuencia de las protestas que no cesaban, el poder político respondió con el denominado ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’, que aborda la realización de un plebiscito en la primera mitad del año 2020 en relación a dos asuntos: si se desea cambiar el texto constitucional y cuál es el mecanismo para hacerlo, bien a través de una convención constituyente donde todos los miembros sean expresamente elegidos para la redacción del nuevo texto jurídico, o por medio de una convención mixta, donde la mitad de los miembros serían elegidos directamente por la soberanía popular y el otro 50% serían parlamentarios.

Hoy en día todo parece mostrar que habrá un amplio resultado a favor de la redacción de una nueva Constitución. Tan solo representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y del ultraderechista Partido Republicano, liderado por J.A. Kast, se han manifestado abiertamente en contra. El resto de fuerzas políticas se están mostrado a favor del mecanismo de la convención constituyente. En la actualidad, el debate está en torno a cuáles serán los mecanismos para elegir a los constituyentes, y si ha de haber o no cuotas de género e indígena.

Solucionados estos asuntos, la senda de cambio en la que ha entrado Chile continuará, debiendo asumir un reto aún mayor: definir los principios en los que se apoyará la más que posible nueva Constitución que el país está demandando. Pero esto ya es el futuro.

* Ángeles Sánchez es profesora de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM)